Ricardo Cueva Fernández
Universidad Pompeu Fabra
ricardo.cueva@upf.es

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Resultará extraño al lector que estas páginas versen sobre una obra hoy casi perdida, inédita en castellano y aparentemente con escaso relieve intelectual. Y más aún si se le cuenta que tuvo grandísima influencia en la acción política de los colonos norteamericanos que culminaría con la independencia de Gran Bretaña en 1776. Y en un grado mayor todavía si se le advierte que en las Cartas se encuentra un legado ideológico que perdura hasta hoy en el mundo anglosajón y, sobre todo, en Estados Unidos. Pero a todas estas conclusiones parecen conducirnos una lectura atenta de la obra y las reflexiones que la historiografía de las ideas más destacada ha realizado desde mediados del pasado siglo. Algún eco de tales exposiciones quizás haya llegado al lector a través de la polémica entre republicanismo y liberalismo o de las citas de reputados autores como Pocock (1975) y su reputado Momento Maquiavélico. Las líneas que vienen a continuación, pues, pretenden servir de escueta introducción que ayude a desentrañar la importancia histórica de aquella obra, y sobre todo, a presentar la traducción de dos de sus más destacables Cartas, las números 59 y 60, que versan sobre los límites del poder político.

Para empezar conviene aclarar que la Historia de las Ideas puede contemplarse como la de la aportación de ciertas escuelas o grandes autores que han gozado del reconocimiento de sus coetáneos, de la reimpresión continua de sus escritos a lo largo del tiempo, o de su aceptación como referencia valiosa hoy en día en la discusión intelectual por su exposición de temas universales y candentes. Pero también cabe otra postura, justificable cuando uno quiere indagar en los hechos históricos. Y es que resulta probable que ciertos acontecimientos que vuelquen la vida social provengan de conductas inspiradas por ideas no tan estructuradas como en los Tratados o magnas obras de grandes pensadores, sino de forma directa y asequible, contenidas en panfletos, periódicos, opúsculos o incluso sermones y discursos de carácter intensamente divulgativo. Probablemente esto explicaría por qué no queda nada escrito de carácter apologético sobre la democracia ateniense, la cual conocemos más bien a través de sus detractores contemporáneos, hombres de la Academia en una sociedad con escasa formación. Y al mismo tiempo nos daría la pista para entender porqué a partir de la aparición de la imprenta y, sobre todo, de la posterior alfabetización que encontró especial acogida en la puritana Inglaterra del siglo XVII, se multiplican los volantes, panfletos y publicaciones que pueden ofrecernos otra perspectiva sobre el protagonismo de una parte de la población que hasta entonces había permanecido en el anonimato histórico, sin voz y sin recursos para expresar sus opiniones. Desde ese momento ya comprendemos porqué Le Moniteur o LAmi du peuple tuvieron importancia capital en las discusiones políticas de los revolucionarios franceses y que quizás fueron claves para conducir a la muchedumbre a la Bastilla o las Tullerías.

Muy parecida es la conclusión que extrajeron diversos historiadores después de la Segunda Guerra Mundial al analizar el origen de la emancipación norteamericana de 1776. En el aire de la revuelta era necesario que existieran determinadas ideas básicas, alimentadas a través de publicaciones accesibles con facilidad y mediante un lenguaje llano y comprensible. Y esto a su vez conllevaba analizar con más detalle quiénes eran realmente los autores más citados en las discusiones coloniales. El resultado arrojado por los investigadores no dio lugar a dudas: puede que Locke gozara de autoridad entre los pobladores del Nuevo Mundo, pero existía un grupo de autores, hasta ese momento, más bien obviados y cuya influencia había sido considerable, encabezados por varios hombres de la república de Cromwell (Algernon Sidney, por ejemplo) y seguidos inmediatamente por diversos polemistas de la época augústea británica que habían criticado a los gobiernos del momento basándose en ciertas premisas ideológicas (como los propios Trenchard y Gordon). Los argumentos de unos y otros, que guardaban concomitancias entre sí, resultarían más tarde acogidos por los colonos norteamericanos y utilizados contra la metrópoli. Quien comenzó esta línea de aproximación con más claridad en un libro completo fue Caroline Robbins, con su The Eighteenth-Century Commonwealthman (1959)[1], seguida de Bernard Bailyn, conThe Ideological Origins of the American Revolution (1967), y pronto también por Gordon S. Wood con su The Creation of the American Republic, 1776-1787 (1969) y el ya citado J.G.A. Pocock. Detengámonos, pues, en los hechos históricos y la atmósfera de la época con el fin de interpretar específicamente el contexto de las Cartas de Catón.

Aun siendo un episodio más desconocido, no cabe duda de la importancia que tuvieron para Inglaterra las Guerras Civiles iniciadas en 1642 y que finalizarían en 1653, sólo tras enfrentamientos que implicaron también a Escocia o Irlanda. Carlos I fue enjuiciado y decapitado en 1649 por quienes fundarían así de inmediato la Commonwealth republicana, vigente hasta 1660. De aquella contienda que enfrentó al monarca con el Parlamento, y después a los partidarios del nuevo régimen con los conspiradores monárquicos, surgieron una serie de ideas que pervivirían en la órbita atlántica y alcanzarían a influir en revoluciones posteriores como la francesa, merced al triunfo de la Independencia norteamericana en 1776. Entre ellas estaba la de la limitación del poder, que condujo a socavar la prerrogativa del monarca. Así, los parlamentarios le retiraron el mando de la milicia en 1642 y negaron el predominio de la Iglesia anglicana encabezada por los Estuardo, al acoger claramente el puritanismo como seña de identidad. De esta forma rechazaban la disciplina eclesiástica, que entonces también permitía imponer penas a quienes no asistieran a ciertas ceremonias o ritos religiosos, o no contribuyeran a sostener el culto oficial, y abrían nuevas posibilidades de organización en la materia, más flexibles y menos dependientes del episcopado. Alrededor de todo este combate existía además una noción de derechos y libertades de los ingleses, birthrights, que ninguna jurisdicción o poder instituido podía vulnerar. En medio de tal lucha se desenvolvieron discusiones sobre las formas de gobierno, la soberanía, el papel de las Cámaras o del Rey como cúspide del sistema político. Pero es que además, en 1647, esos debates alcanzaron un grado de radicalización muy notable, de manera que entre los combatientes y apologistas del bando parlamentario pronto empezó a defenderse la supresión de la Cámara de los Lores, la definitiva abolición de la monarquía, la extensión del sufragio para elegir a los Comunes o la libertad de conciencia fuera de los márgenes del presbiterianismo. En un principio tales reivindicaciones quedaron arrinconadas por la mayoría parlamentaria, pero la amenaza exterior, la renuencia de Carlos I a facilitar negociaciones y el imparable proceso transformador que había experimentado la sociedad con la guerra hizo que, una a una, aquellas medidas fueran ejecutadas hasta sus últimas consecuencias.

Es cierto que la Commonwealth, lastrada por conflictos internos graves, tuvo una vida efímera. Pero también que la Restauración monárquica bajo Carlos II, acaecida en 1660, ni siquiera pudo ser total, como demuestra el Habeas Corpus Act de 1679, arrancado por los parlamentarios a la Corona. De hecho pronto subirá al trono una nueva dinastía más proclive a plegarse a los deseos del Parlamento, representada en las figuras de María y Guillermo de Orange en 1688, invocada con el triunfo de la llamada “Revolución Gloriosa” y que en realidad había sido un puñetazo sobre la mesa de los notables del reino contra Jacobo II Estuardo y su tendencia catolizante. A partir de ese momento, y con documentos como el Bill of Rights, laMutiny Act y la Toleration Act (1689), la Triennial Act (1694) o el Act of Settlement (1701), Inglaterra se encaminará hacia lo que luego será denominado como monarquía parlamentaria. Las Cámaras se hallaban controladas por una elite que se había configurado durante las guerras civiles y que deseaba estabilidad social y política, así como el máximo aprovechamiento de un vasto imperio colonial. Esto nada tenía que ver con la extensión del sufragio que los niveladores habían defendido en Putney en 1648. En consecuencia, la lectura política que viene a continuación sólo puede ser efectuada considerando tales premisas.

El acuerdo citado de 1688, pese a una cierta participación en él de los tories partidarios del derecho divino de los reyes, partía básicamente de la noción contractual de los whigs, quienes habían situado el poder legítimo allí donde existiera un pacto entre el pueblo, representado por los parlamentarios, y el monarca de la dinastía que correspondiera. En tal sistema, tanto éste como aquéllos desempeñaban un papel constitucional de primera magnitud, pero pronto se pudo percibir que el equilibrio resultaba inestable, y ello debido a la aparición de un nuevo fenómeno político de perfiles inquietantes para numerosos whigs. Tal preocupación partía de la falta de control del Parlamento sobre el ejecutivo, a causa de que éste utilizaba determinados mecanismos corruptores que derivaban en la aparición de pensionados, adquirentes de cargos y especuladores, con el fin de conseguir los medios financieros para la expansión militar y comercial del país. Pronto se articula la existencia de un grupo de ministros encabezados por un premier, tendencia reforzada de manera rotunda durante el reinado de Jorge I, quien había ascendido al trono en 1716. Esta “innovación” parecía contradecir el mantenimiento de la “constitución mixta” británica, sostenido, y pese al breve paréntesis republicano antedicho, sobre la existencia de lores, comunes y monarca, que representaban tres órdenes distintos y que se moderaban unos a otros. Con el nuevo régimen aparecía un gabinete muy poderoso y muchos eran quienes utilizaban el argumento de una supuesta caída del sistema constitucional para respaldar su rechazo a las políticas gubernamentales. Esta oposición era un tanto heterogénea y abarcaba desde tories más o menos díscolos, como Bolingbroke, hasta whigs radicales como quienes ocupan estas páginas.

Casi todas las Cato´s Letters aparecieron en el London Journal, siendo publicadas semanalmente, desde finales de 1720 hasta el verano de 1723[2]. Su crítica arrancó de un hecho coyuntural, en concreto, de una crisis financiera causada en parte por una frenética actitud especulativa en torno a la Compañía de los Mares del Sur (South Sea Company). El gobierno inglés se había endeudado, favoreciendo una supuesta solvencia de esta empresa monopolística mediante la popularidad de unos activos que finalmente no respondieron a las expectativas de rédito y que, es más, condujeron a muchos inversores más modestos a la ruina. Sus efectos se dejaron sentir en todo el país, merced a un efecto dominó que golpearía a otras compañías. Aunque toda esta operación parecía haberse originado con el fin de reforzar a Inglaterra en el escenario internacional, algunos críticos, como Trenchard y Gordon, pensaron que esta política especulativa amenazaba la libertad del país, habiendo originado la ruina económica de muchos.

Las Cartas parten de la clásica noción de origen aristotélico según la cual los gobernantes deben someterse a leyes con el fin de que sus pasiones no perjudiquen al bien común. La razón es imparcial en sí misma y da origen a “la norma más relevante en cada país, al menos en cada nación libre, por la cual la propiedad privada queda reconocida y el bien público, que es el fin más importante de todas las leyes, resulta asegurado” (Carta 3). La ley defiende así la propiedad, si bien este concepto ha de entenderse en sentido amplio, como era usual en la época, es decir, con una serie de libertades adheridas. Y muy especialmente la libertad de conciencia: “toda creencia religiosa de un hombre es algo de su posesión”, puesto que “la religión no puede nunca acogerse sin convicción”, ya que consiste en “una relación entre Dios y nuestras almas solamente” (Carta 60). De esta forma se defendía el apuntalamiento de un monarca protestante en Gran Bretaña, hecho derivado de la Revolución Gloriosa y que las Cartas aceptaban con claridad:

[…] en los países tiránicos, es común ser esclavos ciegos de las voluntades también ciegas del príncipe, y matar o ser muerto por él a su placer: pero en los países protestantes, el espíritu público es otra cosa; es combatir la fuerza y el engaño; es reconciliar los auténticos intereses de los gobernantes y los gobernados; es desenmascarar a los impostores y resistir a los opresores; es mantener al pueblo en libertad, suficiencia, tranquilidad y seguridad (Carta 35).

El clero, aunque fuera el nacional, debía quedar sometido a una Corona baluarte del protestantismo e impedido así de acoger veleidades “papistas”. El problema es que, aunque esto deba resultar así, los gobernantes, buscando su propio interés, a menudo intentan despojar al súbdito de sus derechos, aseveración que Trenchard y Gordon relacionan con el escándalo financiero ocurrido (Carta 91). En aquellos supuestos, y cuando los resortes previstos políticamente para combatir tales fenómenos fracasan, cabrá la posibilidad de reaccionar reivindicando la participación ciudadana: “naciste para la libertad, y es tu interés y deber preservarla […] pero depende únicamente de ti el hacer que estos derechos sean realmente tuyos, que puedas disfrutar de tales nobles privilegios” (Carta 70). Este llamamiento se refiere de manera muy directa a la corrupción extendida, no ya sólo entre los representantes parlamentarios, sino también en los propios candidatos que recurren a la compra de votos, siendo tales “malnacidos que os abordan para votar, con el espíritu, propósito y maneras de un fullero; y que os tratan como ganado que se pudiera comprar por una cantidad mayor o menor, según lo que crean puede ser vuestro precio. ¿Caballeros, podéis soportar este insulto contra vuestra honestidad, razón y libertades?” (Carta 70).

Por ello resulta imperioso acudir a medios que amparen buenas conductas y contribuyan a frenar la corrupción. Y que no estribarán para Trenchard y Gordon en una ampliación del derecho de sufragio. Lo que harán será intentar ser lo más consecuentes posibles con su tradición whig, es decir, con el buen funcionamiento del sistema de la vieja constitución mixta y su distribución del poder en distintas instancias. Si alaban al pueblo no es por motivo de considerarle soberano, sino porque entienden que en la Constitución inglesa el segmento democrático (que opera aquí junto con el aristocrático y el sujeto monárquico) ha perdido gran parte del poder que originalmente le corresponde por causa de la corrupción del sistema de gabinete. Así que hay que recuperar la vieja composición, devolviendo al Parlamento, especialmente a los Comunes, el papel que tenían antes. Ahora bien, el gran obstáculo de esa porción popular es la de ser representada de forma que sus comisionados defiendan los intereses del pueblo y sostengan así el bien común (Carta 61). Así que “cada súbdito tiene derecho a vigilar los avances de quienes podrían traicionar a su país”, siendo tal “el principio de los whigs, la doctrina de la libertad” (Carta 13). En consecuencia, es necesaria la rotación de parlamentarios, con elecciones periódicas repetidas (“cambiándolos tan frecuentemente, que no haya tiempo para corromperles”, Carta 60). El consentimiento, de acuerdo con la tradición whig, es la base de cualquier actuación gubernamental: “el gobierno de uno para su propio beneficio es tiranía; y también el de unos pocos es solamente para su propio bien: pero el gobierno ejercido para el beneficio de todos, y con el consentimiento de todos, es libertad” (Carta 24).

Sin embargo, Trenchard y Gordon no lograron encontrar qué mecanismo solucionaría una crisis cualquiera suscitada entre los diferentes poderes de la constitución mixta, de forma que uno de ellos rebasara sus límites (“la pregunta es, ¿quién será el juez que decidirá si el magistrado ha resuelto de manera justa y/o persiguiendo lo que se le ha confiado?”, Carta 59). Ofrecerán sólo y como último remedio el “principio de que el pueblo juzgue por sí mismo, y resista la fuerza ilegítima”. Tal era en punto de apoyo en el que había descansado la “última y feliz Revolución” (Carta 59), es decir, la Gloriosa de 1688.

Bibliografía

BAILYN, B. (1967), The Ideological Origins of the American Revolution, Harvard University Press, Cambridge.

Pocock, J.G.A. (1975), The Machiavellian Moment. Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition, Princeton University Press, Princeton.

ROBBINS, C. (1947), “Algernon Sidney’s Discourses Concerning Government: Textbook of Revolution”, William and Mary Quarterly, Vol. 4, Núm. 3, pp. 267-296.

ROBBINS, C. (1959), The Eighteenth-Century Commonwealthman: Studies in the Transmission, Development, and Circumstance of English Liberal Thought from the Restoration of Charles II until the War with the Thirteen Colonies, Harvard University Press, Cambridge.

TRENCHARD J. y GORDON, T. (1995), Cato´s Letters: or, Essays on Liberty, Civil and Religious, And other Important Subjects, Hamowy, R. (ed.), Liberty Fund, Indianapolis.

WOOD, G.S. (1969), The Creation of the American Republic, 1776-1787, University of North Carolina Press, Chapel Hill.

Donde se demuestra que la Libertad es el derecho inalienable de toda la Humanidad

Carta nº 60: sábado, 6 de enero de 1721

Intento atraer la atención de mis lectores con disertaciones sobre la libertad en algunas de mis siguientes cartas y como primer paso hacia tal objeto me esforzaré en probar que aquélla es el inalienable derecho de toda la Humanidad.

Todos los gobiernos, cualquiera que sea la forma bajo la que se hallan administrados, deberían serlo en provecho de la sociedad; pues cuando resultan regidos por otro fin dejan de ser tales y se convierten en pura usurpación. Resultando ser esta la meta de todo gobierno, aun el más despótico la tiene por límite a su autoridad. Al respecto, la única diferencia entre los príncipes más absolutos y los magistrados más limitados es la de que en los gobiernos libres hay controles y restricciones señalados y expresados en la propia constitución, mientras que en los gobiernos despóticos el pueblo se somete solamente al cuidado y juicio del príncipe. Pero aun en estos últimos existe la condición tácita y ligada a su poder de que debe actuar según las leyes no escritas de la adecuación y la prudencia y emplearlo sólo para el bienestar del pueblo que se lo concedió, si bien al permitírsele disfrutarlo siempre no es seguro que aquello suceda.

En los gobiernos más libres a menudo se le confía a un hombre en solitario el poder discrecional, pero debe responder por tal atribución ante quienes confían en él. Generales de ejércitos o almirantes de flotas tienen con frecuencia delegaciones sin cortapisas, pero, ¿acaso no resultan responsables por la prudente ejecución de tales cometidos? El veneciano Consejo de los Cien goza de poder absoluto sobre la libertad y vida de todo hombre bajo el Estado, pero si hiciera uso de tal poder para diezmar, abolir o esclavizar al Senado y, como los Decenviros romanos, para sustituirle, ¿acaso no sería legítimo que este último, que le ha concedido aquella autoridad para otros fines, enviara a la muerte a aquellos diez traidores sin freno de la manera que le fuera posible? A la Corona de Inglaterra le ha sido confiada en su mayor parte la disposición única de los fondos destinados a la Lista Civil, frecuentemente junto con el empleo de grandes sumas recaudadas para otros usos públicos. Pero pese a ello, si el Lord Tesorero (y aun bajo la propia dirección particular de la Corona) hubiera distribuido este dinero para el deshonor del Rey y la ruina del pueblo, ¿acaso no diría cualquiera que habría de compensar por su delito con la pérdida de su condición y hasta de su cabeza?

He expuesto antes, y de manera extensa, que ningún gobierno puede ser absoluto en el sentido, o más bien, sinsentido, al que se refieren nuestros actuales doctrinarios y que ha sido tan común. Ninguna bárbara conquista, ni el consentimiento forzado de un pueblo infeliz y sometido al peso de evitar la espada, ningún acto de crueldad repetido y hereditario, aunque sea denominado sucesión, ni tampoco la continuación de la violencia, aunque sea llamada prescripción, pueden alterar y mucho menos derogar estos principios fundamentales del gobierno o convertir los medios de preservación común en herramientas de destrucción y hacer la condición humana infinitamente más miserable que la de las bestias. Y todo ello aunque sea por la única consideración de que la razón nos distingue del animal.

La fuerza no otorga otro título que la venganza y la entrada así en un círculo vicioso, y no ha podido estar en la intención de hombre alguno conceder poder a otro sobre él mismo, salvo a los efectos de ser ejercido en su propio interés. Si existen hombres lo suficientemente locos o estúpidos como para pretender que fuera de otra forma, deberían ser tratados como traidores o lunáticos, puesto que el motivo de su conducta se debe a sus arrebatos y estupidez.

Todos los hombres nacen libres. La libertad es un regalo que reciben del propio Dios. No puede ser entregada mediante consentimiento, aunque sí sea posible perderla por causa de delito. Ningún hombre tiene poder sobre su propia vida o para creer; y no puede, en consecuencia, transferir el poder de hacer cualquiera de esas cosas a otro. Y aún mucho menos despojar de sus vidas y libertades, religión o propiedad a sus descendientes, que nacerán igual de libres que él y que nunca podrán quedar sujetos a tan injusto y absurdo acuerdo.

El derecho del magistrado nace sólo del derecho de los particulares a defenderse por sí mismos, repeler los ataques y castigar a quienes los emprenden. Este derecho es transmitido por la sociedad a su representante público y éste sólo puede ejercerlo para el beneficio y seguridad que ella exige. Cuando sobrepasa su cometido, sus actos resultan ser extrajudiciales en la misma medida que los de cualquier particular sin autoridad legítima, así que resultan nulos. Todo hombre resulta responsable por el mal que haga. Un poder para hacer el bien nunca puede ser una garantía para hacer el mal.

Pero aquí emerge una importante pregunta que ha sorprendido y preocupado a la mayor parte de la Humanidad, aunque creo que la respuesta es fácil y obvia. La pregunta es, ¿quién será el juez que decidirá si el magistrado ha resuelto de manera justa y o persiguiendo lo que se le ha confiado? A esto se le responde adecuadamente que si quienes se quejan de él pudieran juzgarle, entonces estarían por encima del magistrado principal, cuya autoridad se supone, sin embargo, y en sí misma, la más elevada, lo cual resulta contrario a la hipótesis de partida. Pues la misma pregunta y dificultad recaerían de nuevo sobre el así encumbrado. Tal cosa admito que es absurda, al menos tanto como sostener que la persona acusada sea el juez de sus propias acciones, puesto que sin duda juzgaría y determinaría en su propio provecho, y en consecuencia toda la raza humana sería abandonada sin auxilio alguno bajo la injusticia, la opresión y la miseria más gravosas que pudieran afligir a la naturaleza humana.

Pero si ni los magistrados ni quienes se quejan de ellos y resultan agraviados por su actuación tienen derecho a decidir definitivamente, el uno respecto al otro, y si no existiera poder alguno al que pudieran hallarse sujetos, entonces cada hombre interesado en el éxito de la solución debe actuar conforme a la luz y los dictados de su propia conciencia y hacerlo de la manera más perfecta que pueda y en consonancia con ella. Donde no existe juez o ninguno pueda ser nombrado, cada hombre debe ser el suyo propio. Lo cual implica, al no haber árbitro alguno sobre la tierra, que debemos recurrir al cielo y obedecer su deseo, declarando nosotros mismos qué es lo que consideramos justo.

Si el senado y el pueblo romanos hubieran permanecido irreconciliables no hubiese existido juez en el mundo para ellos, y por tanto, ningún remedio sino el mencionado. Respecto a ese gobierno consistente en la unión de nobles y pueblo, cuando contendieron, ningún hombre podía resolver el conflicto entre ellos; y por ello mismo, cualquiera debió haber estado en libertad de proveer para su propia seguridad y el bien general en el mejor modo del que fuera capaz. Con aquel supuesto, en el que cesó el juez común, cada uno fue el suyo propio: al quedar el gobierno inútil para actuar, pereció políticamente: la constitución fue disuelta, y no existiendo gobierno que así pudiera denominarse, el pueblo fue devuelto al estado de naturaleza.

Lo mismo resulta cierto cuando dos príncipes absolutos que gobiernan un país comienzan a pelearse, tal y como ocurrió algunas veces entre dos Césares asociados, especialmente hacia el final del Imperio de Roma. O donde un consejo soberano gobierna el país y sus votos valen lo mismo. En tales circunstancias, todo hombre debe tomar el partido que piensa resulta más adecuado al bien común o elegir algunas medidas apropiadas para su propia seguridad; porque si debo fidelidad al acuerdo de dos príncipes o a la mayoría de un consejo, cuando la unión de tales señores no aguanta en pie ni aflora mayoría alguna en este consejo, no puede existir sometimiento a ninguno de ellos y las leyes de la naturaleza y de la propia preservación deben ocupar su lugar donde no existe otra cosa.

La situación es la misma cuando hay disputa acerca de los títulos de los príncipes absolutos que gobiernan al margen de los estados de un país y no convocan a ninguno de ellos. Aquí también todo hombre debe juzgar por sí mismo qué partido tomará, a cuál de los títulos se adherirá, e idéntico criterio particular debe guiarle como quiera que una pregunta emerja sobre si el mencionado príncipe es un idiota o un lunático y, por tanto, si es capaz o no de gobernar. Donde no existen aquellos estados no puede haber otro medio de juzgar sino el del criterio de los particulares sobre la capacidad de los príncipes y acerca de cuál debe ser su destino. Pienso que la locura e idiocia son específicos impedimentos para el gobierno y tan fuertes como la sordera, la ceguera y mudez, o aun la muerte. Quien no puede desempeñar un oficio ni designar un delegado no es apto para ello.

Ahora sé de buena tinta porqué los particulares no utilizan tan adecuadamente su criterio en una asunto que tanto les afecta; me refiero al del gobierno tiránico, del que padecen tan tempranamente tristes efectos y pruebas de sufrimiento. Y es que no poseen idénticos recursos para estar convencidos de la incapacidad natural de su gobernante. Las personas de los grandes príncipes no son conocidas salvo por unos pocos súbditos y sus peculiaridades por bastantes menos. Muchos príncipes han reinado bien después de muertos por obra de sus esposas, ministros o sus propios asesinos. Realmente pienso que es asunto y el derecho del pueblo tanto juzgar si su príncipe es bueno o malo, si resulta ser un padre o un enemigo, como decidir si debe morir o vivir; a menos que se afirme (entre otras sabias aseveraciones) que resulta posible valorar si puede gobernar pero no si lo hace. Conviene poner la administración en manos más sabias si fuera un loco inofensivo, pero resultaría impío obrar así si fuera un tirano destructivo; pues la falta de expresión es un impedimento, pero la ausencia de humanidad, ninguno.

Que los gobernados no fueran jueces de sus gobernantes, o mejor dicho, que no se evaluaran por sí mismos en los asuntos de gobierno, siendo algo que de todas las cosas humanas es la que más les podía afectar, era un absurdo que nunca tuvo cabida en la imaginación de los hombres antiguos sabios y más honestos, quienes resultando conducidos por la razón eterna, que es la única y mejor orientación para los asuntos humanos, guiaron a la emancipación y felicidad humanas, frutos legítimos y esforzados de la libertad, a la cumbre más alta que pudieron alcanzar. Pero el mencionado absurdo, junto con muchos otros igual de monstruosos y dañinos, quedó sepulto sólo para ser recuperado por unos pocos monjes cristianos y mahometanos, amargados e ignorantes, quienes, desconocedores de todo, fueron hechos ellos mismos los directores de todo; y hechizando al mundo con santas mentiras y delirios sin fin, disfrazados con palabras bárbaras y expresiones groseras, dirigieron toda su fuerza embaucadora contra el sentido común y la libertad común y la verdad, y fundaron un imperio pernicioso, absurdo y visionario sobre sus ruinas. Sistemas sin sentido, proposiciones falsas, religión sin razón, una iglesia sin frenos ni caridad, severidad sin justicia y gobierno sin libertad ni piedad, fueron todos ellos los benditos frutos de estos religiosos locos y teólogos pedantes, que pretendiendo conocer el otro mundo, le estafaron y confundieron. Su enemistad por el sentido común y su deseo de extenderla fueron justificaciones para gobernar la percepción de toda la Humanidad. Habiendo mentido, fueron sin embargo considerados campeones de la verdad, y por causa de sus locuras, impiedades y crueldad, percibidos como favoritos y confidentes del Dios de la sabiduría, la piedad y la paz.

Fueron hombres que habiendo demolido todo sentido y criterio humanos, primero conformaron el principio de que el pueblo no era juez de su propio gobernante o de su administración y que tampoco podía entrometerse en tales asuntos, ni protegerse de los destructores del bien público que se autodenominaban falsamente gobernantes. Es más, resulta que dichos hombres, que se ubicaban sosteniendo y defendiendo el gobierno sin la honestidad común de distinguir el bien del mal, y protegiendo el asesinato y la depredación, fueron precisamente ellos mismos los acosadores constantes y reconocidos de todo gobierno que no podían dirigir y controlar; y el que no reverenciase sus normas, sin importar cuán excelente resultara, era honrado con su odio expreso, mientras que los conocidos tiranos y carniceros que se entendían con ellos eran deificados. Este fue el pobre estado de la Cristiandad antes de la Reforma, y ojalá pudiera decir que de ninguna parte de ella desde entonces.

Esta bárbara anarquía en el razonamiento y la política ha hecho necesario probar proposiciones que la ley natural ya había demostrado antes, como aquella que los apóstoles se vieron obligados a demostrar a los gentiles desorientados, la de que no existían dioses que pudieran fabricarse con las manos. ¿Tengo, pues, que probar que el pueblo tiene el derecho a juzgar si sus gobernantes lo son en su favor o no? ¿A evaluar si poseen las cualidades necesarias y naturales para ello? ¿Si tiene realmente gobernantes o no? ¿Y si, cuando no tiene ninguno, acaso todo hombre no goza de la libre disposición de sí mismo? Por lo tanto, retomo ejemplos e ilustraciones de hechos que no pueden ser rechazados, aunque sí por quienes carecen de modestia y discernimiento y soslayan tanto proposiciones como acaecimientos.

Se nos ha contado que en Polonia, y de acuerdo con la constitución de aquel país, en las Dietas es necesario el consentimiento de todos los presentes para hacer efectiva una resolución. Y por lo tanto, al objeto de evitar el sacrificio de la garganta popular, no tienen otro remedio que el de segar las suyas, es decir, de tirar de sable y forzar a los miembros renuentes de la minoría a que se sometan. Y entre nosotros en Inglaterra, cuando un jurado no llega a un acuerdo, no puede existir veredicto, de modo que debe ayunar hasta que lo consiga, o hasta que uno de sus miembros fallezca, quedando el jurado disuelto sólo entonces.

Todo esto, dada la naturaleza de las cosas considerada en sí misma, debe configurar el presupuesto constante de todas las disputas entre dominio político y propiedad. Donde chocan los intereses de los gobernantes y de los gobernados no puede existir juez entre ellos; apelar a una potencia extranjera equivale a perder la soberanía; someterse a la otra parte es abandonar el litigio. Y por lo tanto, si unos y otros no solventan amigablemente su disputa, el cielo decidirá. En tal caso, la apelación se hallará propiamente en los primeros principios del gobierno. Siendo la premisa el estado de naturaleza y la unión de varias familias conformando por sí mismas una máquina política para la protección y defensa mutuas, es evidente que esta relación instituida no puede permanecer a menos que la máquina sobreviva y pueda actuar; cuando no lo hace, los individuos deben volver a su estado original. Ninguna constitución puede proveer contra lo que ocurra cuando ella misma se haya disuelto. El gobierno es sólo una designación de una o más personas, con el fin de realizar ciertas acciones para el bien y beneficio de la sociedad; y si las así interesadas no actuaran o lo hicieran de forma contraria a su delegación, su poder, obviamente, debería retornar a quienes lo otorgaron.

Supóngase, por ejemplo, que el Gran Monarca, tal y como se le llamó, hubiera comprado un reino vecino y todas las tierras contenidas en él a los cortesanos y la mayoría de los delegados del pueblo, junto con las tierras eclesiásticas mediando el consentimiento de su convocatoria o sínodo o cualquier otra denominación que tuviera tal asamblea. ¿Estarían obligados a dar por bueno tal acuerdo el pueblo y el clero, si se les consultara? Desafío a quien conteste afirmativamente; por contra, el pueblo hubiera tenido el apoyo del clero patriota para recordar a sus representantes con claridad que su elección tenía el fin de actuar en interés de quienes les enviaban y no del suyo propio, y que su poder les había sido otorgado para proteger y defender a su país y no para venderlo y esclavizarlo.

Y esta elucubración, de todos modos, pese a lo cruda que parezca, no parte de algo absoluta e universalmente imposible. El Rey Juan vendió el reino de Inglaterra a Su Santidad; y hay gente en todas las naciones dispuesta a vender su país natal, y que por lo tanto no tienen principio alguno que les impida venderlo si se trata de uno que no es el suyo de origen.

Y es una locura decir que toda esta reflexión puede ser perniciosa para la sociedad si consideramos al menos cierta proporción de la ruina devastadora y de las fatales calamidades que acontecen, y así es lógico que ocurra, donde se mantiene la doctrina contraria. Y es que, como ya he advertido en otra Carta anterior, resulta que, subsistiendo todas las corporaciones de personas por su propia esencia o por los beneficios de su comercio e industria y cuando gozan de paz y seguridad, los hombres temen aquellos desórdenes civiles que destruyen todo lo que disfrutan, y así prefieren soportar un millar de perjuicios antes que causar un solo daño y aguantan gravámenes hasta que no pueden soportarlos ya más.

Y ello debido a la violencia de las enseñanzas y la reverencia con las que se ha adoctrinado al pueblo y que han sido siempre utilizadas para satisfacer a los príncipes; a las arengas perpetuas de los aduladores, la pompa ensordecedora y vanidosa del poder y sus dorados estandartes, siempre brillando ante sus ojos; a la monolítica ejecución de las leyes mediante el único poder del príncipe; a los funcionarios, guardianes altivos y ejércitos permanentes, junto con las ciudades fortificadas, la artillería y todos los polvorines a su disposición; a las cuantiosas recompensas y multitudes de adeptos y clientes que sostengan y jaleen todo lo que haga. La obediencia a la autoridad queda tan firmemente asegurada así que resulta difícil de imaginar que un número cualquiera de personas suficientemente formidable como para trastocar un Estado consolidado se pueda agrupar y esperar cambiarlo, hasta que los agravios públicos son tan enormes, la opresión tan grande y la desafección tan universal, que no puede existir asunto más importante, al margen de que las calamidades sean reales o imaginarias, que si el magistrado ha protegido a su pueblo o ha emprendido su destrucción.

Este fue el caso de Ricardo II, Eduardo II y Jacobo II y será el mismo supuesto cuando concurran idénticas circunstancias. Ninguna sociedad de hombres gemirá bajo las opresiones por más tiempo que el que le sea necesario para saber cómo desprenderse de ellas, y ello cualesquiera sean las caprichosas y fantásticas nociones que vanos y bien instalados charlatanes puedan proferir desde Universidades y claustros, y por mucho que se esfuercen para sus repugnantes fines en enseñar a otros doctrinas que es conocido no practican.

Sobre este principio de que el pueblo juzgue por sí mismo y resista la fuerza ilegítima descansa nuestra feliz última Revolución y con ella el título justo y acorde a Derecho de nuestro más excelente soberano, el Rey Jorge, a poseer el cetro de estos reinos; un cetro que no dudo que mantendrá para su propio honor y el del pueblo, junto con la protección y prosperidad de éste.

Todos los gobiernos han sido instituidos por los hombres y sólo para su bienestar

Carta nº 59: sábado, 30 de diciembre de 1721

No hay gobierno sobre la tierra que derive su formación u orígenes de la revelación divina inmediata o que pueda deducir su existencia de tal revelación. Por el contrario, resulta cierto que su periódico nacimiento, institución o modificación puede hallarse en la memoria de los hombres o en sus narraciones y que todo el que hoy conocemos fue establecido por la sabiduría y la energía de simples mortales y con la concurrencia de medios y causas nítidamente humanos. En consecuencia, el gobierno no tiene otro poder más que el que los hombres le atribuyan y en la forma en que se lo haya otorgado el concedente para el beneficio de su interés. Y no puede ser instituido sin otro consentimiento salvo el de todos sus súbditos o de tantos como puedan compeler al resto, puesto que ningún hombre o consejo de hombres puede tener fortaleza específica para gobernar multitudes mediante la coacción o puede reclamar para sí y sus familias superioridad alguna o soberanía natural sobre congéneres que por naturaleza son igual de aptos. Tal fortaleza, por tanto, donde quiera que se encuentre, es de carácter civil y agregado, así como derivada de las leyes y constituciones de la sociedad, de la cual los gobernantes son también miembros.

Así que para conocer la jurisdicción de los gobernantes y sus restricciones, debemos acudir a la institución del gobierno y averiguar aquellos límites al poder que los hombres en el estado de naturaleza tienen sobre sí mismos y con respecto a los demás. Y es que ningún hombre puede arrebatar a muchos que son más fuertes que él lo que ellos no quieran concederle. Quien carece de tal consentimiento debe tener fuerza, que de esta forma residirá en la voluntad del más poderoso. Así que ningún hombre puede entregar a otro lo que no es suyo, o lo que por su propia naturaleza es inseparable de sí mismo, siendo su religión algo particularmente importante en este punto.

Y es que toda fe de un hombre es algo de su propiedad; de forma que la de uno cualquiera, fuera del tipo o naturaleza que fuere, no puede ser la religión de otro hombre a menos que éste así lo considere. Tal premisa excluye, pues, y de forma absoluta, toda fuerza, potestad o gobierno en el asunto. La fe no puede asumirse nunca sin convicción y ésta no puede provenir de la autoridad civil. La religión, que es el temor de Dios, no puede quedar sujeta al poder, que es el temor del hombre. Es una relación sólo entre Dios y nuestras propias almas y consiste en una disposición de la mente a obedecer la voluntad de nuestro Gran Creador, de la manera que pensamos le resulta más aceptable. Es independiente de todas las instrucciones humanas y, por tanto, incontrolable mediante fuerza externa, la cual no puede alcanzar las facultades libres de la mente o informar el entendimiento, así que mucho menos convencerle. La fe, por lo tanto, que no puede nunca sujetarse a la jurisdicción de otro, tampoco puede ser enajenada a él o sometida a su poder.

Ni tiene hombre alguno en el estado de naturaleza potestad sobre su propia vida o para tomar la vida de otro, a menos que sea con el fin de defenderse o, dicho de manera más acertada, de defender su propiedad. Aquel poder que ningún hombre tiene, por lo tanto, tampoco puede transferirlo a otro.

Ni puede hombre alguno, en el estado de naturaleza, disponer de un derecho a violar la propiedad de otro, es decir, lo que el otro ha adquirido mediante su arte o labor; ni tampoco obstaculizar su industria o placeres, en la medida en que no sea perjudicado por ellos. Así que, por lo tanto, ningún hombre pudo transmitir al magistrado ese derecho que él mismo no tenía.

Ningún hombre en sus cabales fue nunca tan salvaje como para dar poder ilimitado a otro de forma que pudiera arrebatarle su vida o sus medios de subsistencia de acuerdo con su capricho, pasión o placer irracional. Por el contrario, si alguno se privaba a sí mismo de parte de sus placeres o de sus adquisiciones, lo hacía con el honesto propósito de disfrutar el resto con mayor seguridad, y siempre al servicio de su propia felicidad, la cual ningún hombre voluntaria o intencionalmente regalará a otro, quien quiera que éste sea.

Y si cualquier otro individuo, por causa de su propia inconsciencia o del fraude o la violencia de otro, pudiera ser atado a tan estúpido convenio, queda relevado de su cumplimiento por las leyes eternas de Dios y por la razón. Ningún trato que resulte inicuo e injusto puede ser cumplido sin injusticia o iniquidad: esto resulta tan cierto que me pregunto si existe alguna constitución en el mundo que no suministre o pretenda aportar un remedio para eximir al ignorante, torturado y descuidado, atrapado en tales acuerdos por arteras maniobras o atemorizado por coacciones. Las leyes locales y positivas de las naciones residen en las leyes de la naturaleza y en la razón natural, y en Inglaterra con más frecuencia, pues, ¿cuál otro es el objetivo y qué otra debería ser la función de nuestros tribunales de equidad? Espero, además, que todos los países y sociedades no estén desprovistos de los privilegios y la protección de la razón y la equidad, seguridades para el individuo.

Así que aquí se encuentran los límites naturales de la autoridad perteneciente al magistrado y que son los de que no debería tomar lo que ningún hombre debería entregar, ni tampoco exigir lo que nadie debería realizar, pues la competencia que se le ha atribuido le permite actuar sólo de forma que quienes se la hayan entregado juzguen sobre su empleo. En el gobierno no existe la relación de amo y esclavo, deseo arbitrario y ciega sumisión, ni tampoco debería existir entre los hombres, sino que por el contrario la única que hay es la del padre y sus hijos, la del patrón y el cliente, la que une protección y alianza, benefactor y agradecido, así como al afecto y la asistencia mutuas.

Y es que la naturaleza del gobierno no modifica el derecho natural de los hombres a la libertad, que es también al que se deben adecuar todas las sociedades políticas. Y ello pese a que algunos gobiernos suministran mejor que otros la seguridad y la distribución imparcial de este derecho. Ha resultado ser tan constante y auténtico el bagaje de corrupción y maldad de la naturaleza humana, que también ha sido raro encontrar a hombre alguno cuyas miras y felicidad no se dirigieran a la gratificación de sus apetitos y aun de sus peores deseos, del lujo, de su orgullo, de su avaricia y del ansia de poder ¿Quién considera que cualquier confianza pública depositada en él no sea reconducida a saciar tan ilegítimos y peligrosos deseos? Todo esto ha sido verdad, sobre todo y principalmente, en relación con los grandes hombres que aspiraban a dominar a otros. Fueron hechos superiores para la protección de lo público, pero por lo tanto, a su costa; aun si hubieran estado satisfechos con ser traidores de forma discreta, todavía la Humanidad se habría sentido también contenta de manera moderada, pero su ambición y traición no admitían mesura y no existía nivel de villanía y miseria que el pobre pueblo no sintiera a menudo.

Los apetitos de los hombres, por lo tanto, y sobre todo los que corresponden a los grandes, deben ser cuidadosamente vigilados y detenidos, puesto que por sí solos nunca descansarán. La experiencia de cualquier época nos convence de que no debemos juzgar a los hombres por lo que deberían hacer, sino por lo que sin duda harán dejados a su albedrío; y la Historia ofrece escasos ejemplos de hombres a quienes les fuera confiado enorme poder sin que abusaran de él cuando les era posible hacerlo sin riesgo alguno. Los siervos de la sociedad, es decir, los magistrados, se aferraron a él, lo vendieron o lo expoliaron casi de forma universal, y especialmente cuando aquélla les cedía a su capricho deberes y honorarios. En tales supuestos estos fieles mandatarios lo saqueaban todo y, siendo siervos, hacían esclavos a sus señores.

A causa de ello, y disuadidas por la triste experiencia eterna, las sociedades vieron necesario poner restricciones a sus magistrados o servidores públicos y emplazar controles sobre aquellos que de otra forma las encadenarían. Y por lo tanto, tales sociedades se propusieron edificar y formular constituciones nacionales con tal sabiduría y arte que el interés público hubiese de ser consultado y obedecido al tiempo cuando aquellos a quienes se hubiera confiado su custodia pretendieran consultar y perseguir sólo el suyo propio.

De esta forma creció la distinción entre gobiernos libres y despóticos. No fue investido de mayor poder este o aquel otro individuo, ni alguno tenía más o menos obligaciones, en justicia, para proteger a sus súbditos y buscar su tranquilidad, prosperidad y seguridad y velar por ellas. Por el contrario, el poder y soberanía de los magistrados en los países libres estaba tan delimitado, así como dividido de tal forma en distintos cauces y atribuido a la dirección de tantos hombres diferentes con diversos intereses y perspectivas, que la mayoría de ellos no encontraba nunca, o al menos no con facilidad, beneficio alguno en traicionar la confianza de las voluntades principales. Su emulación, envidia, miedo o interés, siempre hicieron que se espiasen y vigilaran entre sí. Todos estos medios han servido al pueblo para ser tenido en cuenta por aquellos que valoraban mucho su propia cabeza y en el momento en que intentaban engañarle.

En los gobiernos despóticos las cosas marcharon muy de otra manera, puesto que habían sido instituidos de forma diferente. Y es que si bien fueron denominados gobiernos, las normas del poder público eran dictadas por la pasión particular e ilegítima y en ellos los idiotas y los locos eran validos del trono y la rabia ciega desenvainaba la espada. Residiendo en el príncipe el bienestar completo del Estado junto con su poder civil o militar, el pueblo carecía de remedio alguno para sus males excepto la paciencia o la muerte, al tiempo que aquél le oprimía mediante la resignación y mataba a sus súbditos por millares. Y todo esto sucedía a menos que la ambición o los resentimientos personales de algunos hombres que eran instrumento de su tiranía encendieran la revuelta, que a su vez raramente cambiaba luego la condición del propio pueblo.

Así que el único secreto para conformar un gobierno libre es el de hacer tan similares los intereses de los gobernantes y los gobernados como pueda procurarlo la política humana. La libertad no puede ser preservada de otro modo. Los hombres se han percatado a lo largo del tiempo de su propia debilidad y depravación, de que la mayoría de ellos actuarán por interés y no por deber, y tan frecuentemente como se atrevan a hacerlo de este modo. Así que la solución es comprometerles con su deber de forma que su interés quede ligado a su cumplimiento y que exista asimismo peligro si lo quebrantan. Las ventajas personales y la seguridad deben ser las recompensas de deber y obediencia, y la desgracia, la tortura y la muerte, el castigo a la traición y a la corrupción. Cuando los diputados actúan así bajo su interés lo hacen también en el de sus representados; y cuando no pueden hacer otras leyes sino aquellas a las cuales ellos mismos y sus sucesores están sometidos; y cuando no pueden exigir otro dinero sino el que ellos han de pagar también; y cuando no pueden errar sin que la equivocación caiga también sobre ellos al igual que sobre sus conciudadanos; y cuando sus principales pueden esperar buenas leyes, escasos desaciertos y mucha frugalidad.

La sabiduría humana no ha encontrado otra cosa sino cierto método para conseguir todo esto; a saber, el de mantener las preocupaciones de todos dirigidas también por todos, tanto como sea posible. Y donde las personas interesadas son demasiado numerosas o viven demasiado lejos como para reunirse en todas las emergencias, deben moderar la necesidad con la prudencia y actuar mediante diputados cuyo interés sea idéntico al suyo y cuya propiedad se halle entremezclada con la suya y tan comprometidos con la misma situación que los principales y sus delegados no tengan más remedio que permanecer y caer juntos.

Aquí descansa, por lo tanto, el aspecto central digno de acomodo y cuidado para formar la constitución, a saber, que comisionados fiables no tengan otro interés distinto al de las personas que han confiado en ellos y a quienes representan, o al menos nunca los medios para apartarse de ellas. Al objeto de conseguir esto de manera efectiva no existe otro sistema sino uno de los siguientes, o más bien ambos, a saber: en primer lugar, hacer tan numerosos los diputados que no exista posibilidad de corromper a la mayoría, y, en segundo término, cambiarlos tan frecuentemente que no haya suficiente tiempo para corromperles, de manera que tal maniobra finalice de inmediato en caso de producirse. El pueblo puede estar seguro de que siendo honestos la mayor parte de sus diputados, el resto también se comportará como tales; y que serán todos honrados cuando no exista la tentación de ser rufián.

Tenemos algún esbozo de esta política en la constitución de varias compañías, donde la asamblea general de sus socios conforma el legislativo y su asentimiento sanciona las leyes, y donde la administración de sus asuntos se halla puesta bajo la conducta de un cierto número de personas elegidas por el conjunto. Aquí todo hombre afectado advirtió la necesidad de asegurar su porción de la propiedad, ubicando a quienes otorgara su confianza bajo regulaciones, y ante la posibilidad de que fueran renuentes a cuidar del conjunto. Y si se hubiera previsto que una tercera parte de los administradores cesara cada año, de manera que ninguno permaneciera más de tres, tal y como se prometió en un principio, se habría impedido a todos ellos en gran medida trampear con cortesanos y conseguir grandes propiedades mediante la conspiración a expensas de la compañía. Aunque hubieran sido deseables asimismo otras limitaciones añadidas y que quizás hubieran obviado con efectividad todos estos males.

Y es que la antigua constitución de Inglaterra suponía que nuestros reyes no tenían a su disposición suficientes ingresos ni puestos provechosos como para corromper a una parte considerable de los miembros del Parlamento, ni tampoco fuerza alguna para aterrorizarles. Junto a ello, sucedía que idéntico Parlamento raramente o nunca se reunía dos veces, ya que por ser considerado el servir en él como un puesto de responsabilidad y no de beneficio, resultaba razonable pensar que todos los hombres solventes deberían dejar por turno sus familias e intereses domésticos con el fin de servir al bien público, de forma que sus localidades soportaran sus emolumentos para tal fin. El único agravio fue entonces el de que no eran convocados suficientemente a menudo como para exponer los perjuicios que sufría el pueblo a manos de la Corte durante los intervalos. Y por lo tanto fue aprobada una ley en tiempos de Eduardo III según la cual los Parlamentos debían ser convocados una vez al año.

Pero esta ley, como la última Paz de la reina, no fue cumplida. Y por lo tanto la Corte raramente convocó a aquéllos, salvo cuando quería fondos o tenía propósitos propios, y de hecho algunas veces recaudaba dinero sin reunirlos. Este arbitrario proceder trajo al bien público numerosos perjuicios y una sangrienta guerra civil en el reinado de Carlos I. Durante tal contienda fue aprobada una ley que establecía que los parlamentarios se reunieran por sí mismos si no eran llamados y de forma acorde a Derecho, siendo derogada despreciativamente durante la restauración del monarca Carlos II y de manera que al rey le fueron concedidos unos enormes ingresos vitalicios conservados asimismo para su hermano. Esto implicó que los citados príncipes estuvieran capacitados para mantener ejércitos permanentes, corromper parlamentos o vivir sin ellos, así como para realizar tales actos de poder como asumieran, lo cual forzó todo ello a que el pueblo se alzara en la última y feliz Revolución. Pronto, y tras la aprobación de una nueva ley, el Parlamento pasó a ser convocado cada tres años, pero fue también derogada con el reciente ascenso de Su Majestad al trono. Si bien el Parlamento actual quizás tenga tiempo de rectificar tales abusos bajo los que vivimos y de hacer regulaciones apropiadas para impedirlos en el futuro. Algo que ya se produjo, de forma similar, en cierto instante venturoso del pasado. De hecho, y ojalá lo quiera Dios, se nos ha dicho que el pueblo tendrá la oportunidad de agradecerle en otra elección sus grandes servicios al país. Yo estaré, por mi parte, dispuesto siempre a rendirle honor y mi agradecimiento de la forma más efectiva que se halle en mis manos. Pero mejor pasaré a abundar sobre este tema en los siguientes artículos.

  1. [1]Robbins (1947) ya había apuntado en esta dirección antes con su artículo “Algernon Sidney’s Discourses Concerning Government: Textbook of Revolution”.
  2. [2]Sus autores, John Trenchard y Thomas Gordon, ya habían colaborado en artículos de carácter anticlerical publicados en el Independent Whig durante 1720 y 1721. Gordon era un granjero próspero vinculado por matrimonio a la pequeña nobleza, habiendo sido célebre por sus escritos contra los ejércitos permanentes en el reinado de Guillermo III. Los orígenes de Trenchard resultan más oscuros. Llegaría a casarse en 1724, tras fallecer Thomas Gordon, con su propia viuda. Tras una intensa dedicación al periodismo, se dedicó a traducir a Salustio y Tácito. La edición que utilizamos para la traducción es Trenchard y Gordon (1995).
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