Eusebio Fernández García

Universidad Carlos III de Madrid

eusebio.fernandez@uc3m.es

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Resumen

La obligación de obedecer al Derecho se manifiesta como una especie de la obligación política y, en último término, de la obligación moral. Es una obligación selectiva (no es ni absoluta ni universal) y depende de la justicia del Derecho.

Palabras clave

Obligación política, obligación moral, teorías contractualistas, Derecho justo, norma justa.

Obedience to Law

Abstract

The obligation to obey the Law is shown as a kind of political liability and, in the last term, of moral liability. This is a selective obligation (neither absolute nor universal) and depends of Law’s justice.

Keywords

Political liability, moral liability, contractualism, fair Law, fair rule.

1. Obediencia al Derecho y la obligación política

El tratamiento teórico de la obediencia al Derecho debe ser relacionado con las cuestiones pertinentes del tema clásico de la obligación política. En ningún caso estaría permitido sustituir el fenómeno de la obligación política por el de la obediencia al Derecho. La obligación política es un hecho mucho más general, del cual forma parte otro más específico que es la obediencia al Derecho.

Sin embargo, entre las razones que pueden aducirse para obedecer al Derecho o para convencer a alguien de que es correcto o justo obedecer al Derecho, se encuentran las razones políticas que son las que están conectadas y construyen o refuerzan la obligación política. Mientras que la obligación política cuenta con una prueba clara y sencilla como es la obediencia al Derecho, la propia obediencia al Derecho puede derivarse exclusivamente de una obligación jurídica sin más aceptada así por el destinatario de las normas jurídicas; pero también es cierto que ese destinatario tiende a preguntarse por las razones o motivos por los que tiene que obedecer, y ello le sitúa ya en el ámbito de la obligación política.

Por otro lado, las razones últimas de la obligación política y de la obligación política concreta de obedecer al Derecho pueden conducirnos a hacernos otro tipo de preguntas que residen en la obligación moral. Con todo ello parece que queda demostrado que los tres tipos de obligación: jurídica, política y moral están interrelacionadas y que un tratamiento filosófico exige que no se olvide esta situación real, aunque las tres formas de obligación y sus diferencias pueden ser descritas con rasgos distintos y determinados.

Antes se ha señalado que el tema de la obligación política es un tema clásico. Y lo es, entre otras razones porque las cuestiones que alberga son las preguntas que aparecen junto a los orígenes de la filosofía política, son los que se desarrollan a lo largo de la amplia historia de esta disciplina y son, al mismo tiempo, las que se mantienen hoy como las más próximas a su contenido.

En el mapa de las tareas de la filosofía política dibujado por N. Bobbio aparece el tema de la obligación política como un tema recurrente. Para él uno de los significados de la filosofía política consiste en “considerarla como la búsqueda del fundamento último del poder, que permite responder a las preguntas “¿a quién debo obedecer?” y “¿por qué?”. Se trata del problema bastante conocido de la naturaleza y función de la obligación política” (Bobbio, 1996: 56).

Por su parte Alessandro Passerin D’Entreves en la voz Filosofía Política del Diccionario de Política dirigido por N. Bobbio, M. Matteucci y G. Pasquino asume esa tarea de la filosofía política propuesta por N. Bobbio –Filosofía Política como búsqueda del criterio de legitimidad del poder. Se trata aquí, y en esta tarea, de “determinar el por qué del Estado, los motivos que exploran la obediencia que los hombres prestan o recusan al poder”. Así, las teorías acerca de la legitimidad y legitimación del poder “se limitan de ordinario a señalar las condiciones que el poder debe acatar para ser (o merecer ser) aceptado como válido, dejando indeterminados los modos en que se pueden realizar de hecho estas condiciones” (Passerin D’Entreves, 1991: 650).

Quede por tanto de lo anteriormente expuesto, que la obediencia al Derecho debe ser colocada en la cuestión más general de la obligación política y sus razones. Lo que equivale también a decir que aunque el poder político (Estado) nos puede exigir, incluso por la fuerza, la obediencia al Derecho, no es lo mismo (desde el punto de vista moral, político y jurídico) un poder político aceptado que un poder político impuesto, es decir, no tienen la misma legitimidad. El poder político se tiene que hacer merecedor de la obediencia a sus normas jurídicas por parte de sus destinatarios, lo que significa que hay Estados que se merecen la obediencia y otros que no. Y ello nos conduce siempre al tema de la legitimidad y de los requisitos y condiciones de la legitimidad justa.

Las teorías contractualistas clásicas (T. Hobbes, J. Locke, J.J. Rousseau o I. Kant) y las teorías neo-contractualistas actuales (J. Rawls) han puesto especial cuidado en crear un marco adecuado que conecte la legitimidad del sistema político con la obligación política (Pelayo González Torre, 1994: 123 ss.). Y entre los primeros, J. J. Rousseau dejó muy bien planteada la cuestión, cuando escribe en El Contrato Social: “La fuerza es un poder físico y yo no logro comprender qué consecuencia moral pueda tener. Ceder a la fuerza es un acto de necesidad, no de voluntad; cuando mucho un acto de prudencia. ¿En qué sentido podría constituir un deber? Debemos pues convenir en que la fuerza no crea el derecho, y que no se está obligado a obedecer si no a los poderes legítimos”.

J. J. Rousseau estaba dando el paso desde la obligación política al establecimiento de las razones más fuertes para obedecer al Derecho. A la consideración del Estado como autoridad, “un poder ‘autorizado’ a exigir la obediencia para la consecución de un orden definido como ‘justo’, y como tal –y sólo como tal- susceptible de obligar a aquellos a quienes dirige sus mandatos” (Passerin D’Entreves, 1970a: 180).

2. La obediencia al Derecho

Se ha indicado anteriormente que las obligaciones jurídica, política y moral son interdependientes a pesar de que pueden ser delimitadas, cada una de ellas, con cierta autonomía. No obstante, igualmente, las relaciones entre ellas pueden ser de enfrentamiento, además, obviamente, de poder coincidir. El caso planteado en el Critón platónico muestra a un Sócrates que parece dar preeminencia a la obligación política de obedecer las leyes, y que sería la virtud que caracteriza al buen ciudadano, sobre la falta de obligación, en conciencia, de obedecer una sentencia injusta (en la Apología se plantea Sócrates la posibilidad de la desobediencia a órdenes injustas). Un juez, dentro de un sistema democrático puede o debe acatar y aplicar una norma jurídica válida, a pesar de que su conciencia moral le dicte reformarla o no acatarla (cuando se trata de normas jurídicas profundamente injustas la situación es diferente y también la postura que puede o debe tomar el juez es distinta). Otro caso de enfrentamiento entre obligaciones lo plantean los objetores de conciencia o los desobedientes civiles: su conciencia moral les exige solicitar una excepción en el cumplimiento de una obligación jurídica o desobedecerla, al mismo tiempo que piden su cambio, aunque en todo lo demás acepten el orden constitucional y se comporten como ciudadanos ejemplares (Passerin D’Entreves, 1970b: 213).

De todas las cuestiones que engloba el problema de la obligación política nos vamos a detener en la obligación de obedecer a las leyes (el Derecho). No solamente se trata del núcleo más importante de la obligación política sino que también es el banco de pruebas de ella (Wolff, 2001: 57 ss.). Podemos dejar de lado la existencia de una obligación jurídica de obedecer al Derecho (que debe darse por admitida por simple coherencia lógica). También podemos aparcar (pero en este caso provisionalmente) la obligación política de obedecer al Derecho o la existencia de razones políticas adecuadas y pertinentes, más complicadas, generales y profundas que las razones de la obligación jurídica. La pregunta que aquí interesa, y que ha sido objeto de debate a lo largo de la historia de las ideas políticas y en la filosofía política y jurídica contemporánea, es si cabe hablar, y fundamentar en su caso, de una obligación moral de obedecer al Derecho. La respuesta, me parece que puede ser afirmativa, siempre y cuando estemos hablando de una obligación moral no absoluta ni universal. No absoluta, porque pueden admitirse casos en los que otras obligaciones morales gocen de mayor preponderancia. Ni universal, porque lo que entendemos por Derecho en una sociedad puede contar con contenidos generales adecuados desde el punto de vista moral, pero englobar también disponibles de contenido dudoso desde el punto de vista de su justicia. Además, la obligación moral de obedecer al Derecho, teniendo en cuenta que lo que nos aportan las normas jurídicas son unos medios técnicos para lograr unos objetivos que pueden ser morales o inmorales, justos o injustos, es una obligación derivada de la obligación moral más general y primitiva (desde el punto de vista de su fundamentación) de ser justos. Y la obligación moral de comportarnos con justicia es una de las obligaciones morales más relevantes que tenemos como agentes morales que conviven en sociedad con otros. Por tanto, cuando creamos, aplicamos u obedecemos normas jurídicas justas estamos actuando moralmente.

De lo anterior se desprende que la obligación moral de obediencia al Derecho es una obligación selectiva que está dirigida exclusivamente al Derecho justo (es decir, a la norma jurídica justa). Las injustas o medianamente justas pueden ser objeto de obligación jurídica o de obligación política, pero no de obligación moral. Y de la misma manera que podemos esgrimir razones morales para obedecer al Derecho, pueden también existir razones morales (y en caso más extremo: obligación moral) para su desobediencia.

A cualquiera que lea esta exposición se le ocurrirá inmediatamente que el tema de la obligación moral de obedecer al Derecho se ha trasladado a los rasgos con los que debe contar el Derecho (es decir: la norma jurídica) para ser considerado justo. Y lógicamente precisamos de construir o aceptar una determinada teoría de la justicia. La discusión se ha extendido hasta otra serie de cuestiones que son un verdadero y difícil reto, pero que han venido acompañando la mejor reflexión de la historia de la filosofía moral, política y jurídica.

Por mi parte la cuestión, siempre abierta, quedaría planteada así: Los destinatarios del Derecho son, al mismo tiempo, agentes morales y un determinado sistema jurídico puede contar con razones morales fuertes o profundas a su favor. En ese caso, existe una obligación moral de obedecer al Derecho justo y a las disposiciones jurídicas justas, derivada de la obligación moral más general que tienen los seres humanos de ser justos. Se entiende que un sistema jurídico es suficientemente justo cuando ha sido elaborado contractualmente (democráticamente) y, además, reconoce, respeta y garantiza el ejercicio de los derechos humanos fundamentales. Las decisiones democráticas, por consiguiente, si pretenden ser justas, deben contar con el aval de los derechos humanos fundamentales (Fernández García, 1987: 21 ss.; Fernández García, 2007: 261 ss.).

Bibliografía

BOBBIO, N. (1996), “Sobre las relaciones entre Filosofía, Política y Ciencia Política”, en BOBBIO, N., El filósofo y la política, Fondo de Cultura Económica, México.

FERNÁNDEZ GARCÍA, E. (1987), La obediencia al Derecho, Ed. Civitas, Madrid.

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PASSERIN D’ENTREVES, A. (1970a), La noción de Estado, Centro de Estudios Universitarios, Madrid.

PASSERIN D’ENTREVES, A. (1970b), Obbedienza e resistenza in una società democrática, Ed.di Comunità, Milano.

PASSERIN D’ENTREVES, A. (2001), La noción de Estado, Editorial Ariel, Barcelona.

PASSERIN D’ENTREVES, A. (1991), “Filosofía de la Política”, en BOBBIO, N., MATEUCCI, N. y PASQUINO, G. (dirs.), Diccionario de Política, Siglo Veintiuno Editores, México.

PECES-BARBA, G., con la colaboración de FERNÁNDEZ, E., ASIS, R. de y ANSUÁTEGUI, J., (2007), Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos, Ed. Espasa Calpe, Madrid.

PELAYO GONZÁLEZ TORRE, A. (1994), Consentimiento, democracia y obligación política, Pról. E. Fernández García, Editorial Colex, Madrid.

WOLFF, J. (2001), Filosofía Política. Una Introducción, Editorial Ariel, Barcelona.

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