Mauricio García Villegas (Director),
(2010) Siglo del Hombre Editores, Colombia, 338 pp.

 María José Fariñas Dulce

Universidad Carlos III de Madrid

jose.farinas@uc3m.es

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Regresión democrática

La historia de la humanidad puede tomar formas de repliegue o de avance Actualmente vivimos tiempos de repliegue o de regresión en muchos ámbitos de nuestra vida económica, política, social y personal. Una de ellas es la regresión en la legitimación democrática de los Estados de Derecho, de consecuencias todavía imprevisibles. En el marco de esta regresión democrática ocupa un papel central el incumplimiento sistemático de las reglas legales. Esto se puede enmarcar, sociológica e históricamente, en la “cultura del incumplimiento”, que sirve de subtítulo al libro aquí analizado, o en la “cultura del desacato”, expresión utilizada por Mauricio García Villegas, director del mismo y profesor de la Universidad Nacional de Colombia.

La cultura de la ilegalidad o del incumplimiento no es un problema nuevo, pero sí poco analizado, teniendo en cuenta que constituye un factor determinante del infra desarrollo democrático de las sociedades y, en especial, de las latinoamericanas. Y no sólo el incumplimiento individual de las normas jurídicas, sino también el colectivo, así como el incumplimiento sistemático por parte de las autoridades o de los políticos, el incumplimiento derivado de la mala elaboración de las normas y de su escasa o nula correspondencia con las necesidades sociales e, incluso, el abuso gubernamental de las legislaciones de excepción. Desde el ámbito de la ciencia jurídica, a veces, se ha prestado poca atención a la dimensión social de la eficacia y de la implementación del Derecho, siendo éste, sin embargo, un tema que afecta directamente a los mecanismos de la cohesión social y de la vertebración de una sociedad, a la vez que determina las condiciones de la existencia misma de un ordenamiento jurídico. No es sólo un problema normativo jurídico, sino también un problema social y cultural, una cuestión, en fin, de solidaridad interna que afecta a la misma estructuración del Estado de Derecho. Algo que, como se pone de manifiesto en este libro, ha faltado y falta con frecuencia en Colombia.

Con el ánimo de contribuir al debate público sobre el tema, la obra se centra básicamente en el análisis de la casuística del incumplimiento de normas, tanto jurídicas como sociales, en Colombia, sin pretensión de exhaustividad, ni vocación interdisciplinaria a pesar de la variedad de enfoques aportados. Así mismo el director de la misma elabora una construcción teórica sobre la tipología de los incumplimientos, la cuestión de la eficacia del derecho y la respuesta desde la teoría de la ciudadanía y la democracia al tema de la desobediencia. Los estudios de casos son situaciones concretas de “anomia social” o lugares de “no derecho”, como el incumplimiento de las reglas de tráfico en Bogotá, la corrupción política, el fraude académico entre las Universidades, el contrabando, la venta ambulante, el cultivo de amapola, las radios comunitarias, la resistencia de las minoría étnicas a las normas impuestas o la excepción constitucional como instrumento de la política gubernamental…. Estos casos, al igual que otros posibles, ponen de manifiesto cuál es la relación que los ciudadanos tienen con su ordenamiento jurídico, sus autoridades y sus instituciones públicas, así como la percepción de los valores que los sustentan. Pero también, el uso o el abuso que las autoridades, los políticos o las oligarquías económicas y sociales han hecho y hacen de esas mismas normas y la correspondiente reacción que ese comportamiento provoca en los ciudadanos.

El incumplimiento de las normas no siempre es un acto excepcional, sino todo lo contrario. Puede convertirse, como en alguno de los casos analizados, en la “norma”, en el mismo “orden” de las cosas establecidas, por encima o al margen de la legalidad vigente, y puede llegar a provocar el cambio de la misma o su no aplicación definitiva por desuso. También hay casos de resistencia a la norma, tras los que emergen reivindicaciones de derechos vinculados a determinados colectivos sociales (como por ejemplo, el caso analizado de los derechos reclamados por la población negra de las Islas del Rosario).

Pero el incumplimiento de las normas tiene muchas facetas más de análisis. En este libro no se pretende agotar el tema, por ejemplo no se plantean los temas relacionados con la desobediencia civil o la objeción de conciencia, sino que se trata de indagar en las condiciones y efectos de algunos casos de incumplimiento de reglas en Colombia desde una perspectiva cultural, social e histórica.

Tipos ideales” de incumplidores

Para el análisis teórico, el director de este libro construye una tipología del incumplidor de las normas -siguiendo el modelo epistemológico del “tipo ideal” weberiano y apoyándose en numerosos referencias de la literatura y la historia latinoamericanas-, que se basa en una serie de elementos determinantes, como la racionalidad de la acción, el sentido último o el motivo subjetivo de la conducta, la concepción de la ley y de la autoridad, los valores religiosos o las justificaciones prosaicas del incumplidor tipo. Las razones tanto del incumplimiento como del cumplimiento de las normas pueden ser muy variadas y, a veces, fundadas o no.

El “vivo” es, según García Villegas, el incumplidor más frecuente. En América Latina la viveza es considerada como un valor esencial de la supervivencia, un valor que debe ser inculcado inclusive desde la infancia, a través de los cuentos infantiles. Su “tipo ideal” es el del calculador que sopesa el costo y el beneficio del incumplimiento de la norma. El “rebelde” es aquél que no está dispuesto a someterse al poder estatal y reivindica una libertad absoluta para desarrollar sus comportamientos sociales en nombre de la justicia con mayúsculas o de la consecución de algún derecho reclamado. Su tendencia básica es no acomodarse a lo que deriva del poder estatal. El “arrogante”, personaje común entre las élites colombianas y latinoamericanas según los autores del libro, considera que los valores derivados de la familia tradicional, la religión o su propia condición “aristocrática” o noble están por encima de la ley estatal, y por eso, el incumplimiento de la misma estaría justificado en base a la defensa de aquellos valores “iusnaturalistas” superiores.

Como la realidad social y el comportamiento humano son siempre complejos, García Villegas –siguiendo de nuevo el método weberiano- propone una combinación de los elementos básicos con los que ha construido sus “tipos Ideales” de incumplidor. De ella, derivan tres tipos adicionales de incumplidor: el “taimado” o “marrullero”, que es un vivo y un rebelde, en el que se mezclan la pobreza y la hidalguía; el “déspota”, que es arrogante y vivo a la vez; y el “restaurador” que es un rebelde y arrogante que no cree en la ley ni en la autoridad, y está dispuesto a luchar por su derrocamiento y sustitución en nombre de otros valores.

En todos estos casos, sus comportamientos, más que desviados, están normalizados y, en cierta manera, regularizados en las sociedades en las que viven. Por lo general ni ellos, ni la sociedad, perciben las prácticas de incumplimiento como actos delictivos o criminales, ni siquiera como perturbaciones del orden. Pero el análisis de los personajes incumplidores sólo capta una parte del fenómeno del incumplimiento, la del incumplimiento individual en sus motivaciones, percepciones y efectos. Sin embargo en Colombia, al igual que en otros países, existe también un fenómeno colectivo de resistencia e incumplimiento al derecho, así como diferentes contextos socioeconómicos y estructurales que fomentan en mayor o menor medida el incumplimiento y un determinado tipo de incumplidor.

Compromiso ciudadano con las normas

Para Mauricio García Villegas sólo una ciudadanía plena, que se requiere para formar un sistema democrático en el seno de un Estado constitucional, está en condiciones de minimizar o atenuar algunos de los comportamientos analizados. Atenuar o abandonar la idea de que hay unos valores superiores y un grupo social depositario de esos valores superiores que justifican la cultura del incumplimiento de normas, y que puede suponer un guiño al iusnaturalismo y a justificar el incumplimiento aduciendo la injusticia de la norma.

Es necesario también acabar con la privatización de lo público, con la idea de que el espacio público, las calles, las instituciones públicas, los parques, son espacios abiertos para la apropiación personal, que es la típica actitud del “vivo”. Hay que hacer realmente públicos los espacios públicos, donde imperan los valores comunes impuestos por la ley. Se debe evitar la tendencia a privatizar lo público, porque el cumplimiento de las leyes no se puede negociar individualmente, ni puede quedar al arbitrio de los valores o preferencias particulares. Pero todo esto, sólo se puede alcanzar en el marco de un Estado Constitucional con una sólida sociedad civil que asuma la cultura de los derechos y los deberes, la autocrítica y la autorregulación (que la gente proteste cuando otros incumplen). La cultura del cumplimiento de las normas o la cultura de la legalidad es imprescindible para alcanzar una convivencia integrada y solidaria.

La dificultad radica en que, en muchos casos, el incumplimiento está tan enraizado en la sociedad, que la conducta incumplidora puede llegar a convertirse en un comportamiento socialmente “tolerado”, aunque no “aceptado”, e incluso, a veces en casos de incumplimiento por parte de los políticos, electoralmente premiado. Esto es muy frecuente en el ámbito de la normatividad social, pero puede llegar a serlo también en la infracción de ilícitos penales, como ocurre en los casos de corrupción política y económica, infracciones de tráfico, evasiones fiscales.

Una mala gestión de las desigualdades socioeconómicas desde las instituciones políticas y jurídicas puede llegar a legitimar cierto grado de incumplimiento, especialmente en los márgenes de la exclusión social. Cuanta más desigualdad existe en una sociedad, cuanto mayor es el número de pobres, marginados o excluidos, más difícil es construir el compromiso ciudadano con los derechos y los deberes, más difícil, por tanto, resulta alcanzar un grado óptimo de adhesión y de cumplimiento de las normas. Éstas aparecen a los ojos de muchos como carentes de legitimidad. Si no existe un grado digno de igualdad material, difícilmente se puede comprometer a la ciudadanía con los principios políticos y legales. Sin una ciudadanía bien articulada desde una perspectiva política, social y económica, concluye el director del libro, no se puede alcanzar una cultura de la legalidad, basada en el compromiso de ciudadanos con derechos y deberes y con intereses comunes. Pero para ello, se necesita que la estructura democrática de las sociedades sea plenamente participativa, inclusiva y transparente.

 

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