eunomia 6 Teresa Rodríguez Montañés
Universidad de Alcalá
teresa.rodriguez@uah.es

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Resumen

La reciente condena a España por violación de los artículos 5.1 y 7 del Convenio Europeo de  Derechos Humanos ha recibido una amplísima cobertura mediática. Una novedosa interpretación del Tribunal Supremo (conocida como doctrina Parot) modificó el sistema de cómputo de las redenciones de pena por trabajo, retrasando la fecha licenciamiento definitivo de múltiples presos en varios años. La aplicación retroactiva de dicho criterio fue considerada por el Tribunal Europeo contraria al principio de legalidad y al derecho a la libertad. Este artículo explica las claves para entender tanto la gestación de la doctrina como las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Palabras clave

Doctrina Parot, Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), artículo 7 del Convenio Europeo, aplicación retroactiva de jurisprudencia desfavorable no razonablemente previsible, prolongación de la detención no legal.

 

 Parot Doctrine: Some keys to understand ECHR Judgments in case of Del Río Prada v. Spain

Abstract

A recent ECHR Judgement, holding a violation of Article 7 and a violation of Article 5.1 of the Convention) by Spain has received widespread media coverage. A new precedent set by the Spanish Supreme Court (known as Parot Doctrine) changed the method to apply remissions of sentence for work done in detention, postponing the date of final release in several years. Retroactive application of such precedent has been held a violation of article 7 and Article 7 of the Convention by ECHR. This article provides some keys to understand why Parot Doctrine was developed and ECHR Judgments.

Keywords

Parot Doctrine, European Court of Human Rights (ECHR), article 7 of the Convention, retroactive application of precedent (case-law) not reasonably foreseeable, detention not “lawful”.

 

1.  La gestación de la denominada “Doctrina Parot”

1.1. Henri Parot fue condenado en un total de veintiséis sentencias dictadas entre los años 1990 y 1996 a múltiples penas de prisión (cuya mera suma aritmética era de más de 4.000 años), como autor de múltiples delitos de asesinato, atentado, lesiones, pertenencia a banda armada y otros (depósito de armas, falsificación de documentos, tenencia de explosivos…), por hechos ocurridos entre enero de 1979 y  abril de 1990.

Una vez firmes todas las condenas, el Sr. Parot solicitó la aplicación de la regla 2ª del artículo 70 CP, texto refundido de 1973, vigente en el momento de la comisión de los hechos, esto es, la acumulación de las condenas y la aplicación del límite máximo de cumplimiento establecido en dicho precepto (triplo de la pena más grave de las impuestas y, en todo caso, treinta años), por entender que todos los delitos eran susceptibles de haber sido enjuiciados en un único proceso[1].

En día 26 de abril de 2005, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dicto un Auto en el que acordaba la acumulación de las condenas, pero no en los términos solicitados por el condenado, sino –conforme a la propuesta del Ministerio Fiscal- agrupando las condenas en dos bloques y realizando dos acumulaciones, para cada una de las cuales fija el límite máximo de cumplimiento de treinta años (30+30).

Esta sorprendente decisión del órgano judicial se sustenta en que –conforme a lo argumentado por el Ministerio Fiscal- en el largo periodo de tiempo en que el condenado cometió sus actividades delictivas pueden distinguirse dos periodos, en los que actuó en dos comandos distintos: el primero de ellos desde enero de 1979 hasta abril de 1982 y el segundo, desde el año 1984 hasta la fecha de su detención el 2 de abril de 1990. En el periodo intermedio (de 1982 a 1984) había interrumpido su actividad delictiva. Es esa interrupción la que permite formar dos bloques de condenas, a cada uno de los cuales se le aplica la limitación penológica de treinta años prevista en el art. 70 regla segunda del CP 1973.

Me parece importante destacar este dato porque revela hasta qué punto en este asunto la inequívoca voluntad de la Fiscalía y de los órganos judiciales era impedir la aplicación de las reglas vigentes hasta ese momento en relación con la ejecución de la pena. Sólo haré una consideración al respecto para demostrar lo absurdo de tal modo de argumentar y decidir: de las razones expuestas por el Fiscal y asumidas por la Audiencia Nacional se desprende que si el Sr. Parot no hubiera cesado durante dos años en su actividad delictiva –y, por tanto, hubiera seguido cometiendo atentados y asesinatos ininterrumpidamente- el máximo de cumplimiento sí sería de 30 años, en vez de los 60 (30+30) establecidos por la Audiencia. De hecho esta es una de las razones esgrimidas por el Tribunal Supremo para revocar la resolución de la Audiencia Nacional y acumular todas las penas con la limitación de treinta años.

1.2. En efecto, el Sr. Parot interpuso recurso de casación contra el Auto de la Audiencia Nacional, que fue estimado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en la STS 197/2006, de 28 de febrero. En el Fundamento Jurídico Quinto de dicha Sentencia se afirma que la desconexión temporal “carece de cualquier fundamento” y que “ni tiene anclaje en la ley (art. 70.2ª CP 1973), ni en la jurisprudencia de esta Sala Casacional que la interpreta” y se añade: “lo equivocado de tal interpretación resulta de que si Henri Parot hubiera seguido cometiendo atentados ininterrumpidamente, tal actuación delictiva le hubiera sido paradójicamente más favorable, pues, en ese caso, se le podría aplicar, en tesis de la recurrida, una acumulación total de las penas impuestas de modo que permitiera una limitación de treinta años de prisión para el cumplimiento sucesivo de sus diversas infracciones criminales. Lo desacertado de tal interpretación resulta, por tanto, patente”.

Ahora bien, si la STC 196/2006, de 28 de febrero se hubiera limitado a revocar el Auto de la Audiencia Nacional y a acumular todas las penas con el límite de treinta años de prisión no habría existido la “doctrina Parot”. Sin embargo, el Tribunal Supremo hace algo más. Desbordando, en mi opinión, el objeto del proceso e incurriendo claramente en una incongruencia extra petitum –esto es, pronunciándose acerca de algo que nadie le había solicitado y que no constituía el objeto del proceso[2]- estableció un nuevo criterio de cómputo de las redenciones de penas por trabajo (art. 100 CP 1973), que se descontarían no del máximo de cumplimiento como hasta entonces venía haciéndose, sino de cada una de las penas impuestas en las diversas condenas, comenzando por las de mayor gravedad; una vez extinguida la primera condena, se comienza a dar cumplimiento a la siguiente (a la que se descuentan las redenciones) y así sucesivamente hasta alcanzar los límites del art. 70.2 CP (normalmente treinta años). Nace así la “doctrina Parot”, que a partir de ese momento se aplicará no sólo al caso resuelto por la STS 197/2006, sino a todos los presos condenados en aplicación del CP 1973, a los que se les hubiera aplicado el máximo de cumplimiento previsto en el art. 70.2ª CP 1973 y que hubieran obtenido redención de penas por trabajo. Entre otros, a la Sra. Del Río Prada, quien había obtenido 3.282 días de redención, que restados del límite máximo de 30 años determinaban su puesta en libertad el día 2 de julio de 2008, según la hoja de cálculo del Centro Penitenciario en el que cumplía condena. Sin embargo, en aplicación de la nueva doctrina, la Audiencia Nacional  ordenó al Centro Penitenciario realizar un nuevo cálculo, que retrasaba su puesta en libertad hasta el año 2017.

Con anterioridad y sin excepción alguna hasta ese momento[3], las autoridades judiciales y penitenciarias encargadas de la ejecución de las penas descontaban los días redimidos por trabajo del límite máximo de cumplimiento una vez operada la refundición de condenas que fijaba el límite máximo (art. 70.2 CP). Dicho límite se consideraba una nueva pena, a la que se aplicaban no sólo las redenciones, sino todos los beneficios penitenciarios. Un criterio avalado, además, por algunos inequívocos pronunciamientos del Tribunal Supremo[4].

En primer lugar, y como se reconoce en la propia STS 197/2006, por la STS de 8 de marzo de 1994. Una Sentencia en la que el Tribunal Supremo revoca un pronunciamiento de la Sentencia condenatoria de instancia (que fijaba el límite máximo de cumplimiento en treinta años, pero estableciendo que los beneficios penitenciarios y la libertad condicional se computarían sobre el tiempo total de la condena y no sobre ese límite máximo), argumentando del siguiente modo: “Se olvida por el Tribunal de instancia que la pena señalada en el art. 70.2ª CP, el límite de treinta años en este caso, opera ya como una nueva pena, resultante y autónoma y a ella deben referirse los beneficios otorgados por la ley, como son la libertad condicional y la redención de penas. Se trata de una interpretación realizada por el órgano a quo contra reo y que por ello debe proscribirse. El art. 59 del Reglamento Penitenciario no parece apoyar la interpretación de la Sala de instancia, pues se refiere a la pena impuesta que la suma penimétrica es considerada como una nueva sanción. Sobre la pena resultante, que podría ser el triplo de la más grave o bien el límite de treinta años, cuando aquél exceda de ese límite, es donde deben operar los beneficios penitenciarios y no distinguir donde la ley no distingue y contra reo y con choque frontal a lo señalado en el art. 25.2 CE”. En la misma línea, aunque en relación con penas acumuladas conforme al nuevo CP 1995, las SSTC de 15 de septiembre de 2005 y de 14 de octubre de 2005 reiteran que la pena acumulada opera “como una nueva pena resultante y autónoma, y a ella deben referirse los beneficios otorgados por la ley”.

Pese a la contundencia del precedente, en la STS 197/2006 se afirma –por el contrario- y sobre la base de una serie de razones gramaticales y sistemáticas, así como de consideraciones de índole político-criminal, que sin duda tienen un enorme peso en el giro jurisprudencial[5], que “el límite máximo de treinta años no se convierte en una nueva pena, distinta de las sucesivamente impuestas al reo …sino que tal límite representa el máximo de cumplimiento del penado en un centro penitenciario”, límite que se referiría al total de condena a cumplir efectivamente y no a las penas impuestas.

Por tanto, “las penas se irán cumpliendo por el reo con los avatares que le correspondan, y con todos los beneficios a que tenga derecho”, entre ellos los beneficios de la redención de penas por el trabajo conforme al art. 100 CP 1973. Y se explica del siguiente modo la forma de cumplimiento de la condena total: “se principiará por el orden de la respectiva gravedad de las penas impuestas, aplicándose los beneficios y redenciones que procedan con respecto a cada una de las penas que se encuentre cumpliendo. Una vez extinguida la primera, se dará comienzo al cumplimiento de la siguiente, y así sucesivamente, hasta que se alcanzan las limitaciones dispuestas en la regla segunda del art. 70 del Código penal de 1973. Llegados a este estadio, se producirá la extinción de todas las penas comprendidas en la condena total resultante.[6]

1.3. ¿Cuáles son los efectos que este cambio de doctrina trae consigo? La nueva doctrina introduce un nuevo criterio de cómputo de las redenciones, desfavorable para el reo, que se aplica retroactivamente, y que, de facto, significa el cumplimiento efectivo del máximo de treinta años de prisión cuando la suma de las condenas es superior a cuarenta y cinco años y la pérdida de todo efecto útil de las redenciones ya obtenidas en la práctica totalidad de los casos a los que se aplica[7]. En definitiva, y por vía interpretativa jurisprudencial, se excluye del beneficio –sin base legal alguna, pues el art. 100 no excluía de su ámbito de aplicación ningún tipo delito ni de delincuente- a todos los condenados que se encuentren en esa situación.

Y esa “interpretación” se realiza en un momento en que la norma interpretada había sido ya derogada, habiéndose suprimido la redención de penas por el trabajo en el CP de 1995, que establece en el art. 78 el que se ha venido a denominar “cumplimiento efectivo de las penas”. Como señala Vives Antón (2006)  “cabe preguntarse si los jueces (…) pueden adoptar una norma interpretativa que la ley no hubiera podido hacer suya sin incurrir en inconstitucionalidad”. En efecto, nadie discute que si una ley hubiera establecido semejante previsión, no hubiera podido aplicarse retroactivamente sin infringir la prohibición de retroactividad desfavorable consagrada en la Constitución. “Como según la Constitución española” –continúa Tomás Vives- “los jueces están sometidos al imperio de la ley, parece difícil entender que puedan regular materias de modo que a la ley le estarían constitucionalmente vedadas.”

Por otra parte, y a consecuencia de ello, se defraudan las expectativas de los condenados de obtener la libertad en un determinado momento (normalmente hay muchos años de diferencia, hasta once, entre uno y otro cómputo), fundadas en una interpretación y aplicación jurisprudencial inequívoca y unánime y en actos igualmente inequívocos de la Administración penitenciaria, reflejados en las liquidaciones provisionales de condena periódicamente elaboradas y, en muchos casos, incluso en la propuesta de licenciamiento definitivo elevada al órgano judicial encargado de la ejecución. En definitiva, se cambian las “reglas del juego” en el cómputo de la pena cumplida, prolongando la estancia en prisión de quienes ya tenían cumplida su pena de acuerdo con las reglas aplicadas hasta ese momento en la ejecución de sus condenas.

Todos estos datos –junto a la existencia de una práctica penitenciaria y judicial, avalada por el propio Tribunal Supremo, radicalmente opuesta e inequívoca a lo largo de toda la vigencia del CP 1973- son tomados en consideración en la Sentencias del Tribunal Europeo y son clave para entenderlas. Unos datos que, por lo demás, no habían pasado por alto al menos los tres magistrados del Tribunal Supremo que formularon un contundente voto particular a la Sentencia[8]. Un voto que comienza afirmando la discrepancia del criterio de la mayoría, porque “lo que se propone como una mera interpretación innovadora de la regla 2ª del artículo 70 del Código Penal de 1973, es, en realidad, una alteración drástica del sentido de la norma y de su contexto prescriptivo”. Y en el que, tras recordar que “la irretroactividad de la ley penal desfavorable es un dogma intangible del Estado de Derecho”, se afirma literalmente que la citada interpretación es “una verdadera reescritura del texto del art. 70.2ª del Código Penal de 1973”, … “que equivale, lisa y llanamente, a aplicar de manera tácita -y retroactiva en perjuicio del reo- el art. 78 del Código Penal de 1995, en su actual redacción debida a la LO 7/2003”.

2.   ¿Era conforme a la Constitución la “doctrina Parot”? La decisión del Tribunal Constitucional

2.1. A la vista de lo que acaba de exponerse, la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenando a España era no sólo previsible, sino la única que cabía esperar, si hablamos en términos estrictamente jurídicos[9].

Aunque esta decisión no se hubiera producido si las propias instancias internas –en concreto, el Tribunal Constitucional- hubiesen declarado incompatible con la Constitución la “doctrina Parot”. Ciertamente el Tribunal Supremo es el máximo intérprete de la legalidad, pero el Tribunal Constitucional lo es de la Constitución. Una Constitución que consagra el derecho a la libertad, del que nadie puede ser privado sino “en los casos y formas previstos por la ley” (art. 17.1 CE) y el principio de legalidad penal (art. 25.1 CE); y que garantiza en su artículo 9 no sólo este principio, sino también la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras desfavorables, la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad. Una Constitución que consagra la división de poderes y afirma que los jueces y Tribunales están sometidos al imperio de la ley y que entre sus funciones se encuentra exclusivamente el ejercicio de la potestad jurisdiccional (art. 117 CE), no el diseño de la política criminal, que corresponde en exclusiva al legislador.

Y señalo todo esto para poner de manifiesto algo evidente: que la denominada “doctrina Parot” tenía mucho que ver con la Constitución. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, tras haber inadmitido por Auto el recurso de amparo interpuesto contra la STC 197/2006[10], y elevado al conocimiento del Pleno un importante número de recursos de amparo interpuestos por muchos de los afectados por la aplicación de la doctrina, el día 29 de marzo de 2012, avaló sustancialmente la constitucionalidad de “doctrina Parot”, al resolver simultáneamente treinta y un recursos de amparo, dictando veinticinco Sentencias desestimatorias, tres Sentencias de inadmisión y tres Sentencias estimatorias[11]. Una decisión que –sin embargo- no fue adoptada por unanimidad, sino que se formularon votos particulares discrepantes por cinco de los once magistrados integrantes del Pleno, lo que da idea de hasta qué punto el fallo del Tribunal estaba muy lejos de ser no ya unánime, sino ni siquiera ampliamente mayoritario.

Especialmente significativos –y premonitorios- son los  veintisiete Votos de la Magistrada Adela Asúa (quien defendió, con una minuciosa y contundente argumentación, en ocasiones reproducida en el razonamiento de la sentencia de la Gran Sala del TEDH, la existencia de una vulneración tanto del art. 25.1 como del art. 17 en todos los casos, afirmando que la interpretación del Tribunal Supremo era imprevisible y manifiestamente contraria a las exigencias de seguridad jurídica derivadas del principio de legalidad, argumentando muy sólidamente por qué las redenciones habían de entenderse como parte del sistema de definición legal de la pena en el CP 1973) y los tres votos del Magistrado Pablo Pérez Tremps (quien sostuvo la existencia de una vulneración en todos los casos del derecho a la libertad consagrado en el art. 17.1 CE, afirmando que la interpretación del Tribunal Supremo era sorpresiva e imprevisible y que vulneraba las exigencias de previsibilidad y certeza y de calidad de la ley derivadas del derecho a la libertad).

Esas eran, en mi opinión, las dos aproximaciones al problema constitucionalmente rigurosas, que responden a lo que podríamos llamar perspectiva ex ante y perspectiva ex post delictum. Tanto el art. 25.1 como el art. 17.1 CE hacen referencia a la ley: en relación con las exigencias de la definición legal de la pena a imponer, el primero; y en relación con la legitimidad de la privación de libertad derivada del cumplimiento de una pena privativa de libertad, el segundo. Si la redención de penas por el trabajo consagrada en el art. 100 CP 1973 y su cómputo al máximo de cumplimiento pertenecen a la definición legal de la pena (como sostiene la Magistrada Asúa), entonces el problema constitucional era indiscutiblemente de legalidad (art. 25.1 CE). Pero si ello no fuera así –y tal vez no era inequívocamente así-, entonces el problema no desaparece, sino que ha de ubicarse en el ámbito de protección constitucional del art. 17 CE, que establece que nadie podrá ser privado de su libertad sino en los casos y formas previstos por la ley. Ley que tiene exigencias de previsibilidad, certeza y calidad que no son menores a las del art. 25.1 CE, como se pone de relieve en el voto del Magistrado Pérez Tremps y en la jurisprudencia del TEDH. En ambos casos, el cambio de criterio desfavorable e imprevisible para los destinatarios que inequívocamente lleva a cabo la doctrina Parot no podía ser aplicado retroactivamente sin menoscabo de las exigencias constitucionales consagradas en uno u otro precepto.

2.2. Pero volvamos a la opinión de la mayoría y a las Sentencias de 29 de marzo de 2012. En todas ellas, rechaza el Tribunal Constitucional que exista vulneración del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE), por tratarse de una cuestión relativa a la ejecución de la pena privativa de libertad, y no a su definición legal, y no haberse superado los máximos de cumplimiento legalmente previstos, remitiéndose en este punto a la Jurisprudencia del propio TEDH conforme a la cual las cuestiones relativas a la ejecución de la pena, en la medida en que no impliquen que la pena impuesta sea más grave que la prevista por la ley, no conciernen al derecho a la legalidad penal consagrado en el art. 7.1 del Convenio, aunque puede afectar al derecho a la libertad[12].

Rechaza igualmente que exista aplicación retroactiva de norma desfavorable (art. 78 CP 1995), como alegaban los recurrentes[13], y tras afirmar que los cambios de criterio jurisprudencial y su conformidad con la Constitución han de ser analizados desde otras perspectivas, entre otras la del principio de igualdad (art. 14 CE), rechaza también la vulneración de éste[14].

Sentado lo anterior, y tras afirmar que el objeto del recurso no es la STS 197/2006, de 28 de febrero, ni la interpretación de la legalidad ordinaria en ella sentada por el Tribunal Supremo (lo que ha excluido previamente al rechazar que nos encontremos ante un problema de principio de legalidad) se reconduce el problema constitucional al análisis de las resoluciones judiciales que, en cada caso, deniegan el licenciamiento definitivo que correspondería en aplicación del antiguo sistema de cómputo de las redenciones de pena y realizan u ordenan realizar un nuevo cómputo, conforme a la nueva doctrina.

En este punto, cabría esperar que el Tribunal Constitucional –como apuntó al rechazar la vulneración del derecho fundamental a la legalidad penal y como parece apuntar cuando afirma, citando su propia jurisprudencia, que la redención de penas por el trabajo afecta directamente al derecho fundamental a la libertad consagrado en el art. 17.1 CE- se planteara un análisis riguroso al menos de la existencia de una vulneración autónoma del derecho a la libertad.

En efecto, la jurisprudencia constitucional expresamente ha afirmado que la redención de penas por el trabajo afecta directamente al derecho fundamental a la libertad consagrado en el art. 17 CE, ya que el periodo de privación de la misma depende, entre otros factores, de su aplicación conforme a lo establecido en el art. 100 CP 1973 (SSTC 174/1989, de 30 de octubre, FJ 4; 31/1999, de 8 de marzo, FJ 3; 186/2003, de 27 de octubre, FJ 6; 76/2004, de 26 de abril, FJ 5). Y también ha afirmado que no resulta admisible que la cuantía total del beneficio esté siempre pendiente de ulterior modificación por variación de los criterios del Juez (STC 174/1989, FJ 4).  Además, y dado que el derecho reconocido en el art. 17.1 CE permite la privación de libertad sólo “en los casos y en las formas previstos por la Ley”, el TC ha afirmado que no puede excluirse que se vulnere este derecho como consecuencia de la forma de ejecución de la condena en relación con el cómputo del tiempo de estancia en prisión, por inobservancia de las disposiciones legales respecto al cumplimiento sucesivo o en su caso refundido de las distintas condenas que pudiera reducir el tiempo de permanencia en prisión del condenado, en cuanto que suponga un alargamiento ilegítimo de dicha permanencia y, por ende, de la pérdida de libertad (SSTC 147/1988, de 14 de julio, FJ 2; 130/1996, de 9 de julio, FJ 2).

Sin embargo, tal análisis no se hace, sino que el problema constitucional del caso se desdibuja por completo, reconduciéndolo al análisis de la “vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación con el derecho a la libertad (art. 17.1 CE), en su vertiente de derecho a la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes”. Una aproximación al problema demasiado estrecha y que lleva a resultados muy insatisfactorios.

Ciertamente en alguno de los casos analizados –en concreto, en los tres estimados[15]- existía un problema de intangibilidad de resoluciones judiciales firmes, pues existían en las Ejecutorias resoluciones judiciales firmes que incorporaban el criterio de cómputo de las redenciones anterior a la “doctrina Parot”. Pero limitar el problema constitucional que planteaba la “doctrina Parot” a esto y, en consecuencia, desestimar todos los restantes amparos, concluyendo que no había ninguna exigencia constitucional que impidiera aplicar el nuevo criterio de cómputo establecido por el Tribunal Supremo, simplemente porque no existía en cada una de esas Ejecutoria una resolución judicial de la que pudiese predicarse tal efecto de intangibilidad respecto del criterio de cómputo de las redenciones de pena por trabajo, supone lisa y llanamente no querer enfrentarse al problema[16].

La aproximación adoptada por el Tribunal olvida que durante la ejecución de la pena no es el Tribunal sentenciador el que se encarga de facto de la ejecución (de hecho, una vez realizada la acumulación, la causa se archiva provisionalmente hasta que llega el momento de aprobar el licenciamiento; sólo excepcionalmente, en casos de revisión de condena como el derivado de la sucesión normativa, interviene el Tribunal sentenciador). Son los Centros penitenciarios y los Jueces de Vigilancia Penitenciaria los que lo hacen. Y eran los Centros penitenciarios los que realizaban propuestas de redención de penas (proponen al Juez de Vigilancia la reducción de la condena por el trabajo penitenciario) y el Juez de Vigilancia quien aprobaba o modificaba la propuesta de la Administración. Una vez aprobadas las redenciones, forman parte del “patrimonio penitenciario del penado”, la administración penitenciaria anotaba la concesión en el expediente del interno y practicaba periódicamente liquidaciones provisionales en las que se hacía constar el tiempo cumplido y el que quedaba por cumplir, teniendo en cuenta no sólo los días de cumplimiento efectivo, sino los días redimidos por trabajo, descontados siempre de la pena acumulada. Eso sí ocurría en todos los casos y debió valorarse, al menos, desde las exigencias del derecho a la libertad (art. 17 CE, art. 5 Convenio Europeo). Pero no se hizo aun habiendo constancia de que algunos de los afectados por la aplicación de la doctrina habían acudido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia difícilmente permitía afirmar que aquí no había ningún problema relacionado con los derechos fundamentales de los afectados.

3.   La doctrina Parot ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

3.1. Como es bien sabido, la doctrina Parot fue finalmente declarada contraria a los derechos a la legalidad y a la libertad consagrados en los artículos 7 y 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no en un caso llamado Parot contra España, sino en el caso Del Río Prada contra España[17]. Y dicha declaración se produce no en una sino en dos Sentencias, dictadas respectivamente por la Sección Tercera y por la Gran Sala del Tribunal.

La demandante (Inés del Río Prada) era una de los muchos presos de ETA a los que se les aplicó la “doctrina Parot” pocas semanas antes de la fecha en que debió ser puesta en libertad. En concreto, el Centro Penitenciario en el que cumplía su condena realizó el 24 de abril de 2008 una propuesta de licenciamiento definitivo, señalando el día 2 de julio de 2008 como fecha para su puesta en libertad, considerando las redenciones de pena por trabajo (3.282 días) como días de cumplimiento a descontar del límite máximo de treinta años. La Audiencia Nacional, sin embargo, no aprobó el licenciamiento propuesto, sino que ordenó realizar un nuevo cálculo con el nuevo criterio establecido en la STS 197/2006, y posteriormente, en atención al nuevo cálculo, por Auto de 23 de junio de 2008 fijo como fecha de puesta en libertad el 27 de junio de 2017, casi nueve años más tarde.

Contra dicha resolución se interpuso recurso de súplica ante la Audiencia Nacional y recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, inadmitido por  providencia de 17 de febrero de 2009, por insuficiente justificación de la trascendencia constitucional.

Agotada la vía interna, la demandante interpone un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el día 3 de agosto de 2009.

3.2. El día 10 de julio de 2012 (pocos meses después de que el Tribunal Constitucional avalara la doctrina, como acaba de exponerse), la Sección Tercera del TEDH, dictó una Sentencia condenando a España por violación de los artículos 5.1 y 7 del Convenio.

Como punto de partida de su valoración en relación con la garantía consagrada en el art. 7 del Convenio, recuerda el Tribunal que el principio de legalidad de delitos y penas es un elemento esencial de la preeminencia del derecho, que no puede ser derogado ni siquiera en tiempos de guerra o de cualquier peligro público (§ 45). De conformidad con su jurisprudencia, distingue el Tribunal entre medidas que constituyen esencialmente una pena y medidas relacionadas con la aplicación o ejecución de la pena, recordando que sólo las primeras gozan de la protección del art. 7, y recordando también que la distinción entre ambas categorías no siempre es clara en la práctica (§ 48).

A continuación, la Sentencia analiza si, en atención a las circunstancias del caso, el criterio del cómputo de las redenciones de pena por el trabajo forma o no parte de la definición de la “pena” impuesta a la demandante o concernía sólo a la ejecución de la misma. Tras examinar el tenor literal del art. 100 CP 1973 –que no contenía ninguna regla específica al respecto- y constatar cuál era la práctica interpretativa (tomando en consideración tanto la actuación de las autoridades penitenciarias de acuerdo con las judiciales como la jurisprudencia anterior del propio Tribunal Supremo, §§ 53 y 54), concluye la Sala que “en el momento en que la demandante cometió los delitos y también cuando se dictó la decisión sobre la acumulación de penas, la legislación española, tomada en su conjunto, incluida la jurisprudencia, estaba formulada con la precisión suficiente para permitir a la demandante discernir (…) el alcance de la pena impuesta y las circunstancias de su ejecución”, a diferencia de lo que sucedía en el caso Kafkaris c.Chipre (§ 55). Y que el nuevo modo de cálculo de la redención de penas derivado del giro jurisprudencial del Tribunal Supremo no concernía sólo a la ejecución de la pena impuesta. “Se trató de medida que tuvo igualmente un impacto decisivo sobre el alcance de la pena impuesta a la demandante, llevando en la práctica a prolongar en casi nueve años la condena a cumplir” (§59).

Ubicado el problema en el ámbito de protección del art. 7, se analiza a continuación si el cambio jurisprudencial resultaba o no “razonablemente previsible” para la demandante, llegando a la conclusión de que “era difícil, prácticamente imposible” prever el cambio de jurisprudencia del Tribunal Supremo ni en el momento de los hechos, ni en el momento de la acumulación (§ 63), por lo que considera que existió violación del art. 7 del Convenio (§ 64). A esa conclusión llega tras constatar que no existía jurisprudencia previa a la STS 197/2006 en el mismo sentido; que la práctica penitenciaria y judicial aplicaba siempre el criterio establecido anteriormente por el propio Tribunal Supremo en la STC de 8 de marzo de 1994; que la nueva jurisprudencia “dejó sin sentido las remisiones de penas por trabajo”, implicando de hecho que debía cumplir treinta años de prisión efectiva; que el giro jurisprudencial se produce después de la entrada en vigor de un nuevo Código penal de 1995, que abolió las redenciones de penas por trabajo  y estableció en el art. 78 reglas más duras para el cálculo de los beneficios penitenciarios para presos condenados a múltiples penas de prisión. Y recuerda al respecto que “los tribunales internos no podrían aplicar retroactivamente y en perjuicio del interesado el espíritu de los cambios legislativos producidos después de la comisión del delito” (§ 62). Los datos eran evidentes y contundentes y así lo pone de relieve el TEDH.

3.2.2. Seguidamente la Sala se ocupa de la denunciada vulneración del art. 5 del Convenio. Y aunque en su argumentación se hace una referencia previa al contenido de este precepto y a las exigencias de la “legalidad de la reclusión” y la “calidad de la ley” que autoriza una privación de libertad, nada de ello parece tener trascendencia real en el caso. La Sentencia se limita a afirmar que ha de analizar si la duración real de la privación de libertad era suficientemente previsible para la demandante, y concluye que ello no era así tomando en consideración las mismas razones que la han llevado a constatar la vulneración del art. 7, afirmando que la recurrente “en la época de los hechos, no podía prever de manera razonable que la duración real de su privación de libertad se prolongaría en casi nueve años, dejando sin sentido las remisiones de pena por trabajo a las que tenía derecho” (…) “En particular no podía prever en el momento de la acumulación de todas sus penas, que el método de cálculo de estas redenciones de condena sería objeto de un giro jurisprudencial del Tribunal Supremo en 2006 y que este cambio se le aplicaría retroactivamente (§74). En definitiva, como consecuencia derivada de la vulneración del art. 7, el Tribunal concluye que desde el día 3 de julio de 2008 (fecha en que debió ser puesta en libertad con arreglo al sistema de cómputo de las redenciones anterior a la STC 197/2006) la privación de libertad no fue “regular”, por lo que se ha vulnerado igualmente el art. 5.1 del Convenio.

En virtud de todo lo anterior, el Tribunal condena al Estado a abonar a la demandante la cantidad de 30.000 euros en concepto de daño moral y declara “que es responsabilidad del Estado demandado garantizar la puesta en libertad de la demandante en el más breve tiempo posible” (§ 83).

3.3. El Gobierno español solicitó que el caso fuera remitido a la Gran Sala del Tribunal al amparo del artículo 43 del Convenio, lo que fue aceptado por la Gran Sala.

El día 21 de octubre de 2013, la Gran Sala del Tribunal Europeo ratifica la existencia de las vulneraciones de los artículos 7 y 5 del  Convenio. La declaración de la vulneración del art. 5.1 (la privación de la libertad de la demandante no ha sido legal) se adopta por unanimidad, mientras que la declaración de vulneración del art. 7 de Convenio se adopta por quince votos a favor y dos en contra.

Aunque la Gran Sala asume los pronunciamientos y sustancialmente los razonamientos de la Sentencia de la Sección Tercera, su construcción es más sólida y matizada, mejor articulada. Además, por lo que respecta a la declaración de violación del art. 5.1 del Convenio, la misma no se hace derivar directamente de la declarada violación del derecho a la legalidad, sino que se construye autónomamente.

3.3.1. La Gran Sala articula su discurso en relación al principio de legalidad en torno a tres pilares: el alcance del principio de legalidad en general; el concepto de pena y su alcance y la previsibilidad de la ley penal (incluyendo ésta tanto el derecho de origen legislativo como de origen jurisprudencial).

Tras recordar la importancia y alcance del principio de legalidad y el alcance del concepto de pena (diferenciándolo de las medidas que se refieren a la ejecución o aplicación de la pena, que no forman parte de éste en el sentido del art. 7, a través de un minucioso análisis de la jurisprudencia), el Tribunal declara que es posible “que las medidas que se adoptan por parte del poder legislativo, las autoridades administrativas o los tribunales después de la imposición de la condena definitiva o durante su cumplimiento puedan redundar en una redefinición o modificación del alcance de la ‘pena’ impuesta por el tribunal sentenciador”. Y que cuando esto ocurre, “dichas medidas deben quedar comprendidas en el ámbito de la prohibición de la aplicación retroactiva de las penas consagrada en el artículo 7.1 in fine del Convenio. De otra manera, los Estados serían libres – modificando la ley o reinterpretando los reglamentos vigentes, por ejemplo – de adoptar medidas para redefinir retroactivamente el alcance de la pena impuesta, en perjuicio del condenado, cuando este último no podía imaginarse tal circunstancia en el momento de la comisión del delito. En tales condiciones, el artículo 7.1 quedaría privado de todo efecto útil respecto a las personas condenadas cuyas condenas fueran modificadas ex post facto en su detrimento. El Tribunal quiere señalar que dichos cambios deben distinguirse de aquellos realizados en la forma de ejecución de la condena, que no están comprendidos en el ámbito del artículo 7.1 in fine” (§ 89). Y para determinar si una medida adoptada durante la ejecución se refiere sólo a la forma de ejecución o afecta a su alcance, el Tribunal considera necesario examinar la “naturaleza intrínseca” de la pena impuesta teniendo en cuenta la ley nacional en su conjunto y su forma de aplicación en tal momento. Recordando a continuación el esencial papel de la jurisprudencia en la definición de los delitos y las penas a través de la interpretación de las leyes penales, pudiendo incluso declararse la existencia de una vulneración del art. 7 derivada de la ausencia de una interpretación jurisprudencial accesible y razonablemente previsible (§ 93).

La aplicación de tales principios generales al caso lleva a la Gran Sala a cuestionarse cuál era el alcance de la pena impuesta en el derecho interno, teniendo en cuenta para ello no sólo el texto de la ley, sino también la jurisprudencia y la práctica interpretativa y si dicho alcance estaba definido en condiciones de accesibilidad y previsibilidad. Y en este punto concluye, al igual que la Sala, que pese a las posibles ambigüedades de la ley, el Derecho español aplicable, en su conjunto, incluida la jurisprudencia, estaba formulado con suficiente precisión para permitir a la demandante discernir el alcance de su condena: una condena que equivalía a una duración máxima de treinta años establecido por el art. 70.2, sobre la que se computaban (descontándolas) las redenciones de pena por trabajo en prisión (§ 103). A tal conclusión se llega tras constatar que las autoridades penitenciarias y judiciales computaban siempre la redención de penas por el trabajo sobre la duración máxima de la pena a cumplir establecida en el art. 70.2 CP 1973, una interpretación avalada por el propio Tribunal Supremo en el año 1994; que se le había aplicado a la recurrente al comparar las penas previstas en el CP de 1973 y en el CP de 1995, para determinar cuál de las dos leyes era la más favorable; y que dicha práctica había sido aplicada a numerosísimas personas condenadas con arreglo al CP de 1973 posible” (§ 98). Por tanto, afirma la Gran Sala que “la demandante ha podido creer, mientras cumplía su pena de prisión (y en particular después de la resolución de acumulación y límite máximo adoptada por la Audiencia Nacional el 30 de noviembre de 2000) que la pena impuesta era la resultante de la duración máxima de treinta años, de la cual había que deducir las redenciones de pena a otorgar por el trabajo en prisión” (§ 100).

En un segundo momento, se cuestiona la Gran Sala si la aplicación de la doctrina Parot modifica el alcance de la ejecución o el de la pena misma, concluyendo que modifica el alcance de la pena impuesta, pues privó de cualquier efecto útil a las redenciones obtenidas conforme a la ley (3.282 días en total), por lo que se considera que el criterio de cómputo va más allá de la mera política penitenciaria e implica una redefinición del alcance de la pena impuesta, por lo que entra dentro del ámbito de aplicación del artículo 7 del Convenio.

Por último, se cuestiona el Tribunal si la “doctrina Parot” era razonablemente previsible,  concluyendo a partir del análisis de los datos del caso (entre otros, que el cambio jurisprudencial se adopta frente a una práctica penitenciaria y judicial uniforme en otro sentido, como reconoce el propio Gobierno; en el año 2006, diez años después de la derogación de la ley interpretada; con un efecto anulatorio del beneficio de las redenciones ya concedidas) que “nada indicaba la existencia de una tendencia perceptible en la evolución de la jurisprudencia que fuera en el sentido de la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2006. La demandante no podía por tanto esperar el giro efectuado por el Tribunal Supremo ni, en consecuencia, que la Audiencia Nacional computara las redenciones de pena concedidas, no sobre la pena máxima de treinta años, sino sucesivamente sobre cada una de las penas dictadas. Como ha constatado el Tribunal anteriormente (§109 y 111), este giro jurisprudencial ha tenido como efecto la modificación, de forma desfavorable para la demandante,  del alcance de la pena impuesta” (§117). Y, en consecuencia la violación del artículo 7 del Convenio (§118).

3.3.2. En relación con la alegada violación del artículo 5.1 del Convenio, el Tribunal precisa –dando la razón a la demandante y frente a lo sostenido por la Sala, que parece vincular la violación del art. 5 exclusivamente a la del art. 7- que la distinción entre pena y ejecución de la pena a los efectos del artículo 7 no es relevante a los efectos del art. 5. “Mientras el art. 7 se aplica a la pena tal y como ha sido impuesta por el Tribunal sentenciador, el art. 5 se refiere a la detención que proviene de aquélla” (§127). Destaca a continuación que la demandante no cuestiona que su detención fuera “legal” hasta el 2 de julio de 2008, sino tan sólo su mantenimiento en prisión a partir de esa fecha. Reconoce el Tribunal que las penas de prisión impuestas a la demandante ascendían a más de 3.000 años y que el periodo de prisión efectivamente cumplido no ha llegado al máximo de 30 años establecido por el art. 70.2 CP 1973.

“No obstante, el Tribunal debe decidir si la “ley” que autoriza la continuación de la detención de la demandante más allá del 2 de julio de 2008 era suficientemente previsible en su aplicación. El cumplimiento del requisito de previsibilidad debe ser evaluado en relación con la “ley” en vigor a la fecha de dictarse la condena y durante el posterior período de privación de libertad. A la luz de las argumentaciones que nos llevaron a considerar que se había incumplido el artículo 7 del Convenio, el Tribunal resuelve que en el momento en que la demandante fue sentenciada, cuando realizaba trabajos penitenciarios y cuando le fue notificada la decisión de aunar las condenas y fijar un período máximo de privación de libertad, ella no pudo haber previsto, razonablemente, que el método utilizado para aplicar la reducción de condenas por trabajo sufriría una alteración como consecuencia del cambio de jurisprudencia efectuado por el Tribunal Supremo en el año 2006 y que el nuevo criterio jurisprudencial sería aplicable a su caso” (§130). La aplicación de la nueva jurisprudencia “retrasó de manera efectiva la fecha de su puesta en libertad en casi nueve años. En consecuencia, ella ha cumplido un período de prisión superior a aquél que habría cumplido de acuerdo a la legislación en vigor en el momento de su condena, tomando en cuenta las reducciones de condena que le habían sido ya reconocidas de acuerdo con la Ley (véase mutatis mutandis, caso Grava citado más arriba §  45)”. Por todo lo cual el Tribunal concluye que a partir del 2 de julio de 2008, la privación de libertad no fue “legal” y vulneró el art. 5.1 del Convenio (§132).

Y de nuevo vuelve a urgirse a España para que la demandante sea puesta en libertad “en el plazo más breve”.

4.   A modo de conclusión

No voy a hablar de las reacciones mediáticas a la Sentencia, ni de las voces que se alzaron a favor de no acatarla e incluso de denunciar el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Afortunadamente, en esta ocasión, los órganos judiciales españoles reaccionaron de la única forma que cabía esperar en un órgano judicial ante una Sentencia del Pleno de un Tribunal internacional que declara que España ha mantenido “irregularmente” en prisión a la demandante desde el año 2008: acatando la Sentencia y ejecutándola sin demora, sin acogerse a la disculpa de la inexistencia de un cauce procesal de ejecución de las Sentencias del Tribunal Europeo[18][19]Frente a quienes abogaban por todo tipo de soluciones dilatorias, otras voces se alzaron claramente en la línea de una ejecución inmediata y por los propios jueces. Así, entre otros, Gómez Benítez (2013): “La obligación de cumplir esta sentencia recae directamente sobre los jueces españoles, que no sólo tienen que poner en libertad a esta persona, sino a todas las que se les haya aplicado la doctrina Parot y por esta razón se encuentren indebidamente en prisión”. Y esto es lo que se hizo, con toda la premura exigida por las circunstancias del caso.

La demandante fue puesta inmediatamente en libertad por la Audiencia Nacional y la “doctrina Parot” dejada sin efecto por el propio Tribunal Supremo que la había gestado. Mediante un Acuerdo de la Sala General del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 2013, es el propio Tribunal Supremo –ante la inexistencia de un mecanismo procesal adecuado para la ejecución de las resoluciones del TEDH- quien decide que ha de aplicarse el antiguo criterio de cómputo de las redenciones al máximo de cumplimiento fijado en la acumulación a todas las sentencias condenatorias en ejecución dictadas con anterioridad al día 28 de febrero de 2006 y a las que se aplique el CP derogado de 1973[20].

Se cerraba así un capítulo oscuro de nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. La denominada “doctrina Parot” era ilegítima, una excusa vestida de argumentación jurídica para hacer permanecer a presos en prisión tras haber cumplido sus condenas, cambiando las reglas de cumplimiento de las penas vigentes hasta ese momento sin excepción alguna. Como he señalado en otra ocasión, no debió haber existido, “lo que nos hubiera evitado el lamentable espectáculo de una salida masiva de presos, en su gran mayoría condenados por delitos de terrorismo, que pueden invocar haber sido víctimas de un Estado que no respeta sus derechos humanos y que ha sido condenado por ello por un Tribunal Internacional. Con la doctrina Parot se ha conseguido mantenerlos en prisión hasta ahora, pero a costa de violar las reglas básicas del Estado de Derecho y de deslegitimar al Estado frente al terrorismo y frente a los organismos y la opinión pública internacionales. En mi opinión, un coste demasiado alto. Lamentablemente en este asunto ninguna de las instituciones españolas estuvo a la altura hasta ahora. Tal vez sea el momento de empezar a estarlo. Y de pasar página” (Rodríguez Montañés, 2013).

Bibliografía

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  1. [1] El tenor literal del citado precepto era el siguiente: Cuando todas o algunas de las penas correspondientes a las diversas infracciones no pudieran ser cumplidas simultáneamente por el condenado, se observarán, respecto a ellas, las reglas siguientes:

    1.ª En la imposición de las penas se seguirá el orden de su respectiva gravedad para su cumplimiento sucesivo por el condenado en cuanto sea posible, por haber obtenido indulto de las primeramente impuestas o por haberlas ya cumplido. (…)

    2.ª No obstante lo dispuesto en la regla anterior, el máximum de cumplimiento de la condena del culpable no podrá exceder del triplo del tiempo por que se le impusiere la más grave de las penas en que haya incurrido, dejando de extinguir las que procedan desde que las ya impuestas cubrieren el máximum de tiempo predicho, que no podrá exceder de treinta años.

    La limitación se aplicará aunque las penas se hubieran impuesto en distintos procesos si los hechos, por su conexión, pudieran haberse enjuiciado en uno sólo.

  2. [2] De hecho, cuando el Sr. Parot acude en amparo ante el Tribunal Constitucional alega, entre otras vulneraciones de derechos fundamentales, la del art. 24.1 CE por incongruencia extra petitum. Dicha vulneración –concurrente en mi opinión- debió sin embargo haberse denunciado ante el propio Tribunal Supremo mediante la interposición del preceptivo incidente de nulidad de actuación, previsto en el art. 241.1 LOPJ, para un correcto agotamiento de la vía judicial ordinaria previa al amparo. Al no haberse interpuesto el incidente, el recurso de amparo fue inadmitido por ATC 179/2010, de 29 de noviembre.
  3. [3] Esta afirmación no se discute ni siquiera por el propio Tribunal Supremo y se defiende unánimemente en la doctrina. Cfr., entre otros muchos, Alcácer (2012: 931); Gómez Benítez (2013); Manzanares Samaniego (2011: 7/16); Sanz Morán (2006: 32-33); Vives Antón (2006).
  4. [4] Ha de tenerse en cuenta que las liquidaciones de condena, cómputo de beneficios y licenciamiento definitivo de los penados (que es el momento en el que se materializaba el cómputo de las redenciones de penas por trabajo) no son cuestiones que habitualmente llegaran a conocimiento del Tribunal Supremo, puesto que quien decide es el órgano encargado de la ejecución y frente a sus decisiones el recurso legalmente previsto es un recurso de súplica ante el mismo órgano. El caso Parot llega al Tribunal Supremo porque se trata de un supuesto de refundición o acumulación de condenas, cuestión que sí tiene acceso a la casación, como expresamente prevé el art. 988 LECrim.  De hecho, el Tribunal Supremo no admitía casación contra los decisiones de los Tribunales sentenciadores relativas al licenciamiento definitivo, hasta que en el Auto de 7 de abril de 2008 cambió su criterio y admitió el recurso de casación del Ministerio Fiscal en el caso del violador del Vall d´Hebron, revocando la decisión de la Audiencia provincial de Barcelona de no aplicar al caso la doctrina Parot. Argumenta el Tribunal Supremo que el art. 988 de la ley procesal sí permite la interposición del recurso de casación siempre que se cuestione la fecha de licenciamiento definitivo de penas acumuladas  y ello afecte al periodo máximo de cumplimiento.

    Además, y hasta su introducción en la LO 5/2003, de 27 de mayo, no existía un recurso de casación para la unificación de doctrina en el ámbito penitenciario.

  5. [5] Como pone de relieve Landa Gorostiza (2012: 3), “la denominada doctrina Parot es una manifestación particular de la creciente agitación que reina en el tratamiento jurídico-penal de la criminalidad más grave. Su génesis se enmarca, en primer lugar, en el campo de tensión político-criminal entre, por un lado, la máxima pena que el sistema de justicia penal puede legítimamente administrar de conformidad con los principios de un Estado social y democrático de Derecho y, por otro lado, las crecientes demandas punitivas que apuntan a encarcelamientos tendencialmente más prolongados en el tiempo, en regímenes de cumplimiento más duros, e incluso a un renacer de la prisión perpetua o la pena de muerte”.
  6. [6] STS 197/2006, de 28 de febrero, FJ Cuarto.
  7. [7] En palabras de un jurista penitenciario, que actuó como asesor del Gobierno ante la Gran Sala del TEDH, según consta en la Sentencia dictada por ésta: “La doctrina Parot no es otra cosa que un criterio interpretativo (…) que supone el cumplimiento íntegro de la pena máxima permitida por la ley -30 años- en el CP de 1973. Para conseguirlo la fórmula consiste en aplicar los beneficios penitenciarios al total de la condena impuesta, empezando a restar de cada condena en particular y no desde el límite” (Nistal Burón, 2013: 4).
  8. [8] Los firmantes del voto particular discrepante son los Magistrados José Antonio Martín Pallín, Joaquín Giménez García y Perfecto Andrés Ibáñez.
  9. [9] Cfr. Rodríguez Montañés (2013).
  10. [10] ATC 179/2010, de 29 de noviembre. Cfr. supra nota 2.
  11. [11] La primera de las Sentencias, cuya doctrina sirve de guía para la resolución de los restantes supuestos, es la STC 39/2012, de 29 de marzo. Tanto esta Sentencia, como las STC 57/2012 y 62/2012, estiman los recursos de amparo. Acuerdan la inadmisión al apreciar el óbice procesal de falta de agotamiento, las SSTC 58/2012; 60/2012 y 63/2012, todas ellas de 29 de marzo. Y desestiman el recurso las SSTC 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 61, 64, 65, 66, 67, 68 y 69/2012. Posteriormente se dictaron nuevas Sentencias desestimatorias (SSTC 108/2012, de 21 de mayo y 114/2012, de 24 de junio) y de inadmisión (SSTC128/2012, de 18 de junio y 152/2012, de 16 de julio.  Cfr. al respecto, Alcacer (2012: 933-935); Ortega Carballo (2012: 305).
  12. [12] STC 39/32012, de 29 de marzo, FJ 3: “En primer lugar, ha de tenerse en cuenta que no nos encontramos en el ámbito propio del derecho fundamental consagrado en art. 25.1 CE, que es el de la interpretación y aplicación de los tipos penales, la subsunción de los hechos probados en los mismos y la imposición de la pena en ellos prevista (por todas, SSTC 137/1997, de 21 de julio, FJ 7; 13/2003, de 28 de enero, FJ 3; 229/2003, de 18 de diciembre, FJ 16; 163/2004, de 4 de octubre, FJ 7; 145/2005, de 6 de junio, FJ 4; y 76/2007, de 16 de abril, FJ 4, entre otras muchas), sino en el de la ejecución de una pena privativa de libertad, cuestionándose el cómputo de la redención de penas por el trabajo, sin que de la interpretación sometida a nuestro enjuiciamiento se derive ni el cumplimiento de una pena mayor que la prevista en los tipos penales aplicados, ni la superación del máximo de cumplimiento legalmente previsto.” En esa misma línea —y en contra de lo sostenido por el Ministerio Fiscal— el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también viene afirmando que las cuestiones relativas a la ejecución de la pena y no a la propia pena, en la medida en que no impliquen que la pena impuesta sea más grave que la prevista por la ley, no conciernen al derecho a la legalidad penal consagrado en el art. 7.1 del Convenio, aunque sí pueden afectar al derecho a la libertad. En este sentido se pronuncia la STEDH de 10 de julio de 2003, Grava c. Italia, § 51, en un supuesto referido a la condonación de la pena citando, mutatis mutandis, Hogben contra Reino Unido, núm. 11653-1985, decisión de la Comisión de 3 marzo 1986, Decisiones e informes [DR] 46, págs. 231, 242, en materia de libertad condicional. Y más recientemente la STEDH de 15 de diciembre de 2009, Gurguchiani c. España, § 31, afirma que “la Comisión al igual que el Tribunal han establecido en su jurisprudencia una distinción entre una medida que constituye en esencia una pena y una medida relativa a la ejecución o aplicación de la pena. En consecuencia, en tanto la naturaleza y el fin de la medida hacen referencia a la remisión de una pena o a un cambio en el sistema de libertad condicional, esta medida no forma parte integrante de la pena en el sentido del art. 7”.
  13. [13] STC 39/2012, de 29 de marzo, FJ 3: “También debe rechazarse la denunciada vulneración del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE) por aplicación retroactiva del art. 78 CP 1995, tanto en su redacción inicial como en la dada al mismo por la Ley Orgánica 7/2003, precepto en el que el legislador estableció que para determinados supuestos de acumulación de penas el Juez o Tribunal sentenciador “podrá acordar que los beneficios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional se refiera a la totalidad de las penas impuestas” (art. 78.1 CP). Prescribiendo, en relación a supuestos de acumulación de varias penas especialmente graves la obligatoriedad de realizar ese cómputo referido a la totalidad de las penas impuestas; preceptividad que, sin embargo, admite algunas excepciones (art. 78.2 y 3 del Código penal actual). Pues bien, ni las resoluciones recurridas, ni la doctrina del Tribunal Supremo invocada en ellas aplican retroactivamente dicho precepto (que, por otra parte, no hace referencia a la redención de penas por trabajo, puesto que dicha redención desaparece en el Código penal de 1995), sino la normativa vigente en el momento de comisión de los hechos por los que el recurrente fue condenado (arts. 70.2 y 100 CP 1973), si bien con una nueva interpretación de la misma que, ciertamente, acoge el criterio de cómputo consagrado expresamente en el art. 78 CP 1995, pero argumentando que tal interpretación era posible a la vista del tenor literal de los arts. 70.2 y 100 CP 1973. Por tanto, teniendo en cuenta el razonamiento de los órganos judiciales y los preceptos que se aplican, la queja carecería de base fáctica, pues la prohibición de retroactividad de la ley penal desfavorable consagrada en el art. 25.1 CE tiene como presupuesto fáctico la aplicación retroactiva de una norma penal a hechos cometidos previamente a su entrada en vigor (por todas, SSTC 21/1993, de 18 de enero, FJ 4; 43/1997, de 10 de marzo, FJ 5; 20/2003, de 20 de febrero, FJ 4; y 116/2007, de 21 de mayo, FJ 9)”.
  14. [14] STC 39/2012, de 29 de marzo, FJ 3: “Como señala el Ministerio Fiscal, las resoluciones impugnadas, dictadas por la Audiencia Nacional, se limitan a aplicar la doctrina sentada por otro órgano judicial, el Tribunal Supremo, máximo intérprete de la ley, justificando el cambio de criterio en el cómputo de las redenciones de penas por el trabajo, frente a otros supuestos resueltos con anterioridad, precisamente en aplicación de esa doctrina del Tribunal Supremo. No puede apreciarse, por tanto, ni voluntarismo selectivo, ni apartamiento inmotivado del criterio aplicativo consolidado y mantenido hasta entonces por el órgano jurisdiccional cuyas resoluciones se impugnan, lo que constituye la esencia de la desigualdad aplicativa según nuestra jurisprudencia (SSTC 74/2002, de 8 de abril, FJ 3; 229/2003, de 18 de diciembre, FJ 23; 117/2004, de 12 de julio, FJ 3; 76/2005, de 4 de abril, FJ 2; 27/2006, de 30 de enero, FJ 3; 96/2006, de 27 de marzo, FJ 4; y 2/2007, de 15 de enero, FJ 2)”.
  15. [15] El tercero de los casos estimados, resuelto por la STC 62/2012, de 29 de marzo, concede el amparo porque el órgano judicial de ejecución había modificado la fecha de licenciamiento aplicando la doctrina Parot y retrasando la fecha hasta el 16 de noviembre de 2017 después de haber aprobado él mismo, mediante una providencia previa que había adquirido firmeza, el licenciamiento definitivo para el día 19 de noviembre de 2008. Se trataba, pues, de un caso flagrante de intangibilidad pura, diferente del resto de los resueltos por el Pleno del Tribunal.
  16. [16] En sentido similar, el voto particular concurrente de la Magistrada Adela Asúa a la STC 39/2012, de 29 de marzo, en el que se califica el razonamiento de la mayoría de “formalista”, afirmando que “deja en la penumbra la realidad jurídica incontestable antes relatada: la aplicación general de las reglas del art. 100 para el cómputo del tiempo de pena cumplida, sin excepción alguna, en las previsiones del sistema penal enmarcado en la vigencia del Código de 1973”.
  17. [17] Caso del Río Prada contra España, Sentencia de 10 de julio de 2012 y Sentencia de la Gran Sala de 21 de octubre de 2013.
  18. [18] Intencionadamente no abordo aquí el problema de la ejecución de las Sentencias del Tribunal Europeo y de lo inexplicable que resulta que España no haya articulado un cauce procesal a tal efecto. El tema tiene un enorme interés y merece por sí solo un estudio que excede de los límites de éste.
  19. [19]  Frente a quienes abogaban por todo tipo de soluciones dilatorias, otras voces se alzaron claramente en la línea de una ejecución inmediata y por los propios jueces. Así, entre otros, Gómez Benítez (2013): “La obligación de cumplir esta sentencia recae directamente sobre los jueces españoles, que no sólo tienen que poner en libertad a esta persona, sino a todas las que se les haya aplicado la doctrina Parot y por esta razón se encuentren indebidamente en prisión”. Y esto es lo que se hizo, con toda la premura exigida por las circunstancias del caso.
  20. [20] El texto íntegro de ese acuerdo es el siguiente: “Tras la STEDH de 21 de octubre de 2013, Caso Del Río Prada c. España, y en relación con las condenas que se estén ejecutando con arreglo al CP derogado de 1973, se acuerda lo siguiente:

    1. En los casos de sentencias condenatorias en ejecución, dictadas con anterioridad al día 28 de febrero de 2006, en las que se aplique el CP derogado de 1973, por no resultar más favorable el CP de 1995, las redenciones ordinarias y extraordinarias que procedan se harán efectivas sobre el límite máximo de cumplimiento establecido conforme al artículo 70 del referido Código de 1973, en la forma en que se venía haciendo con anterioridad a la sentencia de esta Sala nº 197/2006, de 28 de febrero.

    2. Las resoluciones relativas a las acumulaciones y liquidaciones de condena que resulten procedentes con arreglo al punto anterior, se acordarán en cada caso por el Tribunal sentenciador, oyendo a las partes, siendo susceptibles de recurso de casación ante esta Sala.

    3. El Tribunal considera necesario que el Poder legislativo regule con la necesaria claridad y precisión el cauce procesal adecuado en relación con la efectividad de las resoluciones del TEDH”.

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