eunomia 6 Esther Hava García
Universidad de Cádiz
esther.hava@uca.es

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Resumen

En las páginas que siguen se realiza un pequeño repaso histórico de los hitos fundamentales que condujeron a la elaboración de la “Doctrina Parot” y se analiza a continuación la fundamentación que usó la jurisprudencia española para dar lugar a dicha Doctrina, junto a las posiciones judiciales contrarias que ya se pronunciaron en nuestro país en su momento y el contenido de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que la anula. Asimismo se analiza la regulación legal de la refundición de condenas y el criterio jurisprudencial con el que se aplica, que constituye un ejemplo palmario de creación judicial del derecho al margen de lo dispuesto en la legislación positiva.

Palabras clave

Doctrina Parot, irretroactividad de la ley penal, refundición de condenas, prisión permanente revisable.

 

Before and after Parot Doctrine: Combination of sentences and its consequences

Abstract

The following pages go over some historical events that led to the development of “Parot Doctrine” and then analyze the rationale of the Spanish jurisprudence in order to create that Doctrine, along with judicial positions in Spain that already were contrary to its application and the Grand Chamber judgment of the European Court of Human Rights in the Del Río Prada case. Spanish Law about combination of sentences is also analyzed, as well as the practice of the courts which constitutes a glaring example of judicial law making against legislation in force.

Keywords

Parot Doctrine, non-retroactivity of Criminal Law, combination of sentences, revisable permanent prison.

 

1.   Introducción

La Sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de 21 de octubre de 2013 en el caso Del Río Prada c. España (demanda nº 42750/09) afirmó, lisa y llanamente, que una persona condenada y encarcelada en nuestro país había pasado indebidamente en prisión casi seis años más de los que legalmente le correspondía cumplir. Tal afirmación, que debería haber sido motivo de enorme escándalo y gran vergüenza públicos (entre otras cosas, por poner bajo sospecha de prevaricación a los dos tribunales españoles de mayor rango –Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional[1]), pasó casi desapercibida para un importante sector de la población, quizá poco versado en garantías penales y derechos fundamentales.

Mucha mayor indignación sin embargo suscitó la puesta en libertad de la Sra. Del Río horas después de publicarse la Sentencia, a pesar de que era la consecuencia lógica del fallo europeo, al igual que lo fueron todas las otras excarcelaciones a las que debió procederse para acabar con esta suerte de detenciones ilegales institucionales en que se había convertido la aplicación de la denominada “Doctrina Parot”. De hecho, en ciertos momentos la indignación llegó a adquirir los tintes de una auténtica alarma social, en buena parte gracias a la intervención de los medios de comunicación que puntualmente fueron publicando mediante el sistema de goteo los nombres, apellidos y delitos atribuidos a todos aquellos que, gracias a la censura de tal Doctrina, también serían puestos en libertad de modo más o menos inmediato. Y es que, a la vista de los titulares que jalonaron los periódicos de mayor difusión en España en las semanas posteriores al fallo de la Corte europea, pareciera que iban a salir a las calles auténticas hordas de peligrosos criminales, sin que las autoridades ni las instituciones pudieran hacer nada para defender a los desvalidos ciudadanos de sus fechorías.

Este clima de alarma social no ha sido, desde luego, desaprovechado por el gobierno de la nación. Antes al contrario: las excarcelaciones producidas a consecuencia del fallo europeo han proporcionado un nuevo argumento al Ministro de Justicia, no sólo para defender la introducción en nuestro sistema penal de la prisión permanente revisable (que ha sido criticada hasta la saciedad desde todos los sectores profesionales relacionados con dicho sistema -jueces, fiscales, funcionarios de prisiones, profesores de universidad, etc.), sino también para exigir al Congreso de los Diputados que “asuma su responsabilidad” y la apoye, con el fin de evitar que las generaciones futuras “reprochen” al legislador las, al parecer, terribles consecuencias que conllevaría la no inclusión de esta pena en nuestra legislación positiva[2].

El recrudecimiento del debate entre defensores (pocos) y detractores (muchos) de la prisión permanente revisable parece ser, en definitiva, el principal resultado derivado de la Sentencia de Estrasburgo, aparte de las excarcelaciones ya mencionadas. En cambio, son pocas las voces que se han alzado para explicar otra cuestión que está íntimamente relacionada con el origen de la Doctrina Parot y que es quizá la que provoca mayor incomprensión entre la ciudadanía: el porqué ciertos individuos, que han sido condenados por la comisión de numerosos delitos graves a cientos o incluso miles de años de prisión, pueden salir en libertad tras permanecer en la cárcel veinte, treinta o cuarenta años, según cuál sea la norma que resulte aplicable al caso.

2.   Un poco de memoria histórica

A estas alturas debiera parecer un hecho incontestado que tanto la cadena perpetua como la pena capital resultan inanes a la hora de prevenir la realización de atentados terroristas, pues éstos suelen ser cometidos por delincuentes por convicción, que se muestran impermeables a la llamada prevención general positiva[3]. La inutilidad de las penas más graves frente a este tipo de delincuencia se hizo evidente pocos años después del comienzo de las actividades terroristas de la banda armada más conocida de nuestro país: Euskadi Ta Askatasuna (ETA).

La época más sangrienta

En efecto, a pesar de que en diciembre de 1970 en el Proceso de Burgos dieciséis de sus militantes fueron sometidos a consejo de guerra, y seis de ellos condenados a muerte (penas que posteriormente fueron conmutadas por cadenas perpetuas), tres años más tarde ETA asesinaba a Carrero Blanco (entonces presidente del Gobierno) y en septiembre de 1974 realizaba el primer atentado masivo en la cafetería Rolando de Madrid, provocando la muerte de doce personas. A estos hechos delictivos sucederían otros muchos, como los ocurridos en el año 1980 (el más sangriento de la historia de ETA, con más de noventa víctimas –la mitad de ellas civiles); 1986 (año en el que fueron asesinados, entre otros, doce miembros de la Guardia Civil que viajaban en un autobús en la madrileña plaza de la República Dominicana); y 1987 (el 19 de junio de ese año una bomba causaba una veintena de muertos y casi cincuenta heridos en los almacenes Hipercor de la avenida de la Meridiana de Barcelona, y el 11 de diciembre un coche bomba cargado con 250 kilos de amonal y estacionado a las puertas de una casa cuartel de Zaragoza provocaba la muerte de cuatro niñas, un adolescente y seis adultos, además de unos ochenta heridos). La lista de víctimas seguiría engrosándose durante 1988 y 1989, años en los que ETA cometió casi cuarenta asesinatos más.

En este contexto histórico, de enorme convulsión y rechazo social ante la feroz actividad terrorista desplegada, es detenida Inés Del Río el 6 de julio de 1987 en Zaragoza, cuando se encontraba durmiendo en un hotel de la Gran Vía de esta ciudad junto a otro miembro de la banda. Su primera condena, 27 años y seis meses de prisión por los delitos de pertenencia a banda armada, tenencia ilícita de armas y explosivos y falsificación de documentos, fue dictada por Sentencia de la Audiencia Nacional de 18 de diciembre de 1988. En total, Del Río Prada fue juzgada en ocho procesos distintos, en los que se le impusieron más de 3.000 años de prisión, de los cuales 2.232 años correspondieron al ataque contra el convoy de la Guardia Civil en la plaza de República Dominicana, hechos por los que fue condenada el 7 de noviembre de 1989.

Pocos meses más tarde, uno de los integrantes de ETA más activos, Henri Parot, era capturado conduciendo un coche cargado con 300 kilos de amonal con el que, al parecer, pretendía volar la Jefatura de Policía de dicha ciudad. Su detención se producía el 2 de abril de 1990 y su primera condena, 86 años de prisión, le era impuesta por la Audiencia Nacional el 18 de diciembre de ese mismo año. A ésta le seguirían otras veinticinco condenas (entre ellas, la de 3 de marzo de 1994, en la que se le imponían 1.502 años de prisión por el atentado de la casa cuartel de Zaragoza), hasta llegar acumular, a finales de 1996, casi 4.800 años de prisión por la comisión de más de 80 asesinatos desde 1978, amén de otros muchos delitos relacionados con su actividad terrorista.

La redención de penas por el trabajo tras el Código Penal de 1995

Por aquellas fechas ya había sido aprobado el Código Penal de 1995 (CP95), el cual, si bien reducía en algunos supuestos el máximo de cumplimiento efectivo establecido para las penas de prisión[4] también eliminaba el beneficio de redención de penas por el trabajo[5], prohibiendo además expresamente su aplicación cuando fuera el nuevo Código el que tuviera que aplicarse a hechos cometidos antes de su entrada en vigor[6]. Ante tal situación, el Tribunal Supremo (TS) consideró necesario concretar su posición en relación al alcance que debía otorgársele a dicha prohibición, toma de postura que fue objeto de debate en un Pleno de dicho Tribunal y que se plasmó en su Sentencia 557/1996, de 18 de julio, en la que afirmaba que los beneficios derivados de la redención de penas por el trabajo, “cuando ya han sido consolidados, se integran en una regla de cómputo del tiempo pasado en prisión, por virtud de la cual […] dos días de internamiento valen como tres (art. 100 del viejo Código) y ello de modo irreversible […], de forma que a los efectos aquí examinados es como si efectivamente el recluso hubiera permanecido en prisión todo el tiempo así computado”[7]. Entendía con ello el TS que la interpretación de la mencionada Disposición transitoria 2ª, en lo relativo a la prohibición de la aplicación de la redención de penas por el trabajo, debía realizarse de forma restrictiva y “únicamente referida a aquella que pudiera producirse después de la entrada en vigor de esta nueva norma penal, lo que ocurrió el 25 de mayo de este año de 1996”. Lo anterior fue complementado por lo acordado en el Pleno no Jurisdiccional de 12 de febrero de 1999, en el que se señaló que “el límite de veinte años de prisión del art. 76 del vigente Código viene a ser equivalente al límite de treinta años de prisión del antiguo Código Penal, en la medida en que este plazo es compatible con la redención de penas por el trabajo”.

A la vista de lo anterior, parece lógico que todos los que hubiesen sido condenados conforme al CP73 y estuvieran participando en el régimen de redención de penas por el trabajo tuvieran unas legítimas expectativas de ver acortadas sus condenas a razón de un día por cada dos considerados de trabajo, y ello con independencia de que fueran terroristas o no, sanguinarios o no. Y de hecho, ésta fue la posición adoptada por todos y cada uno de los tribunales españoles cuando entró en vigor el CP95, a la hora tanto de enjuiciar los casos pendientes como de revisar las condenas en curso de ejecución: para determinar la ley penal más beneficiosa, partieron del dato normativo, nunca cuestionado y además ratificado por los plenos no jurisdiccionales ya mencionados, de que sobre la pena resultante de la aplicación de la regla 2ª del art. 70 CP73 tendría que incidir la redención de penas por el trabajo. De este modo, si los condenados a penas de larga duración optaron por el antiguo sistema punitivo fue en vista de esta interpretación unánime de la previsión legal, que les permitía disminuir hasta un máximo de veinte años el cumplimiento efectivo de sus condenas. Gracias a ello, en definitiva, al menos dieciséis terroristas penados conforme al CP73 (algunos con penas centenarias) se beneficiaron como era lógico y normal de la redención de penas por el trabajo en las liquidaciones de sus respectivas condenas.

Y no pasó absolutamente nada.

3.   El caso Parot

Todas las alarmas se dispararon sin embargo en febrero de 2005, momento en el que el miembro del Comando Madrid de ETA Iñaki De Juana Chaos, condenado a unos 3.000 años de prisión, estuvo a punto de salir de la cárcel, después de cumplir “sólo” dieciocho años de privación de libertad[8]. Poco después otro histórico etarra, Henri Parot, que también había sido condenado a miles de años, solicitaba la refundición de sus veintiséis condenas de conformidad con la regla 2ª del art. 70 del CP73.

Demasiadas condenas y demasiada sangre, debió pensar el Fiscal encargado de informar la solicitud de Parot. En efecto, con el probable objetivo de alargar la estancia en prisión del terrorista hasta los cuarenta años (tiempo que casualmente coincidía con el nuevo límite fijado en el CP95, tras la reforma de 2003), la fiscalía sugirió dividir por dos su historial delictivo, lo que permitiría a su vez eludir la aplicación de las reglas de conexidad contenidas en el último inciso del art. 70.2 CP73, en relación con los artículos 17[9] y 988[10] de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECR). Así, se afirmaba en el informe que evacuó el Ministerio Fiscal el 6 de abril de 2005 que “existen dos momentos claramente diferentes en las fechas en que el condenado Henri Parot cometió sus actividades delictivas: la primera desde el año 1978 hasta el 16 de abril de 1982 […] y la segunda desde el año 1984 hasta la fecha de su detención el 2 de abril de 1990”, razón por la cual estimaba que la acumulación de sentencias solicitada debía realizarse “teniendo en cuenta dichos dos momentos en atención a que dicho condenado realizó hasta el año 1982 actividades distintas y en comandos diferentes que las que cometió a partir del año 1984, después de existir un espacio de tiempo sin delinquir”. Conforme a lo anterior, se interesaba “la acumulación de condenas por los hechos cometidos hasta el año 1982 y otra acumulación desde el año 1984 hasta su detención”.

El Auto de la Audiencia Nacional de 26 de abril de 2005

La solución propuesta por el Fiscal debió parecer muy apropiada a la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ya que su Auto de 26 de abril de 2005 acogió de forma prácticamente literal la tesis del Ministerio Fiscal para, en su virtud, acordar la acumulación de las condenas impuestas hasta ese momento a Henri Parot en sendos períodos de máximo cumplimiento de treinta años, correspondiente el primero de ellos a los hechos delictivos juzgados que fueron perpetrados hasta 1982, y el segundo a los cometidos a partir de 1984.

Con esta forma de proceder la Audiencia Nacional se apartaba del criterio mantenido a la hora de interpretar el requisito de la conexidad exigido en la refundición de condenas por la jurisprudencia del TS[11], la cual en múltiples ocasiones había interpretado que dicho requisito debía reducirse exclusivamente a la observancia del factor cronológico (esto es, acumulación de todas las recaídas sobre diversos hechos delictivos que hubiesen podido enjuiciarse en un único proceso, atendiendo al momento de su comisión), sin que fuera preciso además que los distintos delitos tuvieran analogía o relación entre sí (elementos de conexidad que, sin embargo, son mencionados en el apartado 5º del art. 17 LECR). No obstante, la Audiencia Nacional entendió que el lapso de tiempo transcurrido entre el primer delito por el que fue condenado Parot (que fue perpetrado en 1978) y el último por el que había sido enjuiciado hasta ese momento (cometido en 1990) “supera con creces todo criterio de conexidad cronológica que pretenda establecerse. La consecuencia no puede ser otra que negar que, entre estos dos delitos, exista la conexidad que hubiese podido permitir su enjuiciamiento en un único proceso […] la comisión de otros delitos no puede hacer al condenado de mejor condición, y no puede ese dato mantener una conexión, rota por el transcurso de más de diez años entre los dos delitos, de 1978 a 1990. Tampoco el que Parot haya logrado estar durante tanto tiempo fuera de la acción de la justicia, continuando una imparable carrera criminal, puede servir como base de la conexidad. Precisamente la existencia de ese amplio número de condenas intermedias, por los delitos más graves, contribuye a desechar, so pretexto de motivos humanitarios, otra interpretación de los requisitos legales”.

Esta argumentación, unida a dos datos que en el Auto se consideran claves (la actividad delictiva desplegada se interrumpió en 1982, para volver a reanudarse en 1984, ya en el seno de otro comando distinto), constituyen los elementos que, en definitiva, permitieron a este Tribunal acumular las condenas impuestas a Parot en dos períodos de cumplimiento sucesivo de treinta años cada uno. De este modo, y aunque entrara en juego la redención de penas por el trabajo (rebajando un máximo de diez años cada uno de dichos períodos), Henri Parot tendría que cumplir cuarenta años en prisión, tiempo máximo de cumplimiento que, además de coincidir con el ya entonces vigente en el CP95[12], resultaba más que suficiente para evitar una pronta puesta en libertad y, con ello, eludir la presión mediática y la alarma social que posiblemente provocarían la excarcelación de un histórico de ETA.

La STS 197/2006, de 28 de febrero

Como era previsible, la representación de Henri Parot recurrió en casación contra el Auto de la Audiencia Nacional, por aplicación indebida de lo dispuesto en el art. 70.2 CP73, en relación con los artículos 17.5 y 988 LECR. Ante el dilema que planteaba la resolución de dicho recurso (renunciar a su propia doctrina consolidada en la interpretación de la conexidad en la refundición de las condenas, o bien reafirmarla y renunciar con ello a prolongar la estancia en la cárcel de Parot), la STS 197/2006 de 28 de febrero[13]decidió optar por una astuta vía intermedia, la cual, además de eludir tan indeseable consecuencia (esto es, la pronta excarcelación de Parot), le serviría al Tribunal para evitar sofocos posteriores ocasionados por otros terroristas que fueran cumpliendo sus respectivas condenas y reforzar aún más el peso de sus resoluciones, aunque ello se hiciera a costa de lo establecido en preceptos legales vigentes y con clara vulneración de uno de los pilares básicos del Estado de Derecho: el principio de irretroactividad de las normas desfavorables. Surgía así, en definitiva, la “Doctrina Parot”.

La refutación del criterio de la Audiencia Nacional

En su fundamentación jurídica, la STS 197/2006 rechazó la interpretación que realizara la Audiencia Nacional del elemento conexidad, necesario para proceder a la refundición de condenas, entendiendo que la desconexión temporal en la que se basa el Auto para apreciar dos bloques distintos de cumplimiento sucesivo “carece de cualquier fundamento, y que ni tiene anclaje en la ley (art. 70.2ª C.P. 1973), ni en la jurisprudencia de esta Sala Casacional que la interpreta. […] Olvida la Audiencia Nacional que el segundo párrafo de la regla segunda del art. 70 del Código penal, edición de 1973, no condiciona a temporalidad alguna la aplicación de las limitaciones que proclama. Su propia interpretación es incoherente, al disponer dos bloques acumulables de nada menos que de seis años cada uno, olvidando que el único criterio que justifica la unidad de enjuiciamiento no es una vinculación temporal, sino un criterio de conexidad. Y la propia Sala de instancia no desconoce que tal criterio ha sido muy favorable al reo en la interpretación de mencionada conexidad, como expresamente dejan constancia y llevan los aludidos jueces a la resolución judicial impugnada, con cita de jurisprudencia de esta Sala[14]”.

Como puede comprobarse, el Tribunal Supremo obvia por completo en la argumentación empleada para rechazar la interpretación de la Audiencia Nacional el contenido de los artículos 988 y 17 LECR, a pesar de que su relación con el art. 70.2 CP73 (actual 76 CP95) es absolutamente clara y evidente. En efecto, el primero de ellos establecía que cuando el culpable de varias infracciones penales haya sido condenado en distintos procesos por hechos que pudieron ser objeto de uno sólo, conforme a lo previsto en el artículo 17 de esta Ley, el Juez o Tribunal que hubiera dictado la última sentencia […] procederá a fijar el límite del cumplimiento de las penas impuestas conforme a la regla segunda del artículo 70 del Código Penal; por su parte, el art. 17 LECR determinaba ya entonces qué han de considerarse delitos conexos, otorgando este carácter, entre otros, a los diversos delitos que se imputen a una persona al incoarse contra la misma, causa por cualquiera de ellos, si tuvieren analogía o relación entre sí, a juicio del tribunal, y no hubiesen sido hasta entonces sentenciados (art. 17.5º LECR).

A decir verdad, el Tribunal Supremo no desconoce la existencia de estas normas procesales, y de hecho en otro lugar de su fundamentación jurídica alude expresamente al último precepto mencionado, concretamente cuando expone las “diversas clases” de conexión que pueden presentarse entre diferentes hechos enjuiciados: “la llamada conexión procesal, que obliga a interpretar la misma de conformidad con la regla 5ª del art. 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir, fundada en la analogía o relación entre los diversos delitos que se imputen a una persona que no hubieren sido hasta entonces sentenciados; la denominada conexión material, que responde a exclusivos criterios de acumulación de delitos, a modo de concurso real, sin fijarse en la índole o entidad de tales infracciones; y finalmente, la conexidad temporal, que considera la agrupación por épocas delictivas”. Sin embargo, el Tribunal Supremo parece despreciar todos estos criterios (también los contenidos en el art. 17 LECR), decantándose en su lugar por un “sentido hermenéutico (sic) de la llamada ‘acumulación de condenas’, que responda a las reglas del concurso real”, razón por la cual, señala, “la jurisprudencia ha interpretado con mucha amplitud y flexibilidad el mencionado requisito de la conexidad, de modo que todos los delitos que sean imputados a una persona, pueden ser (o podrían haber sido) objeto de enjuiciamiento conjunto (en un solo proceso), abriendo la vía de la acumulación jurídica, con el efecto de la aplicación de tales limitaciones”.

De este modo, prescindiendo de lo dispuesto en normas plenamente vigentes (que entre otras cosas reconocen a cada órgano juzgador que resulte competente un cierto margen de discrecionalidad a la hora de apreciar la conexidad), el Tribunal Supremo impone su visión del asunto sin posibilidad de réplica: En la acumulación de condenas debe atenderse exclusivamente a la cronología de los hechos, así que “únicamente se excluyen aquellos hechos delictivos que pretendan acumularse a otros que ya hayan sido objeto de enjuiciamiento, existiendo, por consiguiente, una previa sentencia firme. Este criterio cronológico es, por el contrario, firme y rigurosamente exigido por la jurisprudencia, de modo que los hechos posteriores cometidos tras una sentencia condenatoria no pueden ser, de modo alguno, objeto de acumulación a otros ya enjuiciados”.

Con la argumentación anterior se rechazaba la conclusión a la que había llegado la Audiencia Nacional y se le daba la razón al recurrente en su pretensión esencial: debía procederse a la refundición de sus condenas en un solo periodo de máximo cumplimiento. Pero la cosa, desde luego, no iba a quedar así. Con la inequívoca intención de evitar que Parot saliera de prisión, el Tribunal Supremo decidió obviar por completo lo que había sido hasta ese momento su criterio unánime a la hora de contabilizar la redención de penas por el trabajo en la liquidación de condenas; cuestión que, por cierto, ni había sido mencionada en el Auto de la Audiencia Nacional, ni desde luego en el recurso interpuesto por el condenado[15].

Las bases de la “Doctrina Parot”

Para desdecirse de lo afirmado hasta ese momento respecto de la redención de las penas en la liquidación de condenas, el Tribunal Supremo no tuvo empacho en soliviantar algunas de las bases esenciales del sistema penal de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, como es la finalidad preventiva de las penas y su orientación a la reeducación y reinserción social del reo, establecida en el art. 25.2 de la Constitución. Obviamente la Sentencia no desconoce el contenido de tal precepto constitucional, pero entiende ahora (esto es, a propósito del caso Parot), que la reinserción social “ha de armonizarse con otros principios, particularmente el de la prevención especial, que en delitos muy graves se combina también con criterios retributivos de la pena […]. En consecuencia, la reinserción social no es el único fin de la pena y, por tanto, existen razones de prevención especial y de justicia que son también funciones legítimas de las penas”. A partir de esa “razón de justicia”, el Tribunal Supremo va deslizando otras consideraciones que, francamente, parecen entrar en abierta contradicción con la aplicación del criterio cronológico en la refundición de condenas que propugna, y que le permitió rechazar de plano el aplicado por la Audiencia Nacional.

Así, se afirma que “el autor de las diversas infracciones cometidas debe cumplir todas o la mayor parte de las penas impuestas, sin que pueda igualarse, concediéndosele el mismo trato punitivo, al autor de un solo delito que al seriado criminal que tiene sobre sus espaldas un amplio historial delictivo”, o que “en el caso de un condenado por 150 asesinatos, unos consumados y otros en grado de tentativa acabada, el principio de humanidad estará siempre al lado de las víctimas”. Tan progresistas consideraciones son seguidas de otras, teñidas del mismo componente ideológico, en las que el Tribunal Supremo se permite poner en tela de juicio el criterio del propio legislador, afirmando que la limitación general del cumplimiento total de la condena al triplo del tiempo por el que se le impusiera la pena más grave “obedece a discutibles razones de política criminal, porque rompe con el principio constitucional de cumplimiento de las penas, que resulta del contenido del art. 118 de la Constitución Española […] y establece un cierto principio de impunidad, por el que resulta que el autor de más de tres delitos de la misma gravedad, no cumplirá sanción alguna por todos los restantes, sin fundamento alguno, cualquiera que sea su número, y que origina situaciones de trato discriminatorio respecto de otro sujeto que cometiendo idénticas infracciones tenga ya alguna sentencia condenatoria que rompa con la posibilidad de tal acumulación”.

La descalificación que realiza el Tribunal Supremo de la ratio legislatoris parece constituir la coartada idónea para inventar una especie de ratio legis ad hoc[16], que le permite reinterpretar el contenido del art. 70 CP73 conforme a las actuales preferencias del órgano juzgador y de un modo que debería causar, además de escándalo, cierto sonrojo. Así, y a pesar de que la STS de 8 de marzo de 1994 había afirmado expresamente que “la pena señalada en el art. 70.2 del Código Penal, el límite de 30 años en este caso, opera ya como una pena nueva, resultante y autónoma, y a ella deben referirse los beneficios otorgados por la Ley como son la libertad condicional y la redención de penas”[17], en el asunto Parot el Tribunal Supremo da un giro de 180 grados para afirmar ahora justo lo contrario, esto es, que “una interpretación conjunta de las reglas primera y segunda del mencionado art. 70 del Código penal, texto refundido de 1973, nos lleva a considerar que el límite de treinta años no se convierte en una nueva pena, distinta de las sucesivamente impuestas al reo, ni por consiguiente, en otra resultante de todas las anteriores, sino que tal límite representa el máximo de cumplimiento del penado en un centro penitenciario”. Con ello, el camino que evitaría la excarcelación de Parot ya quedaba claro: si los treinta años de máximo cumplimiento no constituyen una nueva pena, no deben aplicarse sobre ese tiempo las redenciones de que pueda beneficiarse el reo, sino sobre las penas concretas que hayan sido impuestas al condenado por cada uno de los delitos cometidos[18]. Conforme a lo anterior, concluye el Tribunal, “teniendo en cuenta que, como surge del escrito del recurso, el ahora recurrente fue puesto en prisión en 1990, deberá cumplir las penas que se le impusieron en los distintos procesos en forma sucesiva, computándosele los beneficios penitenciarios respecto de cada una de ellas individualmente, con un máximo de ejecución de treinta años, que se extenderá hasta el año 2020”.

Objetivo conseguido.

El voto particular

Tres de los miembros que formaron la Sala que dictó sentencia en el “caso Parot” decidieron valientemente expresar su opinión contraria al criterio de la mayoría en un voto particular[19], “pues lo que propone como una mera interpretación innovadora de la regla 2ª del art. 70 del Código Penal de 1973, es, en realidad, una alteración drástica del sentido de la norma y de su contexto prescriptivo”. Los argumentos que expusieron en dicho voto particular estos tres magistrados en contra del fallo mayoritario hablan por sí solos:

En primer lugar, se señala que el contenido del art. 70.2 CP73 debía ser interpretado en relación con los restantes preceptos relativos al cumplimiento de las penas, como los artículos 49 (a los autores de un delito o falta se les impondrá la pena […] señalada por la ley) y 69 (al culpable de dos delitos o faltas se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones para su cumplimiento simultáneo, si fuera posible). De este modo, en los supuestos de cumplimiento sucesivo en los que resulte aplicable lo establecido en el art. 70, “las penas impuestas en la sentencia, tratadas conforme a las reglas de aplicación previstas, se transforman –‘se refunden’, dice la jurisprudencia- en otra de la misma naturaleza, pero distinta. Distinta porque en ella se integran diversas penas para formar una sola […]. Sobre esa “unidad punitiva” resultante, y conforme a ese mismo Código Penal, “operará normalmente (en realidad, por regla general), la redención de penas por el trabajo; que, según la previsión del art. 100, incide sobre las impuestas, una vez tratadas conforme a las mencionadas reglas de aplicación, ‘para el cumplimiento’”[20]. Como señalan los mismos magistrados que suscriben el voto particular, la mejor prueba de que ésta era la interpretación correcta viene constituida por el propio CP95 y sus posteriores reformas (especialmente la operada por Ley Orgánica 7/2003), que son fiel reflejo de “hasta qué punto el legislador fue consciente de que el Código derogado no prestaba base legal para una decisión como la que aquí se cuestiona; que es por lo que consideró necesario modificar de manera sensible su régimen de cumplimiento de las penas”.

En segundo lugar, recuerdan estos magistrados cómo “en fechas no lejanas, todos los tribunales españoles -es decir, todos sin excepción, éste incluido- cuando entró en vigor el Código Penal de 1995, tanto al enjuiciar los casos pendientes en ese momento, como en el trámite de revisión de las condenas en curso de ejecución, para determinar la ley penal más beneficiosa, partieron del dato normativo, nunca cuestionado, de que sobre la pena resultante de la aplicación de la regla 2ª del art. 70 del Código Penal de 1973 tendría que incidir la redención de penas por el trabajo. Y fue en vista de esa previsión legal de disminución a partir del triplo de la pena máxima o de los 30 años, como los penados optaron por uno u otro código penal. Más aún, esta sala declaró que para hacer el estudio comparativo de las penas a ejecutar y así determinar el código más favorable en cada caso, habían de tenerse en cuenta las deducciones del tiempo sumado de redención por el trabajo (cfr. los acuerdos adoptados en los Plenos no jurisdiccionales de 18 de Julio 1996 y 12 de Febrero de 1999)”. Al respecto, los magistrados discrepantes señalan que, “recientemente, no menos de 16 penados por terrorismo, algunos condenados a penas de prisión centenarias, una vez fijado -conforme al Código Penal de 1973- el máximo de pena a cumplir en 30 años, se beneficiaron de la redención de penas por el trabajo según el criterio que aquí se defiende”.

En tercer lugar, se invoca en el voto particular la irretroactividad de las normas penales, como dogma intangible del Estado de Derecho (recogido en el art. 9.3 CE), el principio de igualdad ante la ley (consagrado en el art. 14 CE, y que no admite excepciones en materia de enjuiciamiento y cumplimiento de penas, ni tan siquiera para casos de terrorismo) y el derecho fundamental a la libertad personal (establecido en el art. 17 CE)[21]). Principios todos ellos que son ignorados en el fallo mayoritario, que “no es, simplemente, una relectura, sino una verdadera reescritura del texto del art. 70, 2ª del Código Penal de 1973. Pues, en efecto, una vez fijado el máximo de cumplimiento a tenor de esta regla mediante la refundición de la totalidad de las penas impuestas, y alcanzado el límite máximo de 30 años; en vez de operar directa y únicamente con él, se retrocede en el proceso de acumulación, para actuar de forma individualizada sobre cada pena en la aplicación de los beneficios penitenciarios, según una inédita técnica de desagregación no prevista en aquel texto. Y que equivale, lisa y llanamente, a aplicar de manera tácita -y retroactiva en perjuicio del reo- el art. 78 del Código Penal de 1995, en su actual redacción debida a la LO 7/2003[22].

En cuarto lugar, critican los magistrados discrepantes la alusión al art. 118 CE que realiza el voto mayoritario (cuando sugiere que la jurisprudencia mantenida hasta ese momento sobre el art. 70.2º CP73 conllevaría la inobservancia de lo resuelto en los distintos fallos condenatorios a Parot), porque “razonando de este modo se olvida que las sentencias deben dictarse sólo con arreglo a la ley vigente. Que la observancia de esta exigencia es condición sine qua non de la legitimidad de las mismas. Y que el criterio de política criminal inspirador del precepto tantas veces citado, que -hoy- la mayoría considera ‘discutible’, expresa una opción del legislador que en este momento jurisdiccional debe ser respetada”. Obviamente, los magistrados discrepantes son conscientes de “que tal giro interpretativo tiene que ver con la llamativa singularidad del caso concreto, es decir, con el sanguinario historial del recurrente y su cruel autocomplacencia en lo realizado. Y que tampoco es ajeno al comprensible eco de ambos factores en los medios de comunicación y en la opinión. Pero ni siquiera tales circunstancias pueden justificar una quiebra de los parámetros de aplicación del derecho que constituyen la normalidad de la jurisprudencia. Por un imperativo de estricta legalidad, e incluso -si es que aquí pudieran contar- por las mejores razones de política criminal. Pues, como nadie ignora, una práctica común en la estrategia de las organizaciones terroristas consiste en inducir al Estado de derecho a entrar en esa destructiva forma de conflicto consigo mismo que representa el recurso a medidas excepcionales”.

Finalmente, llama la atención el voto particular sobre el hecho de que tanto el recurso planteado por el condenado como el del Ministerio Fiscal interesaban exclusivamente la anulación de la refundición llevada a cabo por la Audiencia Nacional, dando por supuesto que nada se oponía a que se aplicasen las redenciones a que hubiera lugar a la pena máxima legal (esto es, treinta años). De este modo, el fallo condenatorio desbordaba los límites de la pretensión, implicando además una “verdadera reformatio in peius, con clara afectación negativa de la materialidad del derecho de defensa, debido a que el recurrente no ha tenido en ningún caso la oportunidad de discutir ese criterio emergente”.

4.   El caso Inés del Río

A decir verdad, el “riesgo de excarcelación inmediata” de Henri Parot ya había sido neutralizado antes del pronunciamiento de la Sentencia del Tribunal Supremo que lleva su nombre, y ello por obra y gracia de un nuevo procesamiento, esta vez por haber escrito en junio de 2001 desde prisión una carta a la cúpula de ETA, que fue encontrada en el transcurso de una operación de la policía francesa, y que se entendió formaba parte de una correspondiente dirigida a “influir en las acciones de la organización, proponiéndoles un determinado modo de desarrollar su actividad, buscando objetivos más vitales contra el Estado, como forma de lograr sus objetivos”. Fijando los anteriores como hechos probados, la Sentencia 3/2007, de 2 de febrero, de la Audiencia Nacional no tuvo problemas en condenar a Parot a 11 años más de prisión por un delito de pertenencia a banda armada, nueva condena que era impuesta conforme a las reglas del CP95 y que, en definitiva, venía a sumarse a la anterior sin posibilidad de ser refundida con ésta, dada la interpretación del elemento conexidad mantenida, sin posibilidad de réplica, por el Tribunal Supremo. Con esta nueva condena, en definitiva, se daba carpetazo al asunto Parot, por la misma vía que se había utilizado unos meses antes con De Juana Chaos.

Pero el caso Del Río Prada no permitía una solución tan expedita, pues no fue posible encontrar indicios de una actividad delictiva posterior a sus condenas que permitieran instar nuevos procedimientos penales contra ella. En síntesis, la cronología de los hechos de este caso es la siguiente:

– Inés del Río permaneció en detención preventiva del 6 de julio de 1987 al 13 de febrero de 1989. El 14 de febrero comenzó a cumplir su primera condena.

– El 30 de noviembre de 2000, la Audiencia Nacional le notificó que la conexidad jurídica y cronológica de los delitos por los que había sido condenada permitía la acumulación de las penas impuestas, estableciéndose 30 años de prisión como límite máximo. El 15 de febrero de 2001 el mismo Tribunal estableció el día 27 de junio de 2017 como fecha inicial de liquidación de condena.

– El 24 de abril de 2008, y teniendo en cuenta los 3.282 días de remisiones de pena por el trabajo concedidos a Del Río por Jueces de Vigilancia Penitenciaria y Audiencias Provinciales entre 1993 y 2004, el centro penitenciario donde se hallaba encarcelada propuso el día 2 de julio de 2008 como fecha de su puesta en libertad.

– El 19 de mayo de 2008, la Audiencia Nacional rechazó la propuesta anterior y solicitó a la autoridad penitenciaria la fijación de otra fecha de puesta en libertad conforme a la “Doctrina Parot”. De acuerdo con la nueva propuesta, el Auto de la Audiencia Nacional de 23 de junio de 2008 fijaba el 27 de junio de 2017 como fecha definitiva de excarcelación, decisión que fue confirmada por el mismo órgano juzgador el 10 de julio de 2008, desestimando el recurso de súplica interpuesto por la interesada.

Los pronunciamientos del Tribunal Constitucional

Según se señala en los Antecedentes de la propia Sentencia de la Gran Sala del TEDH, la representación de Inés Del Río interpuso un primer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional invocando los artículos 14, 17, 24 y 25 de la CE, que fue inadmitido por Auto de 17 de febrero de 2009, aduciendo dicho Tribunal la falta de justificación de la demandante en torno a la trascendencia constitucional de sus quejas. No obstante, el 11 de noviembre de ese mismo año se interpuso un nuevo recurso de amparo, en el que se solicitaba por otrosí la suspensión de la ejecución de las resoluciones de la Audiencia Nacional. El Alto Tribunal también rechazó esta pretensión mediante Auto 94/2012, de 21 de mayo (esto es, tres años y tres meses más tarde), razón por la cual Del Río Prada desistió de su recurso de amparo en septiembre de 2012.

En cualquier caso, el Tribunal Constitucional ya había tenido oportunidad de pronunciarse sobre la “Doctrina Parot” en la treintena de recursos de amparo que se interpusieron por diversos afectados por su aplicación, y que fueron resueltos prácticamente en bloque en marzo de 2012 (esto es, seis años después de la presentación del primer recurso). No obstante, se trató de pronunciamientos “en falso”: el Tribunal Constitucional se limitó a conceder el amparo en los tres casos en que comprobó que las resoluciones judiciales sobre las respectivas liquidaciones de condenas ya eran firmes antes de que se procediera a su revisión conforme a los postulados de la “Doctrina Parot” (revisión que en muchos supuestos se comunicó a los condenados días antes del previsto para su excarcelación)[23]; en los otros veinticinco recursos que fueron admitidos a trámite, nuestro Tribunal Constitucional rechazó las pretensiones de los recurrentes, aferrándose para ello a un criterio absurdo por excesivamente formalista (la ausencia de referencias al art. 100 CP73 en las resoluciones que se refieren a la pena a cumplir) y evitando en todo momento entrar siquiera mínimamente en el análisis de la nueva interpretación acuñada por el Supremo. Algunos de los argumentos esgrimidos en la STC 40/2012, de 29 de marzo de 2012, pueden ilustrar tanto el modo de argumentar de la mayoría del Pleno Tribunal Constitucional, como las razones que avalaron la presentación de varios votos particulares contrarios al fallo dictado en la resolución de todos estos recursos[24].

Así, la posible vulneración del derecho fundamental a la legalidad penal (art. 25.1 CE) que supondría la modificación del sistema de cómputo de la redención de penas por el trabajo, y que en estos supuestos derivaba lógicamente en una lesión del derecho a la libertad personal (art. 17 CE), fue rechazada, apoyándose para ello en la supuesta distinción existente entre “pena” y “ejecución de la pena”. En efecto, la mayoría del Pleno del Tribunal Constitucional entendió que dicha cuestión quedaba fuera del ámbito tutelador del art. 25.1 CE, en la medida en que la “Doctrina Parot” constituía una interpretación de la que no se derivaba “ni el cumplimiento de una pena mayor que la prevista en los tipos penales aplicados, ni la superación del máximo de cumplimiento legalmente previsto”. Para avalar dicha conclusión, el fallo mayoritario invocaba determinada jurisprudencia del TEDH dictada en aplicación del art. 7.1 del Convenio[25]: la STEDH, de 10 de julio de 2003 (Grava c. Italia) y la de 15 de diciembre de 2009 (Gurguchiani c. España)[26]. Sin embargo, como se señala en el voto particular de Asúa Batarrita, con ello (quizá interesadamente) se obviaba otras sentencias europeas en las que se había mantenido una posición contraria a establecer la distinción entre penas y medidas de ejecución de la misma en base a criterios formales y apriorísticos (como la STEDH de 12 de febrero de 2008, Kafkaris c. Chipre[27]); de este modo, la constitucionalidad o no del cambio de criterio que implicaba la Doctrina Parot debería haber sido analizada “atendiendo al fundamento material del derecho consagrado en el art. 25.1 CE porque tal cambio de criterio altera de forma sustancial la previsión racionalmente fundada sobre la duración efectiva de la pena que la persona condenada pudo establecer al comenzar su ejecución”.

Como se ha mencionado, la mayoría del Pleno del Tribunal Constitucional no osó cuestionarse la bondad constitucional de tal Doctrina, arguyendo que “no nos corresponde pronunciarnos directamente sobre cómo interpretar y aplicar al caso el art. 70 en relación con el art. 100 CP 1973, y sobre cuál ha de ser el límite de cumplimiento y el modo de computar las redenciones, pues se trata de decisiones de ejecución de lo juzgado  que, de acuerdo con el art. 117 CE corresponden en exclusiva a los órganos judiciales”. Sí lo hizo en cambio el voto particular ya citado, el cual, tras realizar varias (y acertadas) consideraciones críticas en torno a la artificiosa (y alegal) distinción entre “condena” y “pena” que formuló el Tribunal Supremo para justificar su nueva interpretación, vino a afirmar lo que ya a todas luces resultaba evidente: que la Doctrina Parot se dictó porque a este órgano judicial le parecía inadecuado que el máximo legal de cumplimiento efectivo afectara por igual tanto a una condena de treinta y dos años como a una de trescientos veinte. Sin embargo, aun admitiendo que tal equiparación constituya una falla legal (cuestión harto discutible), concluye el voto particular que “un defecto de este cariz en la norma penal no legitima una reconstrucción judicial de la misma […]. En definitiva, trasladar las pautas político-criminales del nuevo código a la aplicación del anterior formalmente ya derogado, no solo no puede resolver los problemas de disparidad apuntada sino que aboca a incoherencias sistemáticas graves porque una interpretación de una norma preexistente no puede llegar a establecer matizaciones incompatibles con el tenor de la ley, que solo el legislador puede fijar con la precisión requerida”.

La Sentencia del TEDH

A la vista de lo anterior, no puede extrañar que Del Río Prada decidiera abandonar la vía jurisdiccional española antes de agotarla y presentar en agosto de 2009 su demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la que denunciaba entre otras cosas la infracción del art. 7 del Convenio que suponía la aplicación retroactiva de la Doctrina Parot. La demanda fue atribuida a la Sección Tercera del TEDH, la cual se pronunció a favor de la demandante el 10 de julio de 2012[28]en cuanto a la vulneración del precepto citado, empleando para ello algunos argumentos que ya fueron puestos de manifiesto tanto por los magistrados discrepantes de la Sentencia del Tribunal Supremo que originó la Doctrina Parot, como por los que disintieron de la Sentencia del Tribunal Constitucional que la legitimó.

En efecto, la Sala de la Sección Tercera del TEDH que conoció de este asunto entendió que, si bien las disposiciones del CP73 aplicables a la redención de penas y al tiempo máximo de condena eran un tanto ambiguas, en la práctica tanto las autoridades penitenciarias como los órganos judiciales españoles trataban el máximo de cumplimiento efectivo como una pena nueva e independiente, a la que debían aplicarse los beneficios penitenciarios, redención de penas por el trabajo incluida. En el momento en que fueron juzgados los hechos cometidos por la demandante y adoptada la decisión de acumular sus penas (noviembre de 2000), razona el Tribunal, tanto la legislación española aplicable como la jurisprudencia emitida al respecto eran lo suficientemente precisas como para permitir a la recurrente “discernir en medida razonable el alcance de la pena impuesta y su forma de ejecución”. De este modo, la nueva interpretación dada por el Tribunal Supremo sobre el cómputo de la redención de penas por el trabajo había tenido el efecto, retroactivo y desfavorable, de ampliar el tiempo en prisión de la interesada en casi nueve años, privándole así de un acortamiento de la condena al que de otra forma habría tenido derecho. Tal medida, prosigue el Tribunal Europeo, “no sólo afectaba a la ejecución de la pena impuesta a la recurrente, sino que tenía un impacto decisivo en el alcance efectivo de la misma a efectos del artículo 7”, haciendo difícil, “por no imposible, para la recurrente imaginar, tanto en el momento de comisión del delito como en el de acumulación de las penas y fijación de una condena máxima, que el Tribunal Supremo se desviaría en 2006 de su anterior jurisprudencia para modificar los mecanismos de redención de penas; y que, por ende, esa nueva interpretación se aplicaría a su caso y resultaría en un internamiento sustancialmente más largo”. Es por ello que “los tribunales nacionales no pueden, retroactivamente y en perjuicio de las personas interesadas, aplicar las políticas penales que sustentan cambios legislativos, cuando éstos se han introducido con posterioridad a la comisión de un delito”.

El 4 de octubre de 2012 el TEDH recibió por parte del gobierno español una petición de remisión a la Gran Sala, petición a la que se accedió el 22 de octubre, celebrándose audiencia pública el 20 de marzo de 2013, en la que el gobierno se dedicó a repetir los argumentos esgrimidos por la STS 197/2006 y a ensalzar sus virtudes (virtudes que además habían sido ratificadas por nuestro excelso Tribunal Constitucional), amén de acusar al TEDH de haberse alejado en este caso de su propia doctrina jurisprudencial (¡!), respecto de la diferenciación entre penas y medidas de ejecución. Sin embargo, ni las observaciones de la Comisión Internacional de Juristas (a la que también se solicitó su opinión sobre el asunto), ni la propia valoración realizada por la Gran Sala del TEDH, fueron favorables a la pretensión del gobierno español.

Para empezar, la Gran Sala recuerda que en asuntos anteriores (como el caso Kafkaris) ya había reconocido que, en la práctica, la distinción entre pena y medidas de ejecución no es siempre nítida, y que determinadas interpretaciones de ciertas normas penitenciarias pueden trascender la mera ejecución de la condena para afectar de lleno a la pena misma. Por otro lado, y también conforme a lo declarado en otras decisiones anteriores (como la del asunto Hirsi Jamaa y otros c. Italia), el Tribunal europeo señala que la palabra “impuesta,” empleada en la segunda frase del art. 7.1 del Convenio, “no puede interpretarse que excluya de su ámbito de aplicación a todas las medidas adoptadas después de pronunciarse la sentencia” (entre otras cosas porque el Convenio debe interpretarse y aplicarse “de forma que los derechos en él reconocidos resulten efectivos en la práctica y no teóricos”), siendo posible por consiguiente que tanto una disposición legislativa como una medida administrativa o una sentencia judicial posteriores a la condena definitiva puedan redefinir o modificar el alcance de la “pena” impuesta por el tribunal sentenciador, conculcando el principio de irretroactividad consagrado en el art. 7.1 in fine del Convenio. Además, la Gran Sala especifica que la noción de “Derecho” (“law”) utilizada en el art. 7 incluye tanto el “legislativo” como el “jurisprudencial” e implica ciertas cualidades, como las de accesibilidad y previsibilidad, de modo que también las interpretaciones judiciales, si bien necesariamente pueden ser cambiantes para adaptarse a las circunstancias en que se producen, han de ser en todo caso razonablemente previsibles para no incurrir en una violación del art. 7, pues de otro modo “no se atendería al objeto y el objetivo de esta disposición –que pretende que nadie sea sometido a actuaciones judiciales, condenas o sanciones arbitrarias-“.

A partir de aquí, el resto del contenido de la sentencia era igualmente previsible: El TEDH considera que “la aplicación a la demandante de la nueva jurisprudencia retrasó de manera efectiva la fecha de su puesta en libertad en casi nueve años. En consecuencia, ella ha cumplido un período de prisión superior a aquél que habría cumplido de acuerdo con la legislación en vigor en el momento de su condena, tomando en cuenta las reducciones de condena que le habían sido ya reconocidas de acuerdo con la ley […]. El Tribunal concluye que a partir del 3 de julio de 2008 la privación de libertad de la demandante no ha sido “legal”, con infracción del art. 5.1 del Convenio. […] Teniendo en cuenta las circunstancias específicas de este caso y la urgente necesidad de poner punto final a las infracciones del Convenio que se declaran, entiende que incumbe al Estado demandado asegurar que la demandante sea puesta en libertad en el plazo más breve. Además, el Tribunal concede a la demandante 30.000 euros por los daños morales causados, más los intereses de demora que procedan.[29]

5.   Refundición de condenas y prisión perpetua: Algunas reflexiones

Afortunadamente la Doctrina Parot ya es historia. Su anulación por parte del TEDH debiera suponer un “tirón de orejas” para quienes dictan ciertas resoluciones judiciales con la pretensión, en determinadas situaciones o ante determinados sujetos enjuiciados, de imponer su visión político criminal por encima de lo dictaminado por otros tribunales, o de lo regulado por el propio legislador. Sin embargo, una de las cuestiones suscitadas, o resucitadas, por la STS 198/2006 no fue objeto de consideración en el fallo europeo que pone fin al asunto Del Río Prada. Me refiero a la refundición de condenas y a los criterios elaborados por el Tribunal Supremo para aplicarla. Tras la Sentencia del TEDH, esos criterios se mantienen inalterados, a pesar de constituir, al igual que lo fue la propia Doctrina Parot, un ejemplo palpable de una cierta “creación judicial del derecho” que entra en abierta contradicción con los pilares fundamentales de nuestro Estado democrático al sustituir la voluntad general de la ciudadanía, representada en las normas aprobadas por el poder legislativo, por la voluntad de un puñado de jueces, aunque estos sean magistrados del Tribunal Supremo[30]

Antes de exponer las razones que avalan la afirmación anterior quizá sea conveniente resumir los argumentos que permitieron al TS acuñar la “Doctrina Parot”. Así, con la loable finalidad de hacer efectivos “los principios de humanización de las penas y vocación de reintegración social contenidos en el art. 25 de la CE” en la refundición de condenas, el TS mantuvo su interpretación de los artículos 76 CP95 (antes 70.2 CP73), 988 y 17 LECR, interpretación que prácticamente deja sin contenido a este último al prescindir de los criterios establecidos en su número 5º (analogía, relación, “juicio del Tribunal”) en favor del cronológico. Sin embargo, los objetivos humanizadores y reinsertadores fueron convenientemente olvidados a la hora de aplicar, en casos concretos con nombres y apellidos, una institución dirigida a desarrollar esos mismos principios limitadores, como era la redención de penas por el trabajo. Para dar una solución ad hoc a esos casos, que contentara a la “opinión pública” retrasando la excarcelación de los delincuentes más odiados, el TS no dudó tampoco en obviar otro de los principios que constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, el de irretroactividad, y en justificar su nueva interpretación, carente por completo de base legal, en la retribución, fin de la pena que aparece ciertamente alejado (cuando no en las antípodas) de otros principios que son invocados de forma simultánea. La conclusión de todo este despropósito no podía ser más absurda: se accede a la refundición de casi cuatro mil años de condena en un “cumplimiento máximo” (que no se sabe qué es, pero que se niega que sea una nueva pena) de treinta años, porque los principios de humanidad de las penas y resocialización del delincuente así lo exigen; en cambio, se afirma que los días redimidos por actividades realizadas en prisión deben descontarse no ya de ese cumplimiento máximo, sino de cada una de las penas cuya suma asciende a los casi cuatro mil años, porque el fin retributivo así lo exige.

Como se decía, el anterior despropósito fue por fortuna anulado por la Sentencia del TEDH, fallo que lamentablemente no puede beneficiar a los condenados por hechos cometidos tras la entrada en vigor del CP95, que no sólo deroga la redención de penas por el trabajo sino que, desde 2003, permite legalmente el cumplimiento íntegro de condenas de hasta cuarenta años. Pero aún permanecen inalteradas las consecuencias que se extraen de la interpretación que realiza el TS, sin posibilidad de réplica, de la institución de la refundición de condenas. Y esas consecuencias, quizá inevitables, pueden sin embargo suscitar la incomprensión de la ciudadanía.

En efecto, de conformidad con lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pueden ser “refundidos” en una única condena (de 20, 30 ó 40 años, según los casos) todos los hechos delictivos que fueren realizados antes de recaer sentencia en la primera causa que se ocupe de alguno de dichos hechos. Ésta es la verdadera razón del porqué los casi cuatro mil años por la comisión de varios atentados impuestos a Henri Parot, o los más de dos mil años impuestos por hechos similares a Inés Del Río Prada, pudieron ser refundidos en un cumplimiento máximo que, de haber prosperado la doctrina del TS, hubiera sido de treinta años en lugar de veinte.

Como consecuencia de lo anterior, cualquier condena recaída por nuevos hechos, cometidos después de haber sido enjuiciados los anteriores no son de ningún modo susceptibles de acumulación, de forma que la nueva condena deberá ser cumplida a continuación del tiempo inicialmente establecido como máximo cumplimiento efectivo. El planteamiento general que lleva al TS a llegar a esta conclusión puede resultar comprensible (evitar la impunidad de aquéllos que, tras cumplir el máximo de tiempo efectivo en prisión por acumulación, vuelvan a cometer delitos), pero inevitablemente puede también implicar resultados materialmente injustos, cuando se trata de delincuentes multirreincidentes que, sin embargo, no tienen en su haber ningún delito de sangre. Al respecto, baste con citar el caso de Juan José Moreno Cuenca, alias El Vaquilla. Su primer ingreso en la cárcel se produjo en 1975, cuando tenía 14 años. Una vez en prisión, El Vaquilla protagonizó incidentes, alborotos y fugas, lo que agravó su situación penal, de tal manera que los seis años iniciales de condena se fueron multiplicando progresivamente, tras los diversos delitos cometidos durante su permanencia en diversas prisiones. En abril de 2000, fue condenado a otros 24 años y seis meses de prisión por pequeños robos cometidos durante los cinco días que permaneció fugado en julio de 1999. Su última condena recayó en julio de 2002, por la comisión de una falta contra el orden público consistente en insultar a varios funcionarios de la prisión de Brians, a los que llamó “perros carceleros”. Su salida de la cárcel en libertad condicional estaba prevista para febrero de 2007, pero falleció en diciembre de 2003 a los 42 años de edad, tras pasar más de la mitad de su vida en prisión. Juan José Moreno Cuenca nunca había sido condenado por delitos de sangre[31].

Por otro lado, no parece adecuado equiparar los hechos delictivos cometidos por el excarcelado, una vez ha salido de prisión tras cumplir su sentencia, con aquellos otros cometidos dentro de la cárcel que sean análogos o estén relacionados con la actividad delictiva que le llevó a prisión, y ello por más que la ignorancia de estos dos criterios, expresamente recogidos en el número 5 del art. 17 LECR, le viniera de perlas al TS para ampliar la estancia en la cárcel de Henri Parot. Veamos un ejemplo: un individuo es condenado a cuatro penas de 25 años de prisión por asesinar a cuatro miembros de una banda enemiga; cuando se halla en la cárcel cumpliendo su condena, coincide con el quinto miembro de la misma banda, al que lesiona causándole la pérdida de un ojo, hecho que se enjuicia como lesiones graves, condenando al culpable con una nueva pena de 10 años de prisión. Si tal individuo hubiera podido asesinar a los cinco miembros de la banda antes de ser detenido por la policía, el máximo de cumplimiento efectivo por los cinco asesinatos cometidos sería, conforme al art. 76 CP95 en vigor, de 40 años; en cambio, dado que no consiguió alcanzar su meta, y que solo pudo lesionar al quinto miembro una vez ingresado en prisión, a los 40 años de cumplimiento (por los hechos iniciales ya enjuiciados) deberá añadirse una nueva condena de 10 años (correspondiente a los hechos posteriores al primer enjuiciamiento, y ello a pesar de la evidente conexión que guardan con los primeros, por su analogía y relación entre sí, aunque no conforme al criterio cronológico impuesto como conditio sine qua non por el Tribunal Supremo), con lo que, a la postre, cumplirá más tiempo en prisión por haber sido torpe.

En la Sentencia Parot, el Tribunal Supremo pretendió reforzar su interpretación en favor de la sola consideración del criterio cronológico aludiendo a la reforma penal operada por la LO 7/2003, que habría incluido dentro del art. 76.2 CP95 una referencia expresa a dicho criterio. En efecto, el art. 76.2 dispone que las limitaciones al cumplimiento de penas establecidas en el apartado anterior se aplicarán aunque las penas se hayan impuesto en distintos procesos si los hechos, por su conexión o el momento de su comisión, pudieran haberse enjuiciado en uno sólo. Como puede comprobarse, la nueva redacción dada en 2003 al artículo 76.2 no significaba la supresión de la referencia a la “conexión” de los hechos, sino que añadía a continuación la expresión el momento de su comisión precedida de la disyuntiva o, de modo que caben otras interpretaciones.

O quizá debiera decirse que cabían otras interpretaciones, pues el Proyecto de Código Penal de 2013 prevé la modificación del artículo 76.2  en los siguientes términos: La limitación se aplicará aunque las penas se hayan impuesto en distintos procesos cuando lo hayan sido por hechos cometidos antes de la fecha en que fueron enjuiciados los que, siendo objeto de acumulación, lo hubieran sido en primer lugar. Con tal modificación, según se expresa en la Exposición de Motivos del Proyecto, se pretende fijar con claridad –conforme al criterio consolidado en la jurisprudencia- las condiciones en las que procede la aplicación de los límites de condena a las que hayan sido impuestas en diversos procedimientos.

La “conexidad” entre el actual gobierno de la nación y el Tribunal Supremo parece, en definitiva, evidente.

 

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  1. [1] En sentido similar, Muñoz Clares (2012: 1 ss.).
  2. [2] Cfr. http://www.europapress.es/nacional/noticia-gallardon-esgrime-excarcelaciones-etarras-pedir-apoyo-congreso-prision-permanente-revisable-20131212145946.html. Revisado el 27 de diciembre de 2013.
  3. [3] Cfr. Luzón Peña (2013: 14-15). “El delincuente por convicción es alguien que ni precisa ser corregido ni resulta merecedor de retribución, sino sólo uno que –rebatible o no- piensa de otra manera, un adversario del actual poderío moral, religioso o político, a quien ciertamente cabe combatir en interés de la preservación de aquél, pero al cual no se puede imponer con sensatez medidas correctivas o retributivas. […] la palabra ‘encierro’ persigue caracterizar la pena homónima como mera privación de libertad orientada a la finalidad del aseguramiento del recluso, amén de intimidar, acaso, a los demás, pero sin las tareas de la retribución que doblega la voluntad o del influjo corrector, sin el rasgo de superioridad moral del Estado que pune sobre el penado, quien normalmente participa en el ser de la pena” (Radbruch, 2005: 4).
  4. [4] El art. 70.2 del Código Penal de 1973 (CP73) establecía que el máximo de cumplimiento de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le impusiere la más grave de las penas en que haya incurrido, dejando de extinguir las que procedan desde que las ya impuestas cubrieren el máximum de tiempo predicho, que no podrá exceder de treinta años. La limitación se aplicará aunque las penas se hubieren impuesto en distintos procesos si los hechos, por su conexión, pudieran haberse enjuiciado en uno solo. Por su parte, el art. 76 CP95 en su versión original rebajaba con carácter general el máximo de cumplimiento efectivo a veinte años, aunque estableciendo dos límites excepcionales, de veinticinco y treinta años, para aquellos supuestos en que el sujeto hubiera sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos estuviera castigado con una pena de hasta 20 años (para el primer límite excepcional) o superior a 20 años (para el segundo).
  5. [5] La redención de penas por el trabajo consistía en el abono al penado “para el cumplimiento de la pena impuesta, previa aprobación del Juez de Vigilancia [de] un día por cada dos de trabajo”, resultando vetada tal posibilidad solo para quienes quebrantaren o intentaren quebrantar su condena y los que reiteradamente observaren mala conducta durante su cumplimiento (art. 100 CP73). El abono se practicaba periódicamente, a propuesta del centro penitenciario, por el Juez de Vigilancia Penitenciaria, y era tenido en cuenta posteriormente por el Tribunal sentenciador a los efectos de liquidación de condena.
  6. [6] Dicha prohibición se contiene en la Disposición transitoria 2ª de la LO 10/1995: Para la determinación de cuál sea la Ley más favorable se tendrá en cuenta la pena que correspondería al hecho enjuiciado con la aplicación de las normas completas de uno u otro Código. Las disposiciones sobre redención de penas por el trabajo sólo serán de aplicación a todos los condenados conforme al Código derogado y no podrán gozar de ellas aquellos a quienes se les apliquen las disposiciones del nuevo Código. En todo caso, será oído el reo.
  7. [7] Para llegar a esta conclusión, el Tribunal Supremo se apoya en la Sentencia del Tribunal Constitucional 174/1989, de 30 de octubre: “no resulta admisible que la cuantía total del citado beneficio que concretamente corresponda a un penado, en aplicación de lo dispuesto por la ley, esté siempre pendiente de una ulterior modificación, ya sea por subsanación de presuntos errores […] o por variación de criterios del Juez responsable. Finalmente, tampoco el beneficio de la redención de penas por el trabajo está legalmente configurado como un beneficio condicional que pueda ser revocado en determinados casos. Antes al contrario, si bien hay supuestos en los que el penado queda inhabilitado para redimir en lo sucesivo, ello no afecta a los días ya redimidos”.
  8. [8] La excarcelación de Iñaki De Juana Chaos (que había sido condenado entre otros por el atentado contra el autobús de la Guardia Civil en la plaza de República Dominicana) se evitó por una doble vía que despertó enorme polémica: en primer lugar, la Audiencia Nacional en marzo de 2005 anulaba 175 días de redención de pena que anteriormente le habían sido concedidos, con lo que por de pronto posponía su excarcelación unos seis meses; en segundo lugar, se puso en marcha un nuevo procedimiento penal contra de Juana Chaos por la publicación de sendos artículos en el diario Gara en 2004, procedimiento que permitió mantenerlo en prisión provisional y que finalmente provocó una nueva condena en noviembre de 2006, de 12 años y 6 meses de prisión, por la comisión de un delito de amenazas terroristas. Sobre el escándalo suscitado entre la Doctrina penalista con este modo de proceder, véase por ejemplo Álvarez García (2006: 25): “Lo que ha ocurrido en este caso es, a mi entender, claro: ante una reiterada reclamación popular para mantener a un consumado asesino en prisión a pesar de haber cumplido ya su pena, se ha acudido a un mecanismo –la prisión preventiva- a despecho de que, en mi opinión, no concurren los requisitos exigibles para la imposición de tal medida cautelar. Es decir: frente al terrorismo cabe todo, incluso prescindir de las garantías del Estado democrático de Derecho; lo que pone de manifiesto que, cada vez más, en lugar de hacerse Justicia se hace política (así, con minúsculas)”.
  9. [9] En cuya virtud, se consideran delitos conexos: 1.º Los cometidos simultáneamente por dos o más personas reunidas, siempre que éstas vengan sujetas a diversos Jueces o Tribunales ordinarios o especiales, o que puedan estarlo por la índole del delito. 2.º Los cometidos por dos o más personas en distintos lugares o tiempos si hubiere precedido concierto para ello. 3.º Los cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución. 4.º Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos. 5.º Los diversos delitos que se imputen a una persona al incoarse contra la misma, causa por cualquiera de ellos, si tuvieren analogía o relación entre sí, a juicio del Tribunal, y no hubiesen sido hasta entonces sentenciados. El art. 17 LECR fue así redactado por Ley 3/1967, de 8 abril, por la que se modificaban determinados artículos del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y no ha sido objeto de modificaciones posteriores.
  10. [10] De conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del art. 988 LECR, Cuando el culpable de varias infracciones penales haya sido condenado en distintos procesos por hechos que pudieron ser objeto de uno solo, conforme a lo previsto en el artículo 17 de esta Ley, el Juez o Tribunal que hubiera dictado la última sentencia, de oficio, a instancia del Ministerio Fiscal o del condenado, procederá a fijar el límite del cumplimiento de las penas impuestas conforme a lo dispuesto en el artículo 76 del Código Penal. Para ello, el Secretario judicial reclamará la hoja histórico-penal del Registro central de penados y rebeldes y testimonio de las sentencias condenatorias y previo dictamen del Ministerio Fiscal, cuando no sea el solicitante, el Juez o Tribunal dictará auto en el que se relacionarán todas las penas impuestas al reo, determinando el máximo de cumplimiento de las mismas. Contra tal auto podrán el Ministerio Fiscal y el condenado interponer recurso de casación por infracción de Ley. La redacción actual de este precepto, introducida por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, no difiere en esencia de la que estaba en vigor en aquellas fechas.
  11. [11] La Audiencia Nacional cita en este sentido, y a título ejemplificativo, las SSTS 342/2004 y 149/2000.
  12. [12] Para aquel entonces, la Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, ya había reformado el texto de los artículos 76 y 78 CP95, elevando el límite máximo de cumplimiento de las penas de prisión a los cuarenta años y estableciendo la posibilidad u obligación (según los casos) de acordar en estos supuestos que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional se refieran a la totalidad de las penas impuestas en las sentencias. Sobre dicha reforma y sus lamentables consecuencias, véase por ejemplo Téllez Aguilera (2003: 164 ss.);  López Peregrín (2003: 1 ss.).
  13. [13] Sobre dicha Sentencia y sus consecuencias, véase por ejemplo Cuerda Riezu (2006: 215 ss.); Orts Berenguer (2009: 27 ss.).
  14. [14] Desde luego no se anda con contemplaciones el Tribunal Supremo a la hora de descalificar la interpretación llevada a cabo por la Audiencia Nacional: “Aparte de lo indiferente que resulta a los efectos de poder ser enjuiciado en un solo proceso, la pertenencia a uno o más comandos (sin más datos que justifiquen esta decisión), es lo cierto que lo equivocado de esta interpretación resulta de que si Parot hubiera seguido cometiendo atentados interrumpidamente, tal actuación delictiva le hubiera sido paradójicamente más favorable, pues, en ese caso, se le podría aplicar, en tesis de la recurrida, una acumulación total de las penas impuestas, de modo que permitiera una limitación de treinta años de prisión para el cumplimiento sucesivo de sus diversas infracciones criminales. Lo desacertado de tal interpretación resulta, por tanto, patente”.
  15. [15] Cfr. González Franco y Ragués i Valles (2007: 4). Queralt (2010: 128) señala: “Llama la atención que, instado el recurso por el condenado, el remedio se estima, pero con una extravagante consecuencia: su situación resulta agravada con la nueva doctrina en contra de lo que se pedía, que era una rebaja de la pena impuesta por la Audiencia; lo cual supone una sentencia casacional claramente incongruente, extremo este que es denunciado por los votos particulares a dicha resolución”.
  16. [16] Los riesgos que conlleva esta “libertad interpretativa” son expuestos a través de varios ejemplos (entre ellos, el del caso Parot) por Vives Antón (2011: 72-73). Señala también la ilegitimidad de los cambios jurisprudenciales basados en esa hipotética “libertad interpretativa”, Cuerda Arnau (2013: 59): “El juez ordinario no puede enarbolar una supuesta libertad interpretativa por cuya virtud se deje de aplicar la regla típica tal y como la hemos entendido hasta ahora y la sustituyamos retroactivamente en contra del reo por otra distinta, por mucho que pueda parecernos –o incluso ser- técnicamente mejor. Tal cosa es intolerable porque lo que se está haciendo es cambiar una regla por otra de manera ilegítima y, por tanto, aunque ese nuevo uso llegara a consolidarse, no por ello dejaría de ser un cambio ilegítimo, que parte de un equívoco sobre lo que significa interpretar y no repara en la incompatibilidad de semejante pretensión con nuestro modelo normativo”.
  17. [17] Es más, como señala el voto particular, este mismo criterio había sido mantenido en dos sentencias mucho más cercanas en el tiempo a la de la “Doctrina Parot”, referidas a la regulación contenida en el CP95: la STS de 15 de septiembre de 2005, en la que se declara que la pena acumulada “opera ya como una pena nueva resultante y autónoma, y a ella deben referirse los beneficios otorgados por la ley como son la libertad condicional, permisos de salida…”; y la STS de 14 de octubre de 2005, en la que se afirma exactamente lo mismo.
  18. [18] En opinión del Tribunal Supremo, “carecería de cualquier sentido que por el expresado camino de la acumulación se convirtiera en una nueva pena única de treinta años un amplio historial delictivo, igualando injustificadamente al autor de un solo delito con el condenado a una multitud de ellos, como es el caso enjuiciado. En efecto, carecería de cualquier lógica que por tal regla significase punitivamente lo mismo, cometer un asesinato que doscientos”. Con tales consideraciones remacha el Tribunal Supremo su novedosa interpretación, acudiendo de nuevo en este caso al argumento “de justicia” que, curiosamente, silencia a la hora de rechazar el criterio seguido por la Audiencia Nacional en su Auto.
  19. [19] Esos magistrados fueron José Antonio Martín Pallín, Joaquín Giménez García y Perfecto Andrés Ibáñez.
  20. [20] En esta misma línea, un sector doctrinal nada sospechoso de mantener posiciones progresistas exacerbadas, añadía otras razones de orden práctico contrarias a la consideración individualizada de las diferentes penas, una vez que se ha refundido la condena: “el condenado iría abandonando y regresando al establecimiento penitenciario de acuerdo con la obtención de libertad condicional y de la libertad definitiva en cada una de las penas impuestas. Y algo similar ocurriría con la semilibertad del tercer grado y el régimen general de permisos. La unidad de ejecución cuenta, consiguientemente, con un respaldo legal que supera, por decirlo así, las previsiones del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre la refundición o acumulación de penas” (Manzanares Samaniego, 2006: 1325).
  21. [21] Al respecto, citaba el voto particular la STC 11/1987, de 30 de enero, la cual declaró que “la posibilidad de que se aplique a las penas (…) infligidas [a un condenado] en distintas causas la limitación del art. 70.2ª del Código Penal, afecta a un derecho fundamental cual es el de la libertad personal (art. 17 de la Constitución)”
  22. [22] En relación con el principio de igualdad en la aplicación de la ley, los magistrados discrepantes también hacen referencia a la jurisprudencia constitucional que señala que dicho principio prohíbe “el cambio irreflexivo o arbitrario, lo cual equivale a sostener que, el cambio es legítimo cuando es razonado, razonable y con vocación de futuro, esto es, destinado a ser mantenido con cierta continuidad con fundamento en razones jurídicas objetivas que excluyan todo significado de resolución ad personam, siendo ilegítimo si constituye tan sólo una ruptura ocasional en una línea que se viene manteniendo con normal uniformidad antes de la decisión divergente o se continúa con posterioridad – SSTC 64/1984, 49/1985, 108/1988, 199/1990 y 144/1991, entre otras-“.
  23. [23] Por ejemplo, al etarra José Ignacio Gaztañaga Bidaurreta, que iba a ser excarcelado el 29 de marzo de 2006, le notificaron cinco días antes la nueva liquidación de condena, conforme a la cual permanecería en prisión hasta el 21 de marzo de 2018 (al respecto véase la noticia “El Constitucional mantiene la ‘doctrina Parot’ a 24 etarras y excarcela a tres”, publicada en el periódico El País el 29 de marzo de 2012).
  24. [24] Cinco magistrados del Tribunal Constitucional emitieron votos particulares discrepantes con las sentencias que avalaban la Doctrina Parot: Adela Asúa, Elisa Pérez Vera, Eugeni Gay, Luis Ortega y Pablo Pérez-Tremps.
  25. [25] En cuya virtud, Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el derecho nacional o internacional. Igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida.
  26. [26] En la que se afirma que “la Comisión al igual que el Tribunal han establecido en su jurisprudencia una distinción entre una medida que constituye en esencia una pena y una medida relativa a la ejecución o aplicación de la pena. En consecuencia, en tanto la naturaleza y el fin de la medida hacen referencia a la remisión de una pena o a un cambio en el sistema de libertad condicional, esta medida no forma parte integrante de la pena en el sentido del art. 7.
  27. [27] En este asunto se analizaba un cambio de interpretación del alcance real de la pena de prisión perpetua, pena que, pese a su denominación, se traducía en una privación de libertad de veinte años, conforme a determinado reglamento penitenciario. Al respecto, el TEDH estableció que el conocimiento y la aplicación de las normas penitenciarias no era un cuestión de mera ejecución de la pena en el caso analizado, y que el problema residía en la falta de “calidad de la ley”, al no permitir discernir de forma razonable “el alcance de la pena de prisión perpetua y la forma de su ejecución”. Conforme a lo anterior, el TEDH declaró que en este caso se había conculcado el art. 7 del Convenio.
  28. [28] Sobre este primer pronunciamiento europeo, véase por ejemplo Alcácer Guirao (2012: 929 ss.).
  29. [29] El fallo de la Gran Sala fue unánime respecto de la violación del art. 5.1 y mayoritario en relación con la vulneración del art. 7 (quince votos a favor y dos en contra), la orden de inmediata puesta en libertad (dieciséis votos a favor y uno en contra) y el pago de indemnización (diez votos a favor y siete en contra). Naturalmente, también hubo votos particulares que discreparon de la opinión mayoritaria en la Sentencia de la Gran Sala del TEDH, pero a diferencia de lo que sucedió en el caso de los tribunales españoles, tales votos particulares no diferían esencialmente de lo acordado por la mayoría. Así, el voto particular concurrente del juez Nicoalu señalaba que la aplicación retroactiva de la Doctrina Parot no vulneraba, en sí misma, el art. 7 del Convenio, pero que “era incompatible con el artículo 5.1, ya que privaba a la recurrente de un derecho adquirido a una excarcelación anticipada”. Similar es el voto particular conjunto parcialmente discrepante de los jueces Mahoney and Vehabovic, en el que niegan que exista violación del art. 7 del Convenio (aunque “entendemos bien el aspecto humanitario que subyace al razonamiento de la mayoría y reconocemos que las circunstancias del presente caso son harto extraordinarias y, sin duda, perturbadoras desde el punto de vista del trato justo a los reclusos, especialmente a los que tienen la perspectiva de permanecer recluidos una gran parte de su vida”) pero manifiestan su acuerdo con respecto a la infracción del art. 5.1. Especialmente curiosa es la posición del juez Mahoney, que suscribe en soledad otro voto particular en el que se muestra contrario a la orden de puesta en libertad dada al gobierno español, por no considerar que “semejante orden esté justificada por verificarse una vulneración del artículo 5.1 del Convenio”. Por su parte, los jueces Villiger, Steiner, Power-Forde, Lemmens y Gritco votaron contra la mayoría solo en lo referente a la concesión de una indemnización por daños a la recurrente, por entender que en un caso como el presente, en el que la demandante “ha sido condenada por numerosos delitos graves de terrorismo […], la conclusión de violación emitida por el Tribunal, adoptada junto con la medida indicada al amparo del artículo 46, constituye suficiente resarcimiento”.
  30. [30] Cfr. Álvarez García (2013: 38 ss.).
  31. [31]  Véase las noticias publicadas en los periódicos El País de 19 de abril de 2000, disponible en la siguiente dirección electrónica: http://elpais.com/diario/2000/04/19/espana/956095220_850215.html, y ABC de 19 de diciembre de 2003, disponible en la siguiente dirección electrónica: http://www.abc.es/hemeroteca/historico-19-12-2003/abc/Gente/fallece-juan-jose-moreno-cuenca-el-vaquilla-por-cirrosis-a-los-42-a%C3%B1os_227593.html#. Revisadas el  31 de diciembre de 2013.
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