eunomia 6    Edgardo Rodríguez Gómez
Universidad de Coimbra
edgardorodriguezgomez@ces.uc.pt

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Resumen

La guerra justa tiene una larga trayectoria en la historia del pensamiento ético, jurídico y político occidental. En los inicios del siglo XXI su actualidad en el escenario internacional ha sido proclamada por Barack Obama al recibir el premio Nobel de la Paz en 2009. Este artículo desarrolla el contenido de sus criterios formales, sustanciales y prudenciales para afrontar los desafíos de nuevos conflictos armados como las “guerras de cuarta generación”.

Palabras clave

Guerra justa, intervención bélica humanitaria, causa justa, legítima defensa, Michael Walzer.

 

Just War

Abstract

Just War has a long tradition in the history of Western ethics, legal and political thought. In 2009, during the award ceremony of Nobel Prize, Barack Obama has admitted its current importance in foreign affairs at the beginning of the 21st Century. This article develops some formal, substantial and prudential criteria to face the challenges of new forms of warfare such as “wars of fourth generation”.

Keywords

Just war, armed humanitarian intervention, just cause, legitimate self-defense, Michael Walzer.

 

1.   Aproximación conceptual y actualidad

Existe plena conciencia en el siglo XXI que la guerra, entendida en líneas generales como un conflicto armado a gran escala que opone al menos dos colectividades (Tertrais, 2010: 7), ha acompañado a la especie humana desde sus orígenes como un quehacer viable para resolver diferencias. La posibilidad de emprender acciones bélicas se ha instalado en el escenario de las opciones humanas lo que se esclarece, además, con información de fuentes históricas y antropológicas que revelan que “todas las culturas desarrollan su propia manera de hacer la guerra” (Parker, 2010: 7).

La historia revela que hacia el último tercio del siglo IV a.c., el estratega oriental Sunzi ofrecía una perspectiva del proceder bélico que sus traductores occidentales entendieron como un arte al partir de una premisa prudencial: se trata de “un asunto sucio y todo hombre sensato debe hacer lo posible para evitarla” (Levi, 2012: 10).

En Grecia, cuna de Occidente, casi dos siglos antes -también en la era axial- Heráclito planteaba por el contrario que la guerra es padre y rey de todas las cosas, alabándola porque “sanciona las diferencias de valor, estableciendo quién es libre y quién esclavo, quién permanece hombre ordinario y quién se eleva a la existencia divina” (Mondolfo, 2004: 167).

La investigación histórica también revela que a lo largo de los últimos tres mil años, el desarrollo de la guerra en Occidente se ha distinguido por cinco rasgos: a) recurso a la tecnología superior para compensar su inferioridad en recursos humanos, b) predominio de la técnica y la disciplina, c) adaptación en continuidad con la tradición militar, d) dinámica de desafío y respuesta y e) tradición militar dominante (Parker, 2010: 7-17).

Ahora bien, pese a su marcado signo “agresivo”, ya los propios griegos, que practicaron y padecieron la violencia dejando constancia escrita de sus gestas, supieron también dejar planteado el juzgamiento de conductas en la guerra que continúan siendo condenables a ojos actuales (Walzer, 2013), como ocurre cuando se revisa el célebre diálogo entre melienses y atenienses relatado por Tucídides (2008: 529-541).

Jacqueline de Romilly (2010: 16) ha recordado, por su parte, que los griegos “ejercieron la violencia, pero la denunciaron con más fuerza que nadie” y que la idea de justicia, punto de partida de toda civilización, es abordada innumerables veces por sus más importantes autores. Más aun, la introducción de la idea de justicia –y del derecho- para el tratamiento de la guerra constituyó un desafío práctico:

Disertaron mucho acerca de las leyes no escritas que debían observarse en el ejercicio de la guerra e implicaban un cierto respeto por las personas, en especial las personas a las que podían proteger los dioses. También pretendieron seguir, en los conflictos entre ciudades, estos mismos principios de justicia que les permitían evitar la violencia. El arbitraje entre ciudades fue una realidad, y encontramos en las obras históricas –especialmente en Tucídides- un cierto tipo de proceso entre dos ciudades, en el que se apelaba a una tercera instancia que zanjaría el litigio (Romilly, 2010: 20).

Este afán griego de justicia en la guerra, sin embargo, no llegó a configurar aún una doctrina o teoría como la que fue elaborada posteriormente en el mundo occidental acerca de lo que se entiende hasta hoy por guerra justa. En cierto sentido, aquellas previsiones de la Antigüedad podrían hallar cierta correspondencia con la descripción general del bellum justum que esbozó N. Bobbio (1997: 33) al señalar: “El procedimiento lógico que ha empleado esta teoría [de la guerra justa] es la distinción entre dos clases de conflictos: puesto que no todas las guerras son iguales, no todas serán igualmente condenables; hay guerras injustas, y por tanto condenables, y guerras justas, y por tanto aceptables. Son justas, y consecuentemente lícitas, las guerras que se hacen en legítima defensa; injustas, y en consecuencia ilícitas, las guerras de agresión (y de conquista)”.

No obstante, ya cuando N. Bobbio hacía tal distinción la doctrina clásica y las teorías recientes habían estimado que la legítima defensa es una condición necesaria, pero insuficiente, para justificar la decisión de dar el incierto paso que desencadenará una contienda bélica, añadiéndose además que su enjuiciamiento no puede quedar limitado al jus ad bellum, como se verá más adelante.

En cualquier caso, la propuesta de definición restringida de N. Bobbio exige una lectura favorable que concuerda con su laudable afán, planteado en 1989, por proscribir un desenlace bélico cuyo resultado representaría el virtual fin de la humanidad: la guerra atómica que “anula toda distinción entre guerras justas e injustas, porque hace imposible uno de los dos términos: la guerra en legítima defensa. La guerra atómica no admite más que un tipo de guerra: la del primer atacante.”

Se trata, en definitiva, de una toma de postura convencida que contrastaba con la ambigua posición de la mayoría de jueces del Tribunal Internacional de Justicia que adoptó el 8 de julio de 1996 la Opinión Consultiva sobre la licitud de la amenaza o el empleo de armas nucleares. Ésta terminó favoreciendo a las potencias atómicas al reconocer los miembros del órgano jurisdiccional que no podían llegar a una conclusión definitiva acerca de la licitud o ilicitud de la amenaza con o el empleo de dichas armas en una circunstancia extrema de legítima defensa en la que esté en juego la supervivencia de un Estado.

Más de un cuarto de siglo después del clamor del recordado teórico político italiano, la amenaza nuclear ha perdido su protagonismo en portadas y análisis políticos de lo cotidiano. Al mismo tiempo, luego de las experiencias del conflicto bélico en los Balcanes y la intervención no autorizada de la OTAN en Kosovo, así como la guerra contra el terrorismo en Irak y Afganistán a resultas del atentado del 11-S y, en años más recientes, la intervención autorizada en Libia o los amagos para un despliegue militar sobre Siria, es indiscutible que el discurso de la guerra justa ha resultado reforzado con la expresa adscripción a éste de un premio Nobel de la Paz.

Barack Obama, un “hombre de ideas” que para el historiador J.T. Kloppenberg (2010: xv-xvi) estaría a la altura de presidentes estadounidenses como John Adams, Thomas Jefferson, James Madison o Abraham Lincoln; líder carismático y admirador confeso del teólogo cristiano R. Neibuhr (Brooks, 2007), de quien recoge no pocas aportaciones en su discurso de aceptación del premio Nobel de la Paz, reconocerá ante la opinión pública mundial en un auditorio de alcance global que hoy por hoy “las naciones, actuando individual o conjuntamente, concluirán que el uso de la fuerza no sólo es necesario sino también justificado moralmente”, ofreciendo su propia versión de aquellos criterios que permiten establecer cuándo una guerra es justa: si se libra como último recurso o en defensa propia; si la fuerza utilizada es proporcional y, en la medida posible, si no se somete a civiles a la violencia (Obama, 2009).

Ciertamente, la actualidad de la guerra justa durante el siglo XXI viene planteándose en un momento histórico particular en que resultan menos frecuentes las conflagraciones interestatales y se reduce notablemente el número de bajas militares. Ello no obstante, la utilidad de la doctrina se hace manifiesta como posibilidad de respuesta a tres escenarios vigentes: 1) los estados han perdido el monopolio de la conducción de las acciones bélicas para dar mayor protagonismo a combatientes irregulares en contextos de guerras asimétricas; 2) la guerra al devenir un asunto en manos de civiles más que de soldados profesionales ha dado también lugar a que las víctimas civiles se hayan incrementado; y 3) pese al tratamiento jurídico internacional que prohíbe el recurso al uso de la fuerza, las “guerras de cuarta generación”, especialmente asimétricas, no estatales o de baja intensidad, han desafiado las previsiones de los organismos internacionales posibilitando lagunas e incongruencias que hacen ineficaces sus normas convencionales (Lefebvre, 2013).

Sólo bajo este panorama puede hallarse alguna explicación al hecho que el Commander in Chief de la mayor potencia militar del orbe, asumiendo un compromiso autoimpuesto de proveer seguridad “en un mundo en que las amenazas son más difusas y las misiones más complejas”, se replantee su tarea afirmando “que el propósito de la acción militar se extiende más allá de la defensa propia o la defensa de una nación contra un agresor” y que debería ser tarea común enfrentar “difíciles interrogantes sobre cómo evitar la matanza de civiles por su propio gobierno o detener una guerra civil que puede sumir a toda una región en violencia y sufrimiento” (Obama, 2009).

Se da cabida oficial, de este modo, a un proceder bélico cuyo desarrollo ha resituado en la agenda jurídica, política y ética, no sólo occidental, la doctrina de la guerra justa en su variante de intervención bélica humanitaria que hace referencia a argumentos morales y prudenciales: pues “la inacción carcome nuestra conciencia y puede resultar en una intervención posterior más costosa” (Obama, 2009). En cualquier caso, el recurso a tales argumentos ha sido una constante clave en la evolución histórica del concepto.

2.   Evolución histórica

La tradición de la guerra justa tiene larga data. La justificación del recurso a las armas para la legítima defensa puede explorarse en las obras políticas de Platón y Aristóteles en Grecia, o Cicerón en Roma. Para A.J. Bellamy (2010: 47-48), el gran orador romano esbozaría hace dos milenios algunos de los elementos más característicos del concepto (causa justa y autoridad legítima), que siglos más tarde serían recogidos en la elaboración de una doctrina cristiana del bellum justum. Esta doctrina desarrollada a partir de ciertos rasgos del pensamiento cristiano-medieval hallaba sus fuentes en el pensamiento del Obispo Ambrosio de Milán, en el siglo IV, quien sostenía que la defensa del Imperio Romano frente a los bárbaros y la defensa de la fe constituían ambas exigencias indisociables (Dion, 2003: 268).

Ambrosio, que convirtió a Agustín de Hipona a la fe católica, influyó en su pensamiento. Agustín (1989: 611) plantearía una definición que constituiría una de las más destacadas referencias conceptuales hasta la actualidad:

Suelen llamarse guerras justas las que vengan injurias, en el caso de que una nación o una ciudad, que hay que atacar en la guerra, ha descuidado vengar lo que los suyos han hecho indebidamente o devolver lo que ha sido arrebatado por medio de injurias.

Propuso, además, criterios para justificar el actuar bélico asumiendo que éste no debía desencadenarse si no es con la única finalidad de restaurar la paz (Agustín, 2005: 357); sin olvidar que produce grandes desgracias y en esa medida requiere ser admitido como un mal menor.

Tomás de Aquino, en el siglo XIII, retomó las ideas del padre de la iglesia durante la Edad Media, citándole expresamente al tratar el tema, que resultó actualizado a la luz del pensamiento aristotélico. Abordó, así, sistemáticamente los criterios que debe tener en cuenta cualquiera que se halle en posición de desencadenar la conflagración bélica: la finalidad que con ella se persigue, la causa que la provoca, la intención de quien la lleva a cabo y la legitimidad del que la decide:

Tres cosas se requieren para que sea justa una guerra. Primera: la autoridad del príncipe bajo cuyo mandato se hace la guerra. No incumbe a la persona particular declarar la guerra, […]. Se requiere en segundo lugar causa justa. Es decir que quienes son atacados lo merezcan por alguna causa. […]. Se requiere finalmente que sea recta la intención de los contendientes; es decir una intención encaminada a promover el bien o a evitar el mal (Tomás de Aquino, 1990: 337-338).

Durante el tránsito a la modernidad, en el siglo XVI, mientras Maquiavelo (1971: I) ponía los cimientos de la elaboración de una teoría del Estado moderno donde habían de desempeñar un rol protagónico los ejércitos nacionales y la preparación para la guerra, bajo las claves de la reflexión técnico-política realista propia de la razón de Estado, los teólogos-juristas españoles de la Segunda escolástica -especialmente Francisco de Vitoria- se inspirarían en el tratamiento efectuado por el Aquinate para desarrollar aspectos inexplorados en la doctrina tomista de cara a un nuevo escenario en las relaciones internacionales de la época producto del descubrimiento y la conquista de América.

Este acontecimiento mayúsculo obligó a los intelectuales “a formular principios que fueran comunes para los europeos y los indios” (Fernández Santamaría, 1998: 70). Vitoria (2011: 97) los buscaría en la ley natural que constituye la base de los orígenes del derecho internacional a partir de la sociabilidad y la comunicación natural entre los hombres.

Los escolásticos españoles a lo largo de los siglos XVI y XVII llevarán a su mayor apogeo la doctrina del bellum justum. Vitoria (2011: 124), dando continuidad a la línea doctrinal de sus predecesores, admitirá que la república –a través del príncipe- tiene autoridad “no sólo para defenderse, sino también para vengar las injurias recibidas por ella y los suyos, y para perseguirlas después del momento de inferidas”; no obstante, innovará asumiendo la posibilidad de una intervención por razón de humanidad (Pérez Luño, 2001: 82) fundada en la tiranía de los señores de los “bárbaros” o el carácter inhumano de sus leyes, atendiendo a que:

… Todas aquellas cosas que son necesarias para el gobierno y la conservación del mundo, pertenecen al derecho natural. Y no se requiere otra cosa para probarlo que el considerar que la república tiene, por derecho natural, autoridad para imponer suplicios y penas a los ciudadanos que le sean perniciosos. Y, si la república puede hacer esto con sus súbditos, no hay duda que el orbe podrá también hacerlo con los hombres perniciosos y malvados, y esto ha de ejecutarlo por medio de los príncipes (Vitoria, 2011: 131).

De las reflexiones del dominico y del jesuita Francisco Suárez surgirán también las pistas para la posterior elaboración de argumentos que llevarán al abandono de la doctrina en el ámbito jurídico cuando el primero plantee la inexistencia de inconvenientes para afirmar la posibilidad de guerras justas para ambas partes ante supuestos de ignorancia invencible (Vitoria, 2011: 103); mientras que Suárez (1954: 167) facilitará la profundización del cuestionamiento de la justa causa al señalar que ésta no admite certeza, sino supone un contenido de probabilidad. Para éste autor, con razón, la guerra no permite determinar lo que es justo, pero requiere de la justicia para ser iniciada. Ante tal eventualidad sugiere que “el rey debe portarse como un justo juez; y entonces, si la opinión que le es favorable la encuentra más probable, puede ya con justicia seguir su derecho.”

También en el siglo XVII, Grocio, quien pese a su fe protestante recogió los aportes de los autores españoles (Hinojosa y Naveros, 1929: 220-236), retomó la distinción entre guerra justa e injusta en su obra maestra De iure belli ac pacis. Para el jurista holandés, es a partir del derecho natural que se deben juzgar los casos de injusticia que la guerra justa debe ayudar a reparar. Un derecho natural que, no obstante, abría sus cauces a la secularización con el desarrollo del jusnaturalismo racionalista o moderno. Hasta entonces, la doctrina de la guerra justa reflejaba la perspectiva clásica del catolicismo concentrada en la necesidad de que la política sirviese a la moral religiosa; en tal sentido, se procuraba el tratamiento de la guerra como una manifestación de la política del príncipe cristiano quien debía sujetarse a la moral esbozada por los teólogos-juristas (Falvey, 2004: 65-91).

Para los jusnaturalistas modernos, desde Grocio, el “derecho de guerra” está incluido en los temas tratados por la Escuela de derecho natural y de gentes. De ese modo, la guerra justa se hace parte de una reflexión asentada en dimensiones jurídicas que a la vez reivindican innegables consideraciones morales. Los esfuerzos por afirmar la legitimidad de la guerra en un plano secular, pese a que sus fuentes conservasen aún esquemas teológicos, serán proseguidos durante el siglo XVIII. Para ello, el derecho de la guerra debía ser deducido de principios que, siendo manifestaciones de la razón, resultasen conformes al derecho natural secularizado.

Con posterioridad a Grocio, el tratamiento jurídico-moral de la guerra experimentará una evolución. La guerra legítima –“justa”- cede el paso al reforzamiento teórico de la guerra regular –“solemne” o “en forma”- que se instalará en las reflexiones de los tratadistas del derecho de gentes del siglo XVIII. De esa forma, el tratamiento formalizado del régimen jurídico de la guerra irá adquiriendo importancia significativa respecto del régimen de justificación basado en la causa material.

Aunque el tratamiento de la “justa causa” pierde terreno en el conjunto de las doctrinas jurídicas sobre la guerra en el siglo XVIII, y éstas comienzan a dar más importancia a las reglas surgidas como consecuencia del poder discrecional e ilimitado de los Estados, fundado en su soberanía, los suizos Burlamaqui y Vattel desarrollan aún en la introducción de sus trabajos que inciden en la regulación de la guerra una aproximación a la justificación del hecho de la guerra desde el derecho natural. Ambos continúan, parcialmente, la tradición jusnaturalista que desde el siglo XVII se había impuesto con Pufendorf quien tras exigir una justa causa para el comienzo de la guerra admitía un derecho estatal ilimitado al emprenderla (Kolb, 2003: 16).

Los seguidores de Grocio en el siglo XVIII sostenían ya el “derecho de guerra” de los Estados soberanos y consideraban que las limitaciones a éste sólo serían admitidas atendiendo a criterios pragmáticos –prudenciales- o humanitarios. Burlamaqui (1820: 21) insistirá en este último criterio enunciando que “toda guerra que se emprenda en razón de un rechazo de aquello a lo que se está obligado conforme a las leyes de la humanidad, resulta una guerra injusta”. Por su parte, Vattel (1836: 47), uno de los continuadores más consecuentes de la doctrina de Grocio, planteará un giro que conducirá al abandono del tratamiento jurídico de la guerra justa al señalar que:

… a cualquier Estado libre y soberano le pertenece juzgar en su conciencia sobre lo que exigen de él sus deberes, y lo que puede o no puede hacer con justicia. Si los demás quieren juzgarle, ofenden su libertad, le perjudican en sus derechos más preciosos; y además atribuyéndose cada uno la justicia de su parte, se apropiará todos los derechos de la guerra, defenderá que su enemigo no tiene ninguno […].

La pérdida de peso del criterio de la justa causa se veía reflejado en su ineficacia práctica para señalar de manera fehaciente al autor de la supuesta “injuria” que exigía una respuesta armada, pese a la previsión doctrinal de la guerra justa defensiva -y también ofensiva- fundadas no sólo en “razones justificativas” sino también en motivos de “utilidad y conveniencia”. Vattel (1758: 308) admitía incluso que en “situaciones particulares y susceptibles de cierta duda, se debía suponer que cada una de las partes podía tener algún derecho” cuando operaba el error o la ignorancia invencible. Se daba así cabida a la posibilidad de someter las controversias internacionales al libre juego de los intereses estatales.

En este escenario, no es ya la legitimidad subjetiva para hacer la guerra lo que impulsa la reflexión de los jusnaturalistas del siglo XVIII sino la necesidad de establecer alguna base normativa que asegure el respeto de las personas y sus bienes durante el desarrollo del conflicto –jus in bello– (Kolb, 1997: 593) cuyo inicio era percibido como una posibilidad permanente.

Las innovaciones vattelianas añaden a la tradicional clasificación grociana de las “especies de guerra” –formes de guerre– una nueva institución del derecho de gentes a la que denomina “guerra en forma”, resultado de la necesidad de dar respuesta normativa al eventual decisionismo de los soberanos estatales. La “guerra en forma” que comprende las categorías de guerra declarada y guerra regulada asocia como inseparables los conceptos grocianos de “guerra imperfecta –informe– e ilegítima” y “guerra en forma y legítima”, siendo esta última, al estar fundada en una injuria y haber sido declarada, la que constituye un justum bellum perfecto (Vattel, 1824: 64).

El derecho natural y de gentes, que fue recogiendo la necesidad de reglas que ofrezcan criterios de certeza provenientes de los propios Estados como resultado del mayor peso doctrinal de la vertiente voluntarista de los soberanos, dará lugar a leyes de la guerra como parte de un derecho internacional que se decantó por un desarrollo enmarcado dentro de las premisas del positivismo jurídico que se consolidará durante el siglo XIX. Para entonces, Kant (2010: 141-187), cambiando el punto de referencia concentrándose en la paz, había dejado planteado ya a finales del siglo XVIII las exigencias ético-políticas para procurar la “paz perpetua”: republicanismo, entendido como lo opuesto al despotismo, y una federación de estados libres.

En los inicios del siglo XX, el desarrollo jurídico del Derecho internacional proseguirá separado del ético-político, y aunque Hans Kelsen, el más destacado exponente del positivismo continental, llegaría en un primer momento de su producción intelectual a defender el carácter jurídico de la guerra justa (Kunz, 1951: 529), tras revisar más tarde sus ideas, en 1945, cuestionará su operatividad en el marco estricto del Derecho.

Con el desarrollo del derecho de la guerra y el derecho internacional humanitario, a lo largo del siglo pasado, se irán consagrando jurídicamente ciertos contenidos fundamentales de la doctrina clásica del justum bellum (por ejemplo: el uso de la fuerza defensiva por un estado en caso de agresión, la regulación del tratamiento de prisioneros de guerra o la interdicción de atacar a objetivos civiles).

Tras la guerra de Vietnam, especialmente desde la reflexión filosófica propiciada por la obra Just and Unjust Wars de Michael Walzer, el tratamiento de la guerra justa recupera su protagonismo intelectual. Superando el interés teológico que había primado hasta entonces en su estudio, la guerra justa inspirará novedosas teorías que irán recogiendo las aportaciones de la doctrina clásica y también cuestionando algunas de sus premisas más significativas.

En ese sentido, el diálogo filosófico que propicia Walzer con los autores clásicos renueva la necesidad de recurrir a ellos sin ajustar sus planteamientos a ningún marco conceptual jusnaturalista rígido, obteniendo conclusiones de su lectura que recobran el interés por aquellos “motivos de utilidad y conveniencia” –tan necesarios en la doctrina vatteliana- muy propios del recurso a la prudencia política, generando nuevos debates no exentos de amplia y enriquecedora polémica.

Así ocurre, por ejemplo, con la apelación al principio del doble efecto planteado por Tomás de Aquino (1990: 536): “Nada impide que de un solo acto haya dos efectos, de los cuales uno sólo es intencionado y el otro no”, que permitirá a Walzer (2010: 380) incidir en aspectos referidos al criterio de la recta intención que exige la guerra justa en situaciones donde las víctimas de los ataques son civiles no involucrados en acciones armadas:

No creo que la doctrina del ‘doble efecto’, tal como es habitualmente entendida, describa adecuadamente lo que aquí se exige. No basta con que el primer efecto –ocasionar daños a los objetivos militares- sea intencionado y el segundo –el daño que se ocasiona a la población civil- no lo sea. Ambos efectos precisan de dos intenciones: en primer lugar, que se causen daños, y, en segundo lugar, que se eviten daños. Lo que la justicia nos exige es que el ejército adopte positivamente medidas, que acepte riesgos para sus propios soldados, a fin de evitar daños para la población civil.

Argumentos morales, políticos y jurídicos deberán ponerse en juego hoy en día para poder establecer criterios de justificación de la guerra en las diferentes teorías que siguen elaborándose para limitar el fácil recurso a la violencia colectiva armada.

3.   Criterios de justificación de la guerra

En líneas generales, se recurre a criterios formales, materiales y de oportunidad y proporcionalidad –prudenciales- para determinar la justicia o injusticia de una guerra en la actualidad:

Autoridad legítima: criterio formal

La respuesta a la cuestión: ¿quién puede emprender acciones armadas? se halla en las previsiones de la Carta de Naciones Unidas que consagra el principio de soberanía estatal y la prohibición a los estados de recurrir a la fuerza para resolver sus conflictos internacionales, considerando como únicas excepciones los casos de legítima defensa y el despliegue del sistema de seguridad colectiva que requiere la autorización unánime del Consejo de Seguridad de la ONU.

De ese modo, son los estados que sufren agresiones –de conformidad con la definición de la agresión prevista en la Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General de Naciones Unidas- y el Consejo de Seguridad, las únicas autoridades legítimas para emprender guerras lícitas según el Derecho internacional.

Los desafíos que se han planteado desde finales del siglo XX a esta regulación se han puesto de manifiesto a través de ciertos llamados a involucrar a otras fuentes de autoridad extrañas al Consejo de Seguridad que han avivado los riesgos que conlleva la prevención como elemento de la legítima defensa, la cual está estrechamente relacionada con el criterio de justa causa.

Así, el cuestionamiento al actuar del Consejo de Seguridad se ha visto reflejado en la práctica de ciertos estados: la mayoría de las intervenciones bélicas humanitarias de las grandes potencias durante la década del 90 no contaron con la autorización del órgano de Naciones Unidas cuyas decisiones suelen estar sometidas al veto de alguno de los estados que lo integran. La reciente experiencia de una posible intervención en Siria por los ataques del gobierno a su propia población civil con armas químicas ha puesto nuevamente el tema en agenda. Frente a esta realidad sólo se han avanzado propuestas para la modificación de su conformación y el procedimiento de toma de decisiones tras dos décadas de duras críticas (Jeangène: 2012: 304-319).

Justa causa: criterio material objetivo

Aproximarse a la “injuria” sufrida por un estado, como resultado principal de un ataque armado proveniente de otro, incluyéndose acciones armadas de ciudadanos de este último sin que el propio estado adopte medidas para perseguir tales actuaciones, parece un anacronismo en pleno siglo XXI si se atiende a que los conflictos armados interestatales en el mundo son virtualmente inexistentes, aunque no haya espacio asegurado globalmente para la paz (Núñez Villaverde, 2013).

No obstante, la legítima defensa estatal -individual y colectiva- sigue siendo por consenso la causa justa primordial consagrada jurídicamente en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, aunque sus alcances no hayan estado libres de ardua controversia. Puede traerse a colación una de las cuestiones más discutidas planteadas con la llegada del nuevo siglo: el desarrollo de argumentos a favor de la guerra preventiva tras los atentados del 11-S.

El proceder bélico estadounidense basado en el documento The National Security Strategy of the United States de 2002 ha planteado una nueva interpretación del derecho a la legítima defensa que admite la licitud de un proceder bélico anticipado a través de acciones consideradas “preemptive war” -que requieren la posibilidad de un ataque inminente- o “preventive war” -cuando el ataque se prevé en un futuro cercano- frente a amenazas emergentes antes que éstas resulten efectivamente peligrosas (Roberts, 2013: 69-70). Las consecuencias de este tratamiento resultan cruciales, y también polémicas, ante los nuevos escenarios de cyberguerras y el uso de aviones no tripulados destinados a eliminar supuestos milicianos de Al-Qaeda dispuestos a organizar atentados terroristas.

Intención recta: criterio material subjetivo

Promover el bien o evitar el mal era la previsión de Tomás de Aquino al formular este criterio. En su vertiente positiva conllevaría que la acción armada debe tener como finalidad la restauración de la paz, la provisión de asistencia, socorro y justicia e incluso la prevención o el cese de todo sufrimiento. En su vertiente negativa pretende, en cualquier caso, la ausencia de toda motivación egoísta (Jeangène: 2012: 383). Sin embargo, la práctica de los estados desde sus orígenes no ha podido estar ajena al libre juego de intereses.

Es la aparentemente escasa coincidencia de la vertiente negativa de la intención recta con la realidad de la actuación de los estados lo que hace prescindible la guerra justa para buena parte de los autores realistas; habiéndose acentuado la crítica de sectores que perciben que las mayores potencias llegan a enmascarar sus intereses conduciendo intervenciones bélicas humanitarias (Fernández, 2001: 68-70). Es decir, cietos estados emprenden una “guerra dirigida no solamente a defender intereses nacionales, sino también, librada como guerra por la humanidad cuya legitimidad superior admitiría transgredir las normas del derecho internacional positivo, el derecho entre los estados y el derecho internacional sancionado por Naciones Unidas” (Monod: 2013: 48).

Pese a los serios cuestionamientos que siempre han acompañado a este criterio (recordando también las advertencias de los clásicos acerca de la justicia para ambas partes contendientes), y siendo indudable el actuar interesado de los estados, no podría descartarse por completo la posibilidad del actuar altruista de los dirigentes estatales, cuyas decisiones son las que dan lugar a las intervenciones estatales individual o colectivamente (Jeangène: 2012: 384).

Último recurso: criterio de oportunidad

Recurrir a la guerra en última instancia mantiene una relación estrecha con el principio de oportunidad que debe guiar las decisiones políticas. Una decisión militar apresurada o tardía puede conllevar riesgos inmanejables no sólo para quien las adopta sino para la población del estado que se ve involucrado. Por ello, no puede desdeñarse la cuestión acerca de ¿cuál es el momento adecuado para que el recurso a la guerra esté justificado?

La Carta de Naciones Unidas ha priorizado la resolución pacífica de los conflictos entre estados estableciendo en su artículo 33 alternativas que excluyen el recurso a las armas: la negociación, investigación, mediación, conciliación; así como el arbitraje, arreglo judicial o el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos que estos elijan. Ante una inminente amenaza a la paz, su efectivo quebrantamiento o la ejecución de actos de agresión, el Consejo de Seguridad tiene la atribución de decidir medidas que no impliquen el uso de la fuerza, pudiendo instar a los estados a aplicarlas: interrupción total o parcial de relaciones económicas y de comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas y otros medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas. El recurso a la guerra preventiva suele echar por tierra estas previsiones.

Walzer ha planteado quizá el más serio cuestionamiento “epistemológico” (Jeangène: 2012: 428) a la exigencia doctrinal de la guerra como “último recurso”, que incluso Obama asumió en su discurso ya mencionado. Para el filósofo estadounidense, “la guerra no es el último recurso, pues su ‘ultimidad’ es un estado metafísico, que en la realidad jamás se alcanza: siempre es posible hacer algo más, o volverlo a hacer, antes de emprender la acción última” (Walzer, 2004: 164). Sin embargo, no deja de reconocerle utilidad: “La noción de ‘último recurso’ es una advertencia, pero que debe utilizarse con la prudencia necesaria: debemos esforzarnos por hallar alternativas antes de ‘soltar a los perros de la guerra’.”

Proporcionalidad

El criterio de proporcionalidad se basa en una relación causal por la cual es necesario tener en consideración, antes de iniciar acciones armadas, que los daños que conllevará el recurso a la fuerza militar deben ser menores que aquellos ocasionados por la actuación que se busca remediar. Su alcance, por tanto, se extiende a los dos momentos en los cuales tradicionalmente se desarrollan las exigencias de la guerra justa: jus ad bellum y jus in bello.

Los daños a considerar en el primer momento incluyen la pérdida de vidas y heridos civiles, la destrucción de la propiedad privada y el medio ambiente; así como la afectación de la integridad territorial o la independencia política de otros estados. Como apunta acertadamente A.A. Haque (2013: 2), puede considerarse desproporcionado el recurso a la fuerza si conlleva la propagación de la pobreza, desnutrición o enfermedades entre los civiles.

En cuanto al segundo momento, debe realizarse una evaluación entre el resultado favorable que procura obtener un combatiente al llevar a cabo una operación armada frente a posibilidad de pérdida de vidas y heridos civiles, así como el daño a la propiedad privada y el medio ambiente que, aunque pudieron preverse, no han sido ocasionados intencionalmente a fin servirse de todo ello como fin o medio.

Dos cuestionamientos se han abierto paso frente a este criterio. Por un lado, Walzer (2004: 104) rescata la crítica general a la legitimidad de las guerras en las circunstancias actuales alegando que “sus costes siempre superarán a los beneficios”. Para el filósofo, de lo que se trata es de que quienes deciden acudir a la guerra se “preocupen” por tales costes y beneficios, no pudiendo “calcularlos, porque el valor de lo que está en juego no es conmensurable, o al menos no puede expresarse ni compararse matemáticamente, tal como la idea de proporción sugiere.”

Por otro lado, respecto de las intervenciones bélicas humanitarias el criterio de proporcionalidad permite advertir que la distinción entre jus ad bellum y jus in bello es relativamente artificial (Jeangène: 2012: 463-468), ya que tratándose de una “misión” cuyo objetivo es la protección de víctimas de violaciones graves de derechos humanos -no de la legítima defensa que tiene por causa una agresión- se exige a los intervinientes humanitarios en razón del objetivo que los lleva a movilizarse responsabilidades mayores en lo que atañe al respeto del Derecho internacional humanitario, lo cual, en ocasiones, implicará mayores riesgos frente a quienes los obvian.

En cualquier caso, subsiste la necesidad de juzgar las decisiones que dan inicio, desarrollan y ponen fin a las contiendas armadas -más allá de las circunstancias que se plantean con las intervenciones bélicas humanitarias-, siendo útil distinguir los momentos de exigencias de los criterios de la guerra justa.

4.   Momentos de aplicación de los criterios

Jus ad bellum

Las previsiones de la guerra justa para este momento configuran el marco dentro del cual se adopta la decisión de hacer la guerra, de darle inicio; por ello, destacan los criterios formales, materiales y prudenciales ya tratados, aunque suele darse prioridad a los tres primeros: autoridad legítima, causa justa e intención recta.

Asimismo, si bien la doctrina clásica había estimado indispensable que debía darse la concurrencia de todos los criterios, las reflexiones que han priorizado la práctica bélica de la actualidad han puesto en evidencia complejas variantes que hacen posible la elaboración de juicios de legitimidad solventes, aunque no ajenos a la discrepancia, útiles para establecer limitaciones al inicio de las contiendas.

Junto a los criterios formales y sustanciales, no suele obviarse a los prudenciales como el de proporcionalidad de los fines -previsto ya por Vitoria-, así como el del último recurso en la medida en que, para salir del cuestionamiento epistemológico, “los actores evalúen con cuidado todas las estrategias que podrían llevar a los fines deseados y elijan solo la fuerza si parece ser la única estrategia viable para lograr esos fines” (Bellamy, 2010: 193-194).

Jus in bello

Durante este segundo momento, las previsiones de la guerra justa permitirán someter a juicio la conducción de la guerra. El criterio prudencial de proporcionalidad por el que “solo se pueden atacar objetivos militares cuando su valor militar es mayor que la destrucción previsible que resultará del ataque” (Bellamy, 2010: 195), requerirá de otros principios limitadores como el de no discriminación que exige la inmunidad absoluta –y no “en la medida posible” como sugiere Obama- de los civiles no comprometidos en acciones armadas. También acompañan a este criterio la exigencia del respeto de las normas del Derecho internacional humanitario y la abstención del uso de armamento prohibido por las normas internacionales.

Jus post bellum

La consideración de este último momento de aplicación de las pautas de la guerra justa fue surgiendo con la reflexión acerca de las consecuencias materiales y sociales de la intervención bélica humanitaria. Se ha ido manifestando, por ello, en una obligación de reconstruir el estado que ha sido el escenario de la conflagración, una vez concluidas las operaciones militares. Una lenta evolución va abriendo paso a la consagración de dicha obligación en relación con cualquier estado que participe en acciones bélicas.

En consecuencia, tras el desencadenamiento y la conducción de una guerra que deba considerarse justa se exigirá paulatinamente el establecimiento de una paz justa que favorezca la reconciliación (Walzer, 2004: 15) entre estados y pueblos involucrados en conflictos armados de carácter interno o internacional.

5.   Conclusión

Las teorías de la guerra justa plantean límites desde la ética, el derecho y la política para evitar la arbitrariedad en el desencadenamiento, la conducción y la culminación de los conflictos armados, hoy asimétricos e irregulares. No dejan por ello, desde marcos actuales de pensamiento, de recurrir al diálogo con su propia tradición milenaria y clásica que no ha perdido vigencia para muchos protagonistas de las nuevas formas de confrontación armada quienes, como ayer, son seres humanos que deciden responsablemente o no emprenderlas y enfrentarse en ellas.

Admitiendo el lado oscuro de una humanidad que no renuncia a autoinfligirse muerte, la guerra justa es un modesto intento histórico que, asumiendo la necesidad de procurar la sobrevivencia colectiva, plantea exigencias a la legítima defensa. Así, lo justo éticamente deberá concurrir con lo acordado jurídicamente y ser factible políticamente. En suma, sin renunciar a la paz, el justum bellum fundamentalmente permite determinar que no todas las guerras son justas, propiciando la condena de aquellas injustas.

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