eunomia 6    Álvaro Núñez Vaquero*
Universidad Austral de Chile, Valdivia
alvaro.nunez@uach.cl

* Esté trabajo fue elaborado durante mi periodo como becario post-doctoral de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido revisado cuando ya era profesor de la Universidad Austral de Chile. Agradezco a los árbitros que informaron este artículo por sus interesantes y pertinentes sugerencias e indicaciones.

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Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo analizar algunos de los significados más relevantes de la expresión “dogmática jurídica”. En primer lugar, se ofrece una definición de dogmática jurídica como sinónimo de ciencia jurídica. En segundo lugar, se examinan dos directivas metodológicas típicas del estilo dogmático: la (hipo-)tesis del legislador racional y la construcción de conceptos dogmáticos. Finalmente, se analizan diferentes tesis acerca de qué significa “aceptar dogmáticamente” el derecho.

Palabras clave

Dogmática jurídica, ciencia jurídica, legislador racional, conceptos dogmáticos, aceptación dogmática.

 

Legal Dogmatic

Abstract

This work analyzes some of the more important meanings of the expression “legal dogmatic”. First, it offers a definition of “legal dogmatic” as a synonymous of “legal science”. Second, it examines two methodological directives typical of dogmatic style: the (hipo-)thesis of the rational legislator and the construction of dogmatic concepts. Finally, it analyzes some theses about what “dogmatic acceptation” of law means.

Keywords

Legal dogmatic, legal science, rational legislator, legal concepts, dogmatic acceptation.

 

Toda vez que hablamos de cultura de la legalidad nos enfrentamos con el problema de determinar qué nos exige el derecho. En otro caso, difícilmente podremos saber cuándo un comportamiento se desvía de lo jurídicamente debido. El problema es que no siempre resulta sencillo establecer cuál es el contenido del derecho. Cuando se tienen dudas acerca de su contenido, los operadores jurídicos, al menos en algunas ocasiones, acuden a la dogmática jurídica.

Sin embargo, no es del todo claro qué es o en qué consiste esta “dogmática jurídica”. Para evitar equívocos y malentendidos, lo primero que debemos hacer es distinguir entre los diferentes significados en los que se puede emplear esta expresión:

  1. En primer lugar, “dogmática jurídica” equivale sin más a la actividad desarrollada por los estudiosos del derecho (y/o a sus resultados y método). Es decir, la expresión es usada, en este primer sentido, como sinónima de “ciencia del derecho”.[1].
  2. En segundo lugar, “dogmática jurídica” haría referencia al estudio del contenido del derecho más atento a la práctica jurídica respecto de la “ciencia del derecho”, la cual tendría un mayor grado de generalidad y abstracción.[2].
  3. “Dogmática jurídica” es también utilizada para referirse al conjunto de opiniones valorativas de los estudiosos del derecho sobre el derecho positivo (lege y sententia ferenda). Frecuentemente se trata de una expresión peyorativa y con una clara carga valorativa negativa[3], aunque también es posible utilizarla sin connotaciones emotivas.[4]
  4. “Dogmática jurídica” también es empleada para referirse al método adoptado por algunos estudiosos del derecho alemanes del siglo XIX como Laband, Jellinek, el primer Jhering y, por supuesto, Puchta y Savigny: la jurisprudencia de conceptos.[5].
  5. “Dogmática jurídica” es también usado para hacer referencia no ya a un conjunto de tesis metodológicas defendidas y empleadas durante el siglo XIX, sino a una posterior reelaboración de aquellas muy difundida todavía hoy en día. En este sentido, la expresión “dogmática jurídica” es utilizada como sinónima de “formalismo jurídico”.[6]
  6. Por último, “dogmática jurídica” también puede designar una determinada actitud frente al derecho, irreflexiva o meramente formal, de aceptación del mismo que supuestamente tendrían los estudiosos del derecho hacia su objeto de estudio.

Aquí me ocuparé principalmente del primero y de los dos últimos significados,  descartando el segundo y el tercero, y haciendo únicamente una breve referencia al cuarto. Ello porque se trata de los significados más relevantes y en los que más frecuentemente se emplea esta expresión.

1.   Dogmática jurídica como sinónimo de ciencia del derecho

El sentido con el que con mayor frecuencia se utiliza la expresión “dogmática jurídica” es cuando es empleada (1) como sinónima de “ciencia jurídica”. Es preciso observar que, además de estas dos expresiones (“ciencia jurídica” y “dogmática jurídica”), también es frecuente ver usadas otras –como “ciencia del derecho”, “doctrina (jurídica)” o “estudios de derecho positivo”, etc.– para hacer referencia al mismo objeto. Sin embargo, esta variedad de expresiones genera algunos problemas porque en ocasiones aquellas son usadas como sinónimas, mientras que en otras se emplean con matices de significado parcialmente diferentes.

Por esta razón, definir “dogmática jurídica” (o “ciencia jurídica”) no resulta una tarea sencilla. De hecho, la expresión que nos ocupa –y sus aparentes sinónimas– parece ser resistente a la definición. Prueba de ello es que en buena parte de los estudios sobre “dogmática jurídica” no aparece definición alguna sobre su objeto de estudio.

Además de la anterior dificultad, existen otros escollos a la hora de definir “dogmática jurídica”. El más importante es que los dogmáticos –fundamentalmente los profesionales de la investigación jurídica– realizan tareas muy diferentes entre sí: desde el comentario de sentencias, hasta la exposición ordenada del derecho, pasando por las recomendaciones de política legislativa y judicial[7]. El problema es que resulta especialmente complicado establecer los rasgos comunes que caracterizarían a todas estas actividades, y que las diferenciarían de la actividad de otras disciplinas como la teoría del derecho o la sociología jurídica, por un lado, y de la actividad del resto de operadores jurídicos, por el otro.

Con el objetivo de evitar que la definición de “dogmática jurídica” privilegie alguna (o algunas) de estas actividades que supuestamente realizarían (o deberían realizar) los estudiosos del derecho, es preciso ofrecer una definición amplia que permita dar cabida a toda esta variedad de actividades y a los diferentes métodos con que pueden ser llevadas a cabo. En caso contrario, estaríamos introduciendo subrepticiamente alguna tesis acerca de qué hacen o deben hacer (análisis de sentencias, comentarios legislativos, compilaciones normativas, etc.), sobre cómo llevan o deberían llevar a cabo dichas actividades (métodos exegético, formalista, análisis económico del derecho, etc.) o sobre las supuestas funciones (didáctica, sistematizadora, crítica, etc.) que la dogmática jurídica cumpliría o debería cumplir. Por supuesto, también es necesario que la definición de “dogmática jurídica” no se aleje demasiado de la forma en la que prevalentemente se usa esta expresión.

Teniendo en cuenta las anteriores precauciones, es posible definir “dogmática jurídica” como la actividad realizada por los estudiosos del derecho que tiene como objetivo establecer la calificación deóntica que, en un determinado sistema jurídico, se atribuye a tipos de acciones (casos genéricos) –pero en algunas ocasiones también a conductas concretas (casos individuales)– y al que el sistema jurídico de referencia no reconoce algún valor en ningún procedimiento jurídico. Es decir, la actividad –pero también su método y resultado– que pretende precisar la consecuencia jurídica que un ordenamiento jurídico vigente asocia a un determinado tipo de comportamiento.

Aunque algo vaga, la anterior definición evita caer en alguna suerte de esencialismo conceptual acerca de qué es la “dogmática jurídica”. En primer lugar, impide identificar aquélla sólo con alguno de los métodos o actividades que pueden realizar los profesionales de la investigación jurídica. Constituye, en segundo lugar, un buen punto de partida para analizar cuáles son las actividades que efectivamente desarrollan o deberían desarrollar los estudiosos del derecho positivo. Se trata, por tanto, de una definición que permite abordar las cuestiones centrales sobre la dogmática jurídica –qué hace y qué debería hacer– sin presuponer ninguna respuesta.

En teoría de la ciencia jurídica –aquella disciplina que analiza la dogmática jurídica en este primer sentido– es frecuente distinguir entre los planos (a) descriptivo (qué hacen los dogmáticos) y (b) normativo (qué deben hacer) (Bobbio, 2011). Es conveniente analizar, aunque sea sucintamente, el estado de la cuestión en ambos ámbitos.

(a) Si bien nunca se ha llevado a cabo una investigación empírica a gran escala para esclarecer qué hacen efectivamente los dogmáticos del derecho, buena parte de la teoría descriptiva de la ciencia jurídica sostiene que la mayoría de los dogmáticos de hecho pretenden dedicarse a describir el contenido del derecho para, a continuación, sistematizarlo. Según la mayor parte de la literatura, lo más frecuente es que los dogmáticos, en primer lugar, realicen exposiciones de las que consideran las interpretaciones correctas de las fuentes del derecho, recurriendo para ello a los principios y valores del ordenamiento, por un lado, y a conceptos y teorías dogmáticas, por el otro. En segundo lugar, y sirviéndose también de dichos conceptos y teorías, presentan el material normativo de forma que sea más fácilmente comprensible y manejable: sistematizándolo.

Ahora bien, según esta misma literatura, los dogmáticos de hecho no sólo se dedican a interpretar el derecho y a presentarlo de manera ordenada. Por el contrario, la dogmática jurídica adapta el contenido del derecho, bien para satisfacer exigencias materiales de justicia, bien para solucionar los defectos lógicos (lagunas, antinomias y redundancias). Este tipo de operaciones son desarrolladas mediante diferentes instrumentos: desde la concretización de los principios del ordenamiento, hasta la creación de jerarquías axiológicas entre normas, pasando por el recurso a la tesis del legislador racional (véase infra 2). Estas actividades, que claramente requieren realizar juicios de valor, son presentadas por los propios dogmáticos con gran frecuencia como actividades descriptivas, o al menos objetivas –en el sentido de que estarían gobernadas por un conjunto de reglas no vagas– que no comprometerían la imparcialidad del método dogmático.

No obstante, aunque existe acuerdo sobre que los dogmáticos no se limitan a describir, cuál sea el estatus de dichas actividades –racional o discrecional– es cuestión controvertida. La posiciones en esta discusión pueden ser divididas en dos grandes bloques: por un lado, quienes consideran que estas actividades son puramente discrecionales (y no son otra cosa que la plasmación de las ideologías de los estudiosos del derecho); por el otro, quienes creen que se trata de una actividad racional, que si bien no es axiológicamente neutral, tiene carácter imparcial no consistiendo simplemente en un puro ejercicio ideológico.

(b) Desde el punto de vista normativo (qué deben hacer los dogmáticos), lo primero que hay que señalar es que la cuestión ha sufrido un cambio de perspectiva en las últimas décadas. Si con anterioridad la cuestión acerca de qué deben hacer los estudiosos del derecho era mayoritariamente afrontada como una cuestión técnica, desde hace ya varias décadas buena parte de la teoría normativa de la ciencia jurídica ha planteado la cuestión como moral o ético-política.

b.1) Desde el primer punto de vista (latamente normativo o técnico), el objeto central de discusión ha sido la controversia acerca de la cientificidad del método dogmático. Es decir, la discusión se ha centrado preeminentemente en establecer qué método debían emplear los estudiosos del derecho para que su actividad pudiera ser considerada como científica.[8]

Las respuestas que se han dado a la pregunta sobre la cientificidad del método dogmático pueden ser agrupadas en tres categorías diferentes:

i) Quienes consideraban que tal y como era efectivamente cultivada, la dogmática jurídica podía ser considerada ya como una disciplina científica, o al menos como un conocimiento riguroso (como Villa o Jori).[9]

ii) Quienes consideraban, a diferencia de los anteriores, que la dogmática no podía ser considerada una ciencia pero que era suficiente con hacer el método más  riguroso (como Kelsen, Bobbio o Alchourrón y Bulygin) para que lo fuera.

iii) Quienes consideraban que no era posible que la dogmática fuera una disciplina científica y, por lo tanto, debía modificar profundamente su forma de aproximarse al derecho para convertirse en tal. Dentro de este último grupo es necesario distinguir entre dos tipos de respuestas diferentes: por un lado, quienes consideraban que la dogmática debía cambiar su objeto de estudio por el derecho natural -como Kirchmann (1999)-; por el otro, quienes sostienen que no es necesario cambiar el objeto de estudio pero sí modificar radicalmente el método de estudio del derecho: realistas tales como Ross, Tarello o Llewellyn (Núñez Vaquero, 2013).

b.2) La cuestión sobre qué deben hacer los estudiosos del derecho es formulada en términos netamente normativos o ético-políticos por la literatura más reciente (Atienza y Ruiz Manero, 2007; Nino, 1999). En particular, esta literatura pone en entredicho que la dogmática deba ser una disciplina científica, o incluso que deba dedicarse únicamente a describir el derecho. Antes bien, según gran parte de la teoría normativa (ideología) de la ciencia jurídica contemporánea, los dogmáticos deberían concentrarse en proponer soluciones para los casos difíciles, convirtiendo así a la dogmática jurídica en una disciplina práctica (Calsamiglia, 1996; Manrique, Navarro y Peralta, 2011).

Aunque existe una cierta variedad de métodos mediante los cuales los estudiosos del derecho pueden proponer soluciones para los casos difíciles –y de este modo orientar las decisiones judiciales– hay un método (o conjunto de métodos) sin duda dominante en la discusión normativa en teoría de la ciencia jurídica: aquél que tiene sus orígenes y justificación en la teoría estándar de la argumentación. Debido a su casi total hegemonía en la discusión, es posible afirmar que se trata de la tesis dominante en la teoría normativa (o ideología) de la ciencia jurídica.

Según la tesis dominante, los dogmáticos del derecho deben dedicarse a proponer soluciones para los casos difíciles mediante instrumentos elaborados en sede de teoría moral (ponderación, equilibrio reflexivo, auditorio racional, etc.), combinando los principios morales y del razonamiento práctico que rigen cualquier tipo de decisión práctica (tesis de la unidad del razonamiento práctico), con principios y valores específicamente jurídicos (seguridad, certeza del derecho, respeto a la historia institucional, etc.). Por tanto, según la tesis dominante, los dogmáticos deberían dedicarse a ofrecer razones y argumentos en favor de la mejor solución jurídicamente posible, orientando así las decisiones judiciales en los casos difíciles. Si bien resulta necesario emplear juicios axiológicos para proponer soluciones para los casos difíciles, los estudiosos del derecho dispondrían de criterios que les permitirían identificar –salvo en los casos trágicos– cuál es la respuesta jurídicamente correcta.

Con base en la anterior reconstrucción, es posible presentar cuatro metáforas acerca del trabajo de la dogmática jurídica que pueden tener algún valor heurístico para presentar algunas de las más importantes teorías –pero también ideologías– de la ciencia o dogmática jurídica.[10]

Según la primera metáfora, el trabajo de la dogmática se asemejaría al de la botánica o al de la zoología. Es decir, en la medida en que el trabajo de la dogmática se fundaría en observaciones empíricas y estaría guiado por un método formado por un conjunto de reglas de transformación (reglas del lenguaje natural más aquellas de la lógica para ordenar el material normativo), el trabajo dogmático sería una actividad cognitiva formalizada. Es decir, su trabajo consistiría básicamente en un conjunto de observaciones (estudio de los textos normativos), su interpretación (que según esta primera metáfora sería una actividad cognitiva) y su posterior sistematización.

No obstante, según buena parte de la literatura, los dogmáticos hacen (o deberían hacer) más que esto, y adaptan el contenido del derecho para satisfacer exigencias lógicas y de justicia, convirtiendo de este modo a la dogmática en una disciplina no meramente descriptiva. No se trata, como ya se ha dicho, de una actividad puramente creativa sino basada en un conocimiento –que según algunos autores podría ser considerado– científico que tiene varios siglos de tradición y que no pretende simplemente describir sino solucionar (o proponer una solución) para problemas prácticos: qué hacer. En particular, la dogmática jurídica debería ser la disciplina que orienta las decisiones judiciales allí donde el derecho no sea claro: los casos difíciles.

En este sentido, la dogmática se parecería (segunda metáfora) a la medicina en la medida en que ambas están basadas en un conocimiento científico pero ninguna de ellas consiste en la mera descripción ordenada de las partes de un corpus. Antes bien, tanto una como otra serían disciplinas prácticas o aplicadas que afrontan y resuelven problemas prácticos: cómo sanar al paciente o cómo resolver un conflicto[11].

La metáfora médica puede ser criticada desde dos puntos de vista. La primera crítica consiste en afirmar que el conocimiento que presupone la dogmática cuando propone soluciones para los casos difíciles no tiene carácter científico. Por el contrario, se trataría de un conocimiento folk o –más sencillamente– de sentido común. Ahora bien, si así están las cosas, entonces el trabajo de los dogmáticos se parecería más (tercera metáfora) al de los cuberos, fontaneros o carpinteros que aplican máximas de la experiencia (no científicas) hasta conseguir el resultado deseado. Es decir, similar a la actividad de quienes utilizan un conocimiento no científico para afrontar tareas técnicas o prácticas en las que disponemos de criterios objetivos para valorar su éxito. Esto es, pese a no estar basada en un conocimiento científico, se trataría de una actividad para la que disponemos de estándares para establecer cuándo ha sido exitosa.

La segunda línea de crítica a la metáfora médica sostiene que, mientras que en el caso de la medicina dispondríamos de criterios de carácter objetivo sobre su éxito (la curación del enfermo o su bienestar), en el caso de la dogmática no tendríamos tales criterios de carácter objetivo. Es decir, al contrario que en el trabajo de las actividades anteriores, en la dogmática jurídica no tendríamos ningún criterio que permitiera identificar objetivamente el éxito de la actividad. Para ello sería necesario que dispusiéramos de criterios objetivos de corrección práctica o moral, lo que es negado por una parte de la literatura. De este modo, el trabajo de la dogmática se parecería más (cuarta metáfora) al del cocinero que elabora sus platos con base en un conocimiento de carácter científico pero cuyo éxito depende de los gustos y preferencias de cada comensal.

En resumen: en este primer sentido, la dogmática jurídica es aquella actividad que pretende establecer cuál es el contenido del derecho. Si bien existe un cierto acuerdo en la literatura sobre que los dogmáticos de hecho no se limitan a describir el contenido del derecho (aunque no sobre cómo calificar estas otras actividades), qué deben hacer aquellos es una cuestión todavía hoy abierta.

2.   Método dogmático

En muchas ocasiones en las que se utiliza la expresión “dogmática jurídica” se quiere hacer referencia no ya a la actividad de los estudiosos del derecho en general sino al método jurídico teorizado y empleado por estudiosos del derecho alemanes del siglo XIX como Jellinek, Laband, Gerber y, por supuesto, Savigny, Puchta[12]o el propio Jhering: la jurisprudencia de conceptos. Aquí no me detendré en el modelo de estudio del derecho practicado por estos autores, sino que analizaré brevemente dos directivas metodológicas que todavía hoy gozan de un cierto predicamento, y que justificarían calificar como dogmática (o formalista) la actividad, método y/o resultado de algunos estudiosos del derecho.

(Hipó-)tesis del legislador racional

La primera de estas directivas metodológicas es la (hipó-)tesis del legislador racional, es decir, aquella según la cual el ordenamiento jurídico es completo, coherente y cerrado –no porque éstas sean propiedades inherentes al derecho sino– porque el legislador así lo ha deseado. No sólo sino que además el legislador sería justo, preciso, imperecedero, finalista, omniscente, etc. hasta el punto de parecerse a una divinidad. Se trata, como es bien sabido, de una tesis relacionada con el positivismo jurídico teórico (está estrechamente vinculada con una concepción voluntarista del derecho) e, indirectamente, también con el ideológico.

La función de la tesis del legislador racional es doble: por un lado, sirve para adaptar el contenido del derecho a determinados estándares axiológicos; por el otro, ofrece instrumentos para resolver y prevenir antinomias, lagunas y redundancias. Es decir, esta tesis ofrece al estudioso del derecho herramientas metodológicas que le permiten modificar el sistema normativo, solucionando sus defectos lógicos y/o adaptándolo a exigencias de justicia.

La (hipó-)tesis del legislador racional está constituida por un conjunto de razones que sirven como justificación para el empleo de una serie de directivas metodológicas a partir de las cuales derivar criterios interpretativos (y normas acerca de la aplicabilidad de otras normas) que permiten, entre otras cosas, atribuir al legislador normas jurídicas. Más en concreto, dicha tesis justificaría: por un lado, el uso de instrumentos que permiten atribuir un determinado significado a los enunciados del legislador; por el otro, el empleo de reglas acerca de la prelación en la aplicación de las normas jurídicas.

La tesis del legislador racional puede ser suscrita en dos versiones: en primer lugar, como una tesis descriptiva acerca de la realidad: el legislador no crea antinomias, es único, es siempre el mismo sujeto, etc.[13]En segundo lugar, como una ficción normativa que debe regir las operaciones de la dogmática jurídica.

En su primera versión se trata de una tesis evidentemente falsa: los juristas detectan con frecuencia lagunas y contradicciones en los ordenamientos jurídicos, las personas que legislan fallecen, no conocen todas las normas vigentes, etc. Desde este punto de vista descriptivo, la tesis del legislador racional cumple una función ideológica dado que permite presentar como descriptivas proposiciones normativas que son producto de las preferencias ético-normativas del dogmático. Esto es, presentar como jurídicas normas que no es posible atribuir a las fuentes formales del derecho.

En su segunda versión, las cosas son algo más complicadas. Aquí ya no se afirma que el legislador haya construido un sistema completo y coherente, o que se base en el mejor conocimiento disponible sobre la realidad social. Antes bien, se trata de la norma metodológica según la cual la dogmática jurídica debe presuponer que el legislador es así. Ello permitiría obtener una sola respuesta jurídica para cada caso con base exclusivamente en este conjunto de instrumentos (y de los enunciados normativos), convirtiendo así al derecho en un sistema cerrado dotado de instrumentos de auto-integración.

La tesis del legislador racional tiene, tanto en su versión descriptiva como normativa, al menos dos inconvenientes. El primero es que prevé instrumentos cuya aplicación puede conducir a soluciones jurídicas incompatibles, no ofreciendo meta-criterios que permitan identificar qué solución normativa es la que debemos adoptar. Es decir, es posible que si presuponemos al mismo tiempo más de una de estas características atribuidas al legislador, se pueda justificar más de una solución normativa. Por ejemplo, no sabemos si el legislador ha deseado no regular un determinado supuesto de hecho y debemos interpretar las disposiciones normativas a contrario (legislador preciso), o si en cambio el legislador daba por regulada la materia y debemos realizar una interpretación analógica o extensiva (legislador económico).

El segundo problema es la vaguedad o falta de precisión de algunos de los instrumentos que prevé. A saber: aunque eligiéramos cuál de las directivas justificadas por la tesis del legislador racional emplear, en ocasiones ello no es suficiente para establecer la supuesta respuesta correcta. Por ejemplo, aunque presupongamos que el legislador tenía claro el fin que deseaba alcanzar (y que existe algo así como la voluntad del legislador), no disponemos de medios para determinar con certeza cuál era tal fin.[14].

Construcción de conceptos dogmáticos

El segundo instrumento típico de la aproximación dogmática al estudio del derecho es la construcción de conceptos dogmáticos –tales como “dolo”, “compra-venta”, “acto administrativo”, etc.– y, con base en aquellos, la elaboración de teorías dogmáticas (o teorías generales de una parte del ordenamiento): teoría general del delito, de los contratos o de la administración. Es decir, conceptos que no provienen directamente de las fuentes del derecho sino que son elaborados por los estudiosos del derecho.[15]

Para entender el peculiar uso que hace de los conceptos el método dogmático, primero debemos aclarar qué son los conceptos, dogmáticos o de cualquier otro tipo. Los conceptos, en extrema síntesis, son instrumentos que utilizamos para hacer referencia de manera abreviada a conjuntos de entidades que tienen en común características que nos parecen relevantes. Es decir, generalizaciones que identifican las características más importantes de objetos o eventos, y que nos permiten ordenar nuestro conocimiento[16].

Los conceptos dogmáticos no son demasiado distintos del resto de conceptos, salvo en una cosa: no hacen directamente referencia a hechos sino a conjuntos de normas. “Cheque”, “constitución” o “impuesto” son sencillamente instrumentos que nos permiten hacer referencia abreviadamente a conjuntos de normas: contenidos proposicionales que vinculan una calificación jurídica a una conducta (Ross, 1956).

Los conceptos dogmáticos satisfacen dos funciones. En primer lugar, sirven para ordenar y exponer sistemáticamente un conjunto de normas. Ejemplo claro de este tipo de exposición ordenada del derecho es un cierto tipo de manualística de las disciplinas jurídicas positivas (derecho penal, derecho mercantil, derecho civil, etc.) que presentan el contenido del derecho a través de conceptos con un mayor o menor grado de abstracción y generalidad –acto jurídico, negocio jurídico, contrato, compra-venta[17]– lo que haría más sencilla su comprensión.

La segunda función que satisfarían los conceptos dogmáticos es su uso para obtener soluciones normativas para los casos en los que el ordenamiento –al menos aparentemente– no ha previsto sólo una consecuencia jurídica. Es decir, para derivar normas implícitas del ordenamiento que no han sido expresamente formuladas por ninguna autoridad normativa ni son consecuencia lógica de ninguna norma expresa (Alchourrón y Bulygin, 1975; Guastini, 2011: 104 ss.).

Para entender en qué consisten este tipo de operaciones, lo mejor es comenzar con un ejemplo. Para referirnos al conjunto de normas relativas a la cesión del uso de un bien (mueble o inmueble) a cambio de una renta utilizamos el concepto de “arrendamiento”. Ahora imaginemos que nos encontramos frente a una laguna ya que el sistema jurídico de referencia del dogmático no prevé nada sobre la duración de los arrendamientos, pero debemos decidir sobre la validez de un contrato de arrendamiento en el que no se especifica la duración.

Pues bien, lo que es característico del uso de conceptos dogmáticos es preguntarse si hay algo en la idea (concepto) de arrendamiento que impida que se trate de un vínculo por tiempo no definido. No obstante, si el concepto de arrendamiento que se emplea no es otra cosa que una forma abreviada para referirse al conjunto de normas de un sistema jurídico que no contiene previsión normativa alguna sobre la duración de los alquileres, nuestro estudioso del derecho no llegará demasiado lejos.

Con el fin de obtener una respuesta, el concepto de arrendamiento tiene que convertirse en una entidad de contenido diferente y autónomo respecto del conjunto de normas que regulan los alquileres en el ordenamiento jurídico que el dogmático estudia. Con este objetivo, el dogmático construirá un concepto de arrendamiento mediante sucesivas generalizaciones a partir de las regulaciones de ordenamientos de diferentes tiempos y lugares, su comparación con otro tipo de contratos, y sucesivas coherentizaciones.

Una vez que disponga de un concepto de arrendamiento como éste podrá concluir que –aunque su ordenamiento objeto de estudio no diga nada sobre la duración de los alquileres– a partir del concepto de “arrendamiento” es posible derivar una norma implícita que colma la laguna, permitiendo o prohibiendo los contratos de arrendamiento que no prevén específicamente nada sobre su duración. Es decir, a partir de lo que “realmente” es un alquiler, de lo que “esencialmente” es un arrendamiento, podrá establecer la validez de un contrato de alquiler por tiempo no definido.

Este tipo de operaciones tiene tres problemas.

a) El primero es que oculta el hecho de que cuales sean las propiedades necesarias que conforman este nuevo concepto de arrendamiento, es algo que depende de un juicio de relevancia acerca de lo que el dogmático considera que es “esencial” de un arrendamiento. Y no existen meta-criterios que nos permitan establecer cuáles son las características necesarias, y cuáles contingentes, en el concepto de arrendamiento. Si un determinado ordenamiento no dice nada acerca de su duración, ¿por qué considerar la temporalidad como algo definitorio de los arrendamientos?, ¿sería la legislación de referencia “defectuosa”?, ¿no será por el contrario preciso modificar el concepto de arrendamiento? Este tipo de razonamientos llegan al paroxismo cuando se llega a afirmar, por ejemplo, que un legislador que permitiera arrendamientos por tiempo indeterminado iría contra los dictados de la lógica.[18]

b) El segundo problema es que hemos pasado, inadvertidamente, de un concepto que servía para presentar ordenadamente el conjunto de normas de un ordenamiento, a emplear el mismo para derivar conclusiones normativas. Es decir, el concepto inicialmente normativo por referirse a normas, pasa a ser normativo en cuanto sirve para derivar nuevas normas implícitas, resolviendo los defectos lógicos del sistema sin necesidad de recurrir a consideraciones de justicia u oportunidad de ningún tipo.

c) El tercer y último problema es que la derivación de normas implícitas a partir de la construcción de conceptos jurídicos suele ser presentada como una actividad neutral, cuando no puramente deductiva. Sin embargo, la construcción de conceptos dogmáticos depende de manera decisiva de una serie de asunciones tanto empíricas como axiológicas que raramente son hechas explícitas por parte de los dogmáticos, como cuál es la protección que merecen los arrendatarios o quienes son las personas que los suscriben.

El discurso dogmático se vuelve así autónomo en un doble sentido. En primer lugar, respecto de los valores, pues se considera innecesario recurrir a consideraciones de tipo axiológico para integrar el derecho. En segundo lugar, respecto al propio ordenamiento positivo, ya que por esta vía se pueden generar soluciones normativas para cualquier caso posible sin necesidad de acudir a las fuentes de dicho ordenamiento, perdiendo de este modo su carácter marcadamente nacional.

3. Aceptación dogmática

El último significado de la expresión “dogmática jurídica” del que me ocuparé (6) hace referencia a la (supuesta) actitud de los estudiosos del derecho hacia las normas jurídicas, quienes las considerarían como “verdades incuestionables”. Por supuesto, las normas no tienen valores de verdad, por lo que aquellas no podrían ser dogmas en el mismo sentido que lo son las verdades de fe, por ejemplo, de la iglesia católica. Antes bien, cuando se afirma que los estudiosos aceptan dogmáticamente el derecho se afirma que aquellos consideran las normas jurídicas como justas o correctas, y por tanto obligatorias, de manera irreflexiva, o al menos de forma no suficientemente racional.

No obstante, cuando se afirma que la dogmática considera el derecho como un dogma se puede estar haciendo referencia al menos a tres grupos de tesis diferentes: (3.1) una tesis de carácter descriptivo según la cual los dogmáticos de hecho consideran como justas las normas jurídicas; (3.2) un conjunto de tesis teóricas acerca del estatus de las proposiciones normativas; (3.3) un conjunto de tesis conceptuales sobre la identificación de normas (y sobre el razonamiento práctico).

3.1. En primer lugar, la expresión “aceptación dogmática” es usada para hacer referencia a que los dogmáticos de hecho adoptan las normas jurídicas como obligatorias por razón de su fuente. Es decir, se afirma que los dogmáticos de hecho suscriben una actitud positivista ética o ideológica. Como es bien sabido, existen al menos dos variantes del positivismo ideológico: según el positivismo ético fuerte, por el mero hecho de provenir del soberano las normas serían justas, por lo que deben ser aceptadas y obedecidas; según el positivismo ético débil o moderado, las normas de algunos soberanos o autoridades públicas que satisfacen determinados requisitos deben ser obedecidas al menos prima facie (Bobbio, 1996).

Sin embargo, resulta algo aventurado afirmar que los estudiosos del derecho aceptan siempre, aunque sea solo prima facie, las normas que forman su objeto de estudio. Para confutar esta tesis basta con recordar a ilustres dogmáticos que vivieron en tiempos de dictadura y rechazaron desde un punto de vista político el derecho. Además, es frecuente que los dogmáticos presenten el material normativo y, acto seguido, se dediquen a criticar la normativa objeto de estudio (sentencias de lege ferenda). Si bien no es infrecuente que los dogmáticos guarden una cierta actitud conservadora hacia el derecho, se trataría a lo sumo de una tesis descriptiva sintética, como tal solo contingentemente verdadera y, por lo demás, falsa en muchas ocasiones.

3.2.  La segunda interpretación de la tesis de la aceptación dogmática hace referencia a un conjunto de tesis sobre el estatus de las proposiciones normativas: toda vez que los dogmáticos dan cuenta del contenido del derecho no proferirían enunciados de carácter asertivo sino proposiciones de carácter prescriptivo. Es decir, no serían proposiciones normativas sólo por versar sobre normas sino también porque prescriben u ordenan comportamientos. Sin embargo, es posible suscribir esta tesis acerca del estatus de las proposiciones normativas en dos versiones diferentes.

i) Hans Kelsen (1979: 232) definió validez como creación de normas por parte de un órgano autorizado, y estableció una trivalencia entre existencia, pertenencia y obligatoriedad de las normas jurídicas. Si una norma jurídica existe es porque pertenece al ordenamiento y es por tanto obligatoria. Esto, según Kelsen, no significa que exista una obligación moral de obedecer el derecho sino sólo una obligación jurídica: si una norma jurídica existe es obligatoria, o no se trataría en absoluto de una norma válida.

La equiparación de validez, por un lado, y de la existencia, pertenencia y obligatoriedad de las normas, por el otro, explicaría el singular carácter de las proposiciones normativas kelsenianas: si bien son enunciados que describen normas, tienen carácter prescriptivo ya que un comportamiento regulado por una norma válida es un comportamiento obligatorio. No se trataría, como sugirió Hart (1963), de enunciados que mencionan normas sino de enunciados que presentan como debidos determinados comportamientos.

Reformulada en términos empíricos, dicha tesis parece empíricamente verdadera: buena parte de los operadores jurídicos consideran que existe una obligación jurídica de obedecer al derecho, aunque no necesariamente moral. No obstante, la tesis kelseniana no resulta demasiado persuasiva desde el punto de vista conceptual. En efecto, si existe una obligación de obedecer las normas jurídicas, aquélla no puede ser a su vez una obligación jurídica porque siempre sería posible preguntarse por la razón por la que obedecer la norma jurídica que impone la obligación jurídica de obedecer al resto de normas del sistema jurídico (Guastini, 2011).

ii) En su segunda versión, esta tesis afirma que las proposiciones normativas –aquellas que afirman la pertenencia y/o aplicabilidad de una norma a un ordenamiento– consisten en la reiteración de los preceptos normativos. Según Uberto Scarpelli (1967), toda vez que describimos cuál es el contenido del derecho estaríamos respaldándolo; es más, es como si estuviéramos repitiendo o emanando nuevamente la norma. Ello debido a que, dada la pluralidad de conceptos de derecho disponibles, para establecer qué cuenta como derecho válido es necesario aceptar, desde un punto de vista ético-normativo, algún concepto de derecho.

No obstante, se trata de una tesis poco afortunada y criticable, al menos porque parece posible describir normas aceptando tan sólo a título de hipótesis un determinado concepto de derecho. Es decir, el uso de un criterio para identificar el contenido del derecho no conlleva necesariamente su aceptación ético-política o moral. Es como si se afirmara que para describir que en China hoy hay pena de muerte fuera necesario aceptar el concepto de derecho del Partido Comunista chino.

3.3.  El último significado de “aceptación dogmática” hace referencia a la tesis según la cual para identificar el contenido del derecho es necesario recurrir a los valores y principios morales. No es, por supuesto, que cada uno de los dogmáticos deba emplear su propia moral individual para establecer el contenido del derecho sino que debe emplear la moral positivizada o en la que se inspira el ordenamiento, cuando no la moral objetivamente correcta.

No obstante, y como en el caso anterior, dicha tesis puede ser formulada en dos versiones diferentes.

a) La primera versión se basa en un sofisticado argumento acerca de lo que significa seguir una regla: dado que sucesivos actos de aplicación de una norma no permiten esclarecer qué regla se está aplicando (ni tampoco si en realidad se está aplicando alguna regla), para saber qué exige de nosotros el derecho es necesario que asumamos las normas y valores que gobiernan la práctica de su identificación.[19] Es decir, sería necesario aceptar no tanto la regla que se describe cuanto el conjunto de normas que rigen la práctica para saber qué nos exigen las normas que la conforman. Dado que no sería factible comprender dicha práctica sin asumir un punto de vista interno a la misma –el punto de vista de quien acepta dicha práctica– sería imposible determinar cuál es el contenido del derecho sin comprometerse moralmente con el conjunto de normas que constituyen y justifican dicha práctica.

Sin embargo, esta tesis resulta contraintuiva desde dos puntos de vista. En primer lugar, si la práctica está regida por reglas, no se entiende por qué razón quien acepta la plausibilidad de tal práctica tendría un conocimiento más sofisticado de la misma que quien no la acepta. Es decir, si las meta-normas que constituyen la práctica son reglas, resulta indiferente aceptar su contenido para saber qué sería actuar conforme a aquellas. Parece que aceptar o no aceptar una norma es una actitud de tipo práctico hacia aquellas, pero no se entiende en qué sentido aceptar las meta-normas que rigen la práctica podría darnos un conocimiento más profundo de aquella.

Pero, en segundo lugar, si la práctica no está regida por meta-normas cuyas condiciones de aplicación son identificables de forma previa a su aplicación o aquellas no constituyen condiciones suficientes para su aplicación (no tratándose por tanto de reglas) entonces cabe preguntarse si la práctica es homogénea o si, por el contrario, no se encuentra sencillamente infradeterminada. Si el dogmático carece de meta-reglas sobre la identificación de las normas del ordenamiento, entonces es posible que el derecho se encuentre indeterminado, siendo indiferente aceptar o no las meta-normas que regirían su identificación porque el ordenamiento no prevería una sola respuesta.

b) En su segunda versión, “aceptar dogmáticamente” hace referencia a una tesis acerca de la justificación práctica racional. Según algunos autores, para identificar el contenido del derecho sería necesario recurrir a consideraciones valorativas o a juicios de tipo moral.[20]Esta tesis, no obstante, puede ser interpretada en dos formas diferentes.

b.i) En primer lugar, es posible pensar que la moral a la que se refiere esta tesis es la moral que constituiría y justificaría la práctica de identificar el derecho. Ahora bien, como se acaba de ver, si dicha moral está compuesta por reglas no resulta preciso aceptarlas para saber qué nos exigen. Si, por el contrario, la práctica está regida por normas que no son reglas (o aquellas son muy vagas), entonces se encontrará infradeterminada y resultará del todo irrelevante que el dogmático acepte su contenido.

b.ii) En segundo lugar, es posible afirmar que es necesario que el dogmático adopte alguna (cualquiera) moral para establecer cuál es la respuesta jurídicamente correcta. Es decir, toda vez que el derecho no prevé una sola respuesta correcta, el dogmático tendrá que recurrir a juicios morales para establecer la calificación jurídica de la conducta.

Aquí no me detendré a analizar si existe algo así como la moral que inspira y justifica el ordenamiento o la moral correcta; tampoco de si tal solución sería jurídica o producto de la discrecionalidad del intérprete (Comanducci, 2010). Por el contrario, lo que es relevante aquí es saber si es necesario que el dogmático asuma como correcta alguna moral para proponer soluciones para los casos difíciles. Es decir, si por el hecho de asumir una como la mejor respuesta posible el dogmático se compromete con la corrección moral de dicha respuesta. Según la tesis de la unidad del razonamiento práctico, dado que la justificación de cualquier decisión práctica es en última instancia de tipo moral, el dogmático se compromete con la corrección moral de su propuesta de solución, al menos en aquellos casos en los que estamos frente a un caso difícil.

Esta última tesis puede ser justificada desde dos perspectivas diferentes.

En primer lugar, definiendo “valores morales” como valores últimos: aquellos que ni permiten ni requieren justificación ulterior. De este modo, la justificación práctica sería moral en la medida en que cualquier decisión práctica siempre afectaría a nuestros valores últimos. Ahora bien, desde este punto de vista la tesis es verdadera por definición y, por tanto, no demasiado interesante.

En segundo lugar, la tesis puede tener carácter normativo y afirmar que toda vez que se toma una decisión práctica –como son las propuestas de solución para los casos difíciles de los dogmáticos– aquellas deben ser coherentes con los valores y principios morales.[21] Sin embargo, en esta segunda versión quedaría por determinar cuáles son estos valores “morales” y por qué deberían tener preferencia frente a otro tipo de valores como, por ejemplo, valores prudenciales, políticos o económicos.

En resumen, no parece que la dogmática jurídica acepte o tenga que aceptar en ninguno de los sentido aquí vistos las normas que forman parte de su objeto de estudio; más bien parece que dicha aceptación sería completamente contingente, dependiendo de cada cultura jurídica y de cada dogmático.

 

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  1. [1] Alexy utiliza inicialmente ella expresión “dogmática jurídica” para referirse a “la ciencia jurídica tal como es efectivamente practicada”. Cfr. Alexy (1998: 198).
  2. [2] Éste es el significado en el que utiliza la expresión Capograssi. Cfr. Paresce (1964: 688). En un sentido similar, Zagrebelsky distingue entre ciencia jurídica y jurisprudencia, equiparando esta última al sentido en el que Capograssi usaba la expresión “dogmática jurídica”. Cfr. Zagrebelsky (1992: 168).
  3. [3] En este sentido, véase Guastini (2011: 446).
  4. [4] A este respecto me permito remitir a Núñez Vaquero (2013).
  5. [5] Sobre la dogmática jurídica del siglo XIX en Alemania siguen siendo ilustrativos los trabajos de Hernández Gil (1945) y Fassò (2005).
  6. [6] También el término “formalismo” es bastante ambiguo. Véase Tarello (1974); Fassò (2005: 178-180); Atienza (2011).
  7. [7] Véase Cruz Parcero (2006).
  8. [8] Para un análisis sobre la cuestión, véase Calsamiglia (1986).
  9. [9] La estrategia de estos autores es de dos tipos diferentes. En primer lugar, algunos autores amplían el concepto de ciencia hasta hacer que la dogmática sea una disciplina científica. Véase Villa (1984). En segundo lugar, otros autores afirman que existen conocimientos no científicos que son, no obstante, valiosos. Véase Jori (1976).
  10. [10] Véase en un sentido similar Jakab (2011).
  11. [11] Sobre estos aspectos, véase Ruiz Miguel (2002).
  12. [12] Desde luego se trata de una generalización. Aunque existe un claro aire de familia entre los autores mencionados, aquellos desacordaban entre sí en múltiples aspectos.
  13. [13] Esto son los estándares que aparecen en  Nino (1989: 85-86): (i) pese a que la mayoría de las normas son creadas por órganos colegiados, el legislador es único; (ii) el legislador es imperecedero, y pese a que las personas que han aprobado un determinado texto hayan fallecido, la vida del legislador continúa; (iii) el legislador es atemporal en cuanto es único y es quien ha promulgado todas las normas del ordenamiento; (iv) es consciente pues tiene conocimiento de todas las normas que ha emanado; (v) es finalista, pues siempre persigue un objetivo determinado cuando emana una norma; (vi) es omnisciente dado que tiene un acceso epistémico ilimitado; (vii) es omnipotente en el sentido de que todos sus actos tienen fuerza normativa hasta que él mismo no declare lo contrario; (viii) es generalmente justo, y si la interpretación de un enunciado normativo hace que exista una norma injusta, aquella debe ser descartada porque probablemente no responda a su real voluntad; (ix) es coherente, pues no emana ni tiene pretensiones contradictorias; (x) es omnicomprensivo porque atribuye una calificación deóntica a toda conducta imaginable; (xi); es económico en el sentido de que no emana dos veces la misma norma (no redundancia del sistema); (xii) es operativo, es decir, todas las normas que emana son susceptibles de aplicación y ninguna de ellas tiene un contenido necesario o imposible; (xiii) es preciso, en el sentido de que las normas que emana carecen de problemas de vaguedad. El mismo autor propone otra formulación del ideal del buen legislador que recoge sólo diez tesis en Nino (2012: 328-329).
  14. [14] Sobre esta cuestión, véase Lifante (1999).
  15. [15] Para una clasificación de los tipos de conceptos empleados en el derecho, véase Von Der Pfordten (2011).
  16. [16] Para una introducción a qué son los conceptos, véase Stanford Encyclopedia of Philosophy (2011), Concepts. Disponible en: http://plato.stanford.edu/entries/concepts/. Revisado el 23 de enero de 2013.
  17. [17] Este forma de emplear los conceptos para presentar conjuntos de normas es propia de la dogmática jurídica desarrollada sobre todo en Alemania durante el siglo XIX, y es lo que permitiría distinguir aquella de la principal alternativa metodológica –el método exegético– cuyo ejemplo más paradigmático serían los comentarios a los códigos civiles. Dicho breve y algo abruptamente: mientras que un manual dogmático presenta el derecho mediante conceptos y categorías que pueden o no coincidir con la estructura de los textos jurídicos a los que se refiere (y con un orden normalmente diferente de aquél de los textos jurídicos de referencia), un texto exegético mantiene la estructura de los textos legales, y los comenta conservando tanto su estructura como el orden de exposición de los textos jurídicos. Un claro ejemplo del primero se encuentra en Díez Picazo (1975); y del segundo en Díez Hochleitner (2001). Véase también Bobbio (1996) y Hernández Gil (1945).
  18. [18] Véase Larenz (2001: 37 ss.) y Lloredo Alix (2012: 327).
  19. [19] Se trata del conocido escepticismo ante las reglas de la interpretación de Kripke de la obra de Wittgenstein. Para este respecto, véase Narváez (2004), en el capítulo III.
  20. [20] Sobre esta tesis, véase Comanducci (2010).
  21. [21] Dicha tesis implica que las normas morales están en un nivel jerárquico superior de tipo axiológico respecto a cualquier otro tipo de normas, incluidas las jurídicas. Sospecho que gran parte de las discusiones que se producen acerca de esta tesis se deben precisamente a qué conjunto de normas se haga referencia con la expresión “normas morales”. Soy deudor de Susanna Pozzolo por sus comentarios sobre esta cuestión.
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