eunomia 6    Carmen Pérez González
Universidad Carlos III de Madrid
carmen.perez@uc3m.es

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Memory and Transitional Justice in Argentina and Uruguay. Against Impunity

Francesca Lessa,  

(2013) Palgrave Macmillan, Nueva York, 336 pp.

 

La memoria del pasado será estéril si nos servimos de ella

para levantar un muro infranqueable entre el mal y nosotros

T. Todorov, La memoria, ¿un remedio contra el mal

 

Para una iusinternacionalista interesada en el estudio de la conocida como Justicia Transicional, una disciplina académica todavía joven[1] pero, quizás por ello, muy vigorosa, la lectura de la obra de Francesca Lessa resulta extremadamente estimulante. Su análisis obliga a desembarazarse momentáneamente de la lente jurídica que me ha servido para el estudio de esta materia y a reflexionar sobre otros elementos que, como su obra demuestra, son indispensables para comprender la enorme complejidad de los procesos transicionales[2].

En general, puede entenderse que la Justicia Transicional (o Justicia de Transición, según la terminología de Naciones Unidas) se ha construido en torno a una cuestión, desde luego, esencial: ¿de qué modo deben afrontarse los abusos a gran escala y las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por un régimen dictatorial y en el marco de un conflicto armado, una vez que se ha iniciado un proceso de transición a la democracia y/o a la paz? En el mismo sentido, apunta Chinchón Alvárez (2012) que “el objeto de trabajo y análisis de la Justicia Transicional podría pues desplegarse en la búsqueda de respuestas a estas cuatro preguntas fundamentales: 1) Si hay que recordar, procesar y enfrentar los crímenes cometidos en el pasado a partir de la transición, o es mejor intentar olvidar y pensar sólo en el futuro. Si se aborda ese pasado: 2) cuándo conviene hacerlo; 3) quién debe hacerlo; y 4) cómo hacerlo”. Por último, y porque incorpora un elemento que me servirá de base en este comentario, me interesa rescatar también la definición de Teitel (2003), para quien “(l)a justicia transicional puede ser definida como la concepción de justicia asociada con periodos de cambio político caracterizados por respuestas legales que tienen el objetivo de enfrentar los crímenes cometidos por regímenes represores anteriores”.

Me interesa destacar de esta última definición la referencia a la respuesta legal en la que se concretarán las opciones políticas que, en cada caso, traten de satisfacer las exigencias de lo que algún autor ha denominado “la plantilla transicional”: verdad, justicia y reparación (Forcada, 2011). Ese producto final, la/s norma/s jurídicas que deberán (¿o no?)  garantizar que las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos y las sociedades conozcan lo que ocurrió[3], que pondrán en marcha procesos –penales o administrativos- para depurar responsabilidades y que repararán el daño causado, está hoy, en mi opinión, innegablemente condicionado por las obligaciones que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos  impone a los Estados. Y creo que así lo demuestra, aunque el enfoque del libro sea otro, el análisis de Lessa, al situar las obligaciones derivadas del Derecho Internacional entre los acontecimientos capaces de activar un proceso transicional. Sobre esta cuestión me propongo centrar mi comentario.

El propósito principal del libro es explorar la relación entre Justicia de Transición y memoria narrativa, dos realidades que la autora superpone para mostrarnos  su interdependencia, en dos países concretos: Argentina y Uruguay. El resultado es un libro riguroso, que incorpora interesantes e innovadoras propuestas, muy bien documentado y del que, de nuevo, mi condición de jurista ha apreciado especialmente –porque el análisis jurídico suele prescindir de ellos- la incorporación de datos empíricos y entrevistas, que son el resultado de un trabajo de campo excelentemente programado y ejecutado.

El primer capítulo del libro dibuja el mapa teórico y conceptual que servirá a la autora para su posterior análisis de los casos argentino y uruguayo. Tras un breve repaso a las principales aportaciones doctrinales en ambos campos, el de la Justicia de Transición y el de los estudios sobre la memoria, Lessa nos explica las interacciones entre ambas. De un lado, de qué modo determinados mecanismos propios de la Justicia de Transición operan en la construcción de la memoria. De otro, cómo la conformación de una determinada memoria colectiva puede demandar –o no- la implantación de aquellos mecanismos. ¿Cuándo se producirán esas interacciones? ¿Será posible activarlas? La respuesta a estas preguntas parte de lo que considero una de las aportaciones más interesantes de la tesis de Francesa Lessa: la aplicación al campo de la Justicia de Transición y la memoria narrativa de un concepto propio de la Ciencia Política: el de “coyuntura crítica” (critical juncture) propuesto en 1991 por Ruth Berins Collier y David Collier. Son a su juicio cuatro los acontecimientos o sucesos que pueden propiciar cambios en estos ámbitos (pp. 23-29). Ello dependerá (1) del momento político, en particular del modo en el que se ha transitado desde una dictadura o situación de conflicto hacia una nueva sociedad democrática y, en principio, pacificada. Los resultados no serán los mismos, y así lo explica la autora, si dicha transición se ha producido por el colapso del antiguo régimen o si estamos ante una transición negociada o producto de una transformación; (2) de la existencia de una oposición lo suficientemente importante como para provocar, en un sentido u otro, reacciones a favor o en contra de implantar mecanismos propios de la Justicia de Transición. Así, la pervivencia de miembros de ese antiguo régimen en el gobierno servirá seguramente para frenar esos intentos. Sin embargo, la sociedad civil –principalmente las asociaciones de víctimas y de familiares- pueden favorecer su implantación; (3) de la aparición de nuevas pruebas, de tal modo que se ponga en evidencia el intento de manipulación del pasado y de construcción de una memoria hegemónica que haya privado a las víctimas de sus derechos; y (4) de la presión internacional, que puede a su vez provenir de los organismos internacionales de protección de derechos humanos, de Organizaciones Internacionales o de las redes transnacionales de activistas de derechos humanos.

El segundo capítulo reconstruye la historia reciente de Argentina y Uruguay, dos países del Cono Sur asolados por la brutalidad de sus dictaduras militares, instauradas ambas en la década de los 70. El examen es detallado y minucioso y sirve excelentemente a su propósito: situar al lector en la realidad concreta de ambas sociedades, poniendo de manifiesto las similitudes y diferencias entre ambas. A partir de ese momento, el libro va desgranando de qué modo y por qué se han implementado las diferentes políticas de transición en Argentina (capítulos 3 y 4) y Uruguay (capítulos 5 y 6), qué ha determinado en cada caso la elección de un mecanismo u otro y cómo la “construcción” de las diferentes memorias narrativas ha condicionado y, a la vez, son condición de esas elecciones: las que se van sucediendo en el marco de los procesos transicionales. Traslada muy bien la autora, precisamente, esa idea, la de que estaremos siempre ante procesos delicados y complejos, que podrán ser obstaculizados o estimulados, avanzar o retroceder, en función de una u otra “coyuntura crítica”.

No es mi intención detenerme en el resumen de las ideas y aportaciones de Francesca Lessa. El comentario del Prof. Druliolle, en este mismo número, lo hace de un modo excelente y no podría añadir nada verdaderamente relevante en ese sentido. Tal y como ya he avanzado, me gustaría reflexionar aquí sobre el papel del Derecho internacional (en particular, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos) en el diseño de los procesos transicionales.

Aunque, desde luego, los precedentes estatales no son homogéneos, creo posible afirmar que resulta posible identificar ya un nutrido grupo de Estados que han afrontado las consecuencias de un pasado más o menos reciente de violaciones graves de los derechos humanos. Junto a esta práctica estatal, los órganos de protección internacional de los derechos humanos  -los del sistema de Naciones Unidas y los tribunales internacionales de derechos humanos- han trabajado decididamente en la consolidación de un conjunto de principios de los que cabría deducir una serie de obligaciones que los Estados de la Comunidad Internacional no podrían soslayar. El afianzamiento de esos principios es, claro está, un proceso lento y su contenido no será siempre fácil de identificar[4]. A pesar de ello, y como ya he dicho en otro lugar (Pérez González, 2013), creo que puede mantenerse que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha asumido como función propia la de guiar al Estado en la tarea de consolidar una paz justa y duradera tras un conflicto armado o la experiencia de un conflicto armado. Y ello, precisamente, a partir de la consolidación de ese conjunto de principios al que me he referido. Unos principios que han asumido ya, por lo demás, la Asamblea General de Naciones Unidas[5] y el propio Consejo de Seguridad[6].

En esa misma línea cabe situar la creación, en 2011, de un Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.De acuerdo con su mandato[7], el Relator debe ocuparse de situaciones en las que haya habido violaciones manifiestas de los derechos humanos y violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario, con el objetivo de promocionar la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición a través, en particular, de medidas tales como los procesamientos individuales, las reparaciones, la búsqueda de la verdad, la reforma institucional, la investigación de los antecedentes de los empleados o funcionarios públicos, o una combinación apropiada de esas medidas. Lo que me interesa destacar de esta iniciativa, que puede considerarse una de las más recientes de las impulsadas por Naciones Unidas en el ámbito de la Justicia de Transición, es que en ningún caso se incluye entre estas alternativas la apuesta por lo que el Instituto Max-Planck para el Derecho Internacional y Comparado calificó de “modelo de olvido del pasado absoluto”. En otras palabras, optar por la renuncia a implantar algún mecanismo que busque la sanción de los responsables de la comisión de vulneraciones graves de derechos humanos, la averiguación de la verdad y la reparación de sus víctimas supondría vulnerar obligaciones que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos impone hoy con rotundidad.

Y es en este punto donde echo de menos un análisis más profundo en el trabajo de Francesca Lessa. Lo que ella denomina “presión internacional y regional” (p. 26) puede convertirse, en mi opinión, en verdadero parámetro para determinar la validez de las medidas adoptadas por un Estado determinado con el objeto de afrontar aquellas obligaciones. Para empezar, creo que engloba en este epígrafe circunstancias de muy diferente naturaleza y alcance. Las consecuencias para un determinado proceso transicional de, por ejemplo, la presión de las organizaciones no gubernamentales o de las asociaciones de víctimas –de la sociedad civil, en definitiva- serán muy diferentes a las de una sentencia de un tribunal internacional de derechos humanos que condene al Estado por el incumplimiento de determinadas obligaciones convencionales. De esto último es consciente la autora, que le dedica un importante número de páginas al análisis de la influencia que tuvo en el caso uruguayo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 24 de febrero de 2011, dictada en el caso Gelman c. Uruguay[8]. Desde mi punto de vista, este caso constituye un magnífico ejemplo de cómo el Derecho internacional puede condicionar absolutamente el devenir de un determinado proceso transicional. De cómo la “presión internacional” podría, incluso, invalidar la ejercida por otras coyunturas.

Hace poco menos de un año, el 20 de marzo de 2013, la CIDH adoptó una resolución en la que valoraba la supervisión de la ya mencionada sentencia por parte del Estado[9]. Como es habitual, la resolución detalla, una por una, el grado de cumplimiento de las medidas de reparación acordadas por la Corte en 2011: la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad por los hechos del caso y de colocar una placa en el edificio del Servicio de Información de Defensa; las publicaciones dispuestas en el párrafo 271 de la sentencia de 2011; el pago de las cantidades fijadas en concepto de indemnización por el daño material e inmaterial y por el reintegro de costas y gastos al demandante; la adopción de las medidas pertinentes para garantizar el acceso técnico y sistematizado a información acerca de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura; la implementación de un programa permanente de derechos humanos dirigido a los agentes del Ministerio Público y a los jueces del Poder Judicial del Uruguay; la continuación y aceleración de la búsqueda y localización inmediata de la familiar desaparecida del demandante; y la determinación de los hechos del caso y la determinación de las correspondientes responsabilidades y la garantía de que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado no vuelva a representar un obstáculo a esos efectos. La resolución requiere a la República del Uruguay para que continúe adoptando todas las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto acatamiento a los puntos pendientes de cumplimiento.

Creo, como el Prof. Druliolle, que estamos ante una obra importante, que abre nuevas perspectivas de análisis, muy clarificadoras, en un ámbito apasionante y que impone a todos –políticos, académicos, defensores de derechos humanos, a la sociedad en su conjunto- tareas que el Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, calificó en su momento de difíciles, cuando no abrumadoras.

Bibliografía

BARAHONA DE BRITO, A., AGUILAR FERNÁNDEZ, P., y GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, C. (2002), “Introducción”, en BARAHONA DE BRITO, A., AGUILAR FERNÁNDEZ, P. y GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, C. (eds.), Las políticas hacia el pasado. Juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias, Ediciones Istmo, Madrid.

CHINCHÓN ALVÁREZ, J. (2012), El tratamiento judicial de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo en España. Una visión de conjunto desde el Derecho internacional, Universidad de Deusto, Bilbao. Disponible en:  http://eprints.ucm.es/19832/1/Libro_Deusto.pdf. Revisado el 28 de febrero de 2014.

ESCUDERO ALDAY, R. (2013), “Jaque a la transición: análisis del proceso de recuperación de la memoria histórica”, Anuario de Filosofía del Derecho, Vol. XXIX, pp. 319-340.

FORCADA, I. (2011), Derecho Internacional y Justicia Transicional. Cuando el Derecho se convierte en religión, Civitas, Cizur Menor.

GROOME, D. (2012), “The Right to Truth in the Fight against Impunity”, Berkeley Journal of International Law, Vol. 29, Núm. 1, pp. 175-199.

MÉNDEZ, J.E. (1998), “The Right to Truth”, en JOYNER, C.C. y BASSIOUNI, M.C. (eds.), Reining Impunity for International Crimes and Serious Violations of Fundamental Human Rights: Proceedings of the Syracuse Conference 17-21 September 1998, Association Internationale de Droit Pénal, Tolouse.

PÉREZ GONZÁLEZ, C. (2013), “Derecho a la verdad y desapariciones forzadas durante la guerra civil y el franquismo: una perspectiva desde el Derecho internacional”, en ESCUDERO ALDAY, R. y PÉREZ GONZÁLEZ, C. (coords.), Desapariciones forzadas, represión política y crímenes del franquismo, Trotta, Madrid.

TEITEL, R. (2003), “Transitional Justice Genealogy”, Harvard Human Rights Journal, Vol. 14, pp. 69-94.

  1. [1] Escudero Alday (2013) nos recuerda que “(e)l concepto de justicia transicional aparece en el debate académico de finales de los ochenta y principio de los noventa del siglo pasado, al hilo de los procesos de transición a la democracia acaecidos en algunos países latinoamericanos y en la Europa del Este”.
  2. [2] Con razón, se ha dicho que estamos ante “una de las cuestiones políticas y éticas más importantes con que se enfrentan las sociedades durante la transición de un gobierno autoritario o totalitario a otro democrático” (Barahona de Brito, Aguilar Fernández y González Enríquez, 2002).
  3. [3] El derecho a la verdad, todavía en desarrollo en el marco del Derecho Internacional,  tendría así una doble dimensión, individual y colectiva (Groome, 2012).
  4. [4] Conviene recordar, en este sentido, que “(e)sto, por otra parte, representa el modo habitual en el que se origina la legislación internacional sobre derechos humanos, a medida que su “desarrollo progresivo” se alcanza a través de la opinio iuris y de la jurisprudencia de los órganos de protección [internacional de derechos humanos] que enriquecen el contenido de normas necesariamente simples” (Méndez, 1998).
  5. [5] Véase el Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad (E/CN.4/2005/102/Add.1, disponible en: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?si=E/cn.4/2005/102/Add.1 (Revisado el 28 de febrero de 2014)  y los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, aprobado mediante la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 60/147, de 16 de diciembre de 2005, disponible en http://www2.ohchr.org/spanish/law/reparaciones.htm (Revisado el 28 de febrero de 2014).
  6. [6] Poniendo de manifiesto el vínculo entre la lucha contra la impunidad y la paz y la seguridad, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas afirmó en su Resolución 1894 (2009) “su rotunda oposición a que las infracciones graves del derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos queden impunes” y recordó que los Estados “tienen la responsabilidad de cumplir sus obligaciones pertinentes de poner fin a la impunidad y de investigar exhaustivamente y procesar a las personas responsables de crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad u otras infracciones graves del derecho internacional humanitario, a fin de impedir dichas infracciones, evitar que se repitan y buscar la paz sostenible, la justicia, la verdad y la reconciliación”. Disponible en http://www.un.org/es/sc/documents/resolutions/2009.shtml (Revisado el 28 de febrero de 2014).
  7. [7] Contenido en la Resolución  del Consejo de Derechos Humanos 18/7, de 13 de octubre de 2011, (A/HRC/RES/18/7), disponible en la siguiente dirección electrónica: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=193 (Revisado el 28 de febrero de 2014).
  8. [8] El texto de la sentencia está disponible en la siguiente dirección electrónica: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_221_esp1.pdf. Revisado el 28 de febrero de 2014.
  9. [9] El texto de la resolución está disponible en la siguiente dirección electrónica: http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/gelman_20_03_13.pdf. Revisado el 28 de febrero de 2014.
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