eunomia 6    Francesca Lessa
University of Oxford
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Memory and Transitional Justice in Argentina and Uruguay. Against Impunity

Francesca Lessa,  

(2013) Palgrave Macmillan, Nueva York, 336 pp.

 

[…] hay recuerdos que no necesitan ser llamados y siempre están ahí y muestran su rostro sin descanso. Es el rostro de los seres amados que las dictaduras militares desaparecieron. […] Hay quienes vilipendian este esfuerzo de memoria. Dicen que no hay que remover el pasado, que no hay que tener ojos en la nuca, que hay que mirar hacia adelante y no encarnizarse en reabrir viejas heridas. Están perfectamente equivocados. Las heridas aún no están cerradas. Laten en el subsuelo de la sociedad como un cáncer sin sosiego. Su único tratamiento es la verdad. Y luego, la justicia. Sólo así es posible el olvido verdadero. La memoria es memoria si es presente y así como Don Quijote limpiaba sus armas, hay que limpiar el pasado para que entre en su pasado.

Discurso del poeta argentino Juan Gelman al recibir el Premio Cervantes en 2007

 

Quisiera empezar mi aporte a este “Rincón de lecturas” agradeciendo al profesor José Maria Sauca Cano por seleccionar mi libro para este debate, y a los profesores Vincent Druliolle y Carmen Pérez González por su atenta lectura de la obra y también por  los importantes comentarios y reflexiones sobre su contenido. Cuando me propusieron participar en una reseña “más interactiva” de mi libro, acepté enseguida por dos razones. Primero, me encantó la idea de que este debate abarcara tanto a dos profesores como comentaristas y que también ofreciera la oportunidad a la autora de poder responder a sus preguntas y observaciones de tal manera que se constituyera un “intercambio intelectual”. Además, como el libro salió hace poco menos de un año y en inglés, me pareció una excelente ocasión para reflexionar sobre los acontecimientos que ocurrieron desde entonces y que, a través de este debate, el libro sea conocido asimismo por el público hispanohablante.

Las reseñas proporcionadas por los profesores Druliolle y Pérez González se complementan perfectamente por abordar los temas analizados en el libro a través de dos disciplinas académicas, las ciencias sociales y políticas, y el derecho –especialmente el derecho internacional de los derechos humanos. Sus comentarios destacan de una forma evidente cómo la justicia transicional es claramente un campo interdisciplinario. Desde luego, desde su comienzo en América del Sur en los años 80s, cuando países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay tuvieron que confrontar violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidas por regímenes dictatoriales, hasta el presente donde vemos sociedades como las de Túnez y Egipto afrontar situaciones parecidas, la justicia transicional ha trascendido las fronteras de las disciplinas académicas convencionales.

De hecho, los dilemas relacionados con la revisión de un pasado de violencia política y/o conflicto no sólo abarcan la política y el derecho, sino también cuestiones de ética y moral, inclusive de historia y psicología. Por estas razones, las dos reseñas ofrecidas aquí ponen de relieve diferentes aspectos y elementos del libro debido al análisis que cada comentarista hace desde el abordaje de su disciplina. La revisión de Druliolle me permite afrontar y aclarar cuestiones importantes relacionadas a dos conceptos centrales del libro: coyunturas críticas y narrativas de la memoria. Por otro lado, los comentarios de Pérez González en remarcar la relación entre lo nacional y lo internacional me ofrecen la oportunidad de discutir esta tensión en el caso de Uruguay y, de esa forma, actualizar el libro; de hecho, pocos días después que el manuscrito fuese terminado, varios acontecimientos tuvieron lugar en ese país, que nos recuerdan la persistente tensión no sólo entre la legislación nacional y las obligaciones de los tratados internacionales, sino también entre la soberanía de los estados y las normas internacionales en materia de derechos humanos.

La reseña del profesor Druliolle me impulsa a aclarar algunos puntos relativos a dos conceptos claves del libro. Druliolle remarca cómo las últimas coyunturas críticas  para Argentina y Uruguay tuvieron lugar a principios del 2000, concretamente en 2003 para Argentina y 2005 para Uruguay, y que a veces es difícil entender cuáles fueron los momentos decisivos o cuáles coyunturas críticas se pueden identificar específicamente. Mientras que las coyunturas críticas anteriores se caracterizaron por un momento específico (momento político para la Argentina en 1983 y luego momento de oposición en 1986; y momento de oposición para Uruguay en 1986), las coyunturas críticas posteriores a comienzo de los 2000s resultan ser más complejas, porque abarcan los cuatro momentos identificados en el marco teórico. Es evidente que algunos de estos momentos como, por ejemplo, el momento de oposición que se refiere a la movilización de activistas de derechos humanos y víctimas se desarrollaron durante mucho tiempo, mientras que otros como el momento político de la elección del Presidente de Argentina Néstor Kirchner en 2003 pueden ser más fácilmente confinados a un momento específico en el tiempo. Sin embargo, en estas situaciones de coyunturas críticas más complejas vemos el resultado de momentos específicos que han sucedido a lo largo del tiempo y sus impactos se unen en y desencadenan la coyuntura crítica. Por lo tanto, la coyuntura crítica es uno pero incluye a los cuatro momentos que han generado las condiciones para que ocurra el cambio.

Gran parte de los comentarios de Druliolle se refieren a la cuestión de las narrativas de la memoria; en particular, el profesor plantea tres problemas: la función de las narrativas de la memoria y su relación con actores específicos en cuanto a la justicia transicional, el hecho de que se identifican seis narrativas de la memoria similares en Argentina y Uruguay, y finalmente la idea de la memoria hegemónica.

Respecto al papel de las narrativas de la memoria en situaciones de justicia transicional, en el libro he intentado analizar cómo existe una fuerte relación entre las narrativas de la memoria y las decisiones políticas de justicia transicional. La relación funciona en ambos sentidos, aunque las narrativas de memoria podrían ser vistas como el punto de partida, puesto que como discuto más detalladamente en el capítulo 1 del libro, las narrativas de la memoria sobre un evento traumático surgen en el momento en que el mismo está ocurriendo para otorgar sentido e interpretar los hechos que están sucediendo. Por esta razón, al evaluar el papel de las narrativas de la memoria en situaciones de justicia transicional, muchos de los relatos que existen emergieron anteriormente al momento de transición y surgieron, en el caso de Argentina y Uruguay, durante la misma dictadura. Debido a esto, en los diferentes momentos en que se deben tomar decisiones de justicia de transición, sobre cómo responder a las atrocidades del pasado, los actores que intervienen en estos procesos actúan dentro de sociedades donde coexisten numerosas narrativas de la memoria relacionadas con el pasado. Estas narrativas por supuesto sirven propósitos estratégicos porque los actores las usan frecuentemente para justificar la promulgación de una política específica. Sin embargo, la política preferida por estos actores está influenciada y en consonancia con el relato de memoria que ellos apoyan. Utilizaré un ejemplo para aclarar lo que estoy diciendo.

Cuando el Parlamento uruguayo debatió en diciembre de 1986 sobre la posible promulgación de una ley de amnistía, muchos legisladores del Partido Colorado justificaron su respaldo a dicha legislación porque interpretaban el tiempo de la dictadura como una guerra, un conflicto entre las fuerzas armadas y la guerrilla. En Uruguay, tradicionalmente siempre se habían otorgado amnistías al final de una guerra y estos políticos creían que ésta era la política más adecuada a la luz de su interpretación dominante del pasado. Por otro lado, los legisladores de la oposición, principalmente del Partido Frente Amplio, rechazaron la amnistía propuesta y querían poder investigar y enjuiciar las atrocidades cometidas, porque veían la dictadura como una forma de terrorismo de estado, donde el estado había perseguido sistemáticamente a sus ciudadanos. Así que en respuesta al comentario de Druliolle, quisiera subrayar cómo los actores y sus acciones no son más importantes que las narrativas de la memoria, sino que las narrativas de la memoria moldean las preferencias políticas de los actores y, a su vez, si las preferencias políticas tienen éxito -como en el caso de Uruguay donde la amnistía fue finalmente promulgada- esto refuerza aún más la autoridad de la narrativa de la memoria y su poder interpretativo sobre lo que en última instancia sigue siendo un pasado en disputa.

El profesor Druliolle subraya muy bien cómo he identificado el mismo número de narrativas de memoria en Argentina y Uruguay y destaca cómo sería interesante comparar la influencia de las narrativas en estos dos países y especular sobre los factores que pueden explicar las diferencias observadas en cada país. Es importante decir desde el principio que la lista de seis narrativas que analizo en los capítulos 4 sobre Argentina y 6 sobre Uruguay no pretende ser exhaustiva, sino más bien considera las narrativas de la memoria que son más comunes. Esta lista de narrativas de la memoria se deriva del análisis de los datos recopilados durante cuatro años de trabajo doctoral desde 2006 a 2009 y posteriormente investigaciones entre 2009 y 2012, particularmente el estudio de numerosas fuentes incluyendo entrevistas durante el trabajo de campo, periódicos, documentos elaborados por organizaciones no gubernamentales o publicaciones militares, y fuentes secundarias. Estas narrativas de la memoria son, por lo tanto, las más frecuentemente encontradas en las interacciones sociales y la literatura relevante en estos dos países. Las seis narrativas discutidas en el libro son: guerra, excesos, dos demonios, pacificación y reconciliación, terrorismo de estado, y justicia e impunidad.

No es nada sorprendente que Argentina y Uruguay compartan un conjunto similar de narrativas de la memoria, puesto que las dos dictaduras tomaron inspiración ideológica de la misma doctrina de seguridad nacional y del contexto de la guerra fría mundial. Además, activistas de derechos humanos y víctimas tuvieron que enfrentar desafíos similares en cuanto a las violaciones de derechos humanos perpetradas y los remedios que pedían, además del hecho de que muchos ciudadanos uruguayos marcharon al exilio rumbo a la Argentina con el golpe de junio de 1973. Si nos fijamos, por ejemplo, en la narrativa de los dos demonios, es interesante ver cómo, a pesar de que exista en ambos países, en realidad surgió en la Argentina en la década de 1970, incluso antes del golpe de 1976, y se ha desarrollado de maneras muy diferentes a lo largo del tiempo. En el momento de la transición en la década de 1980 en la Argentina, la narrativa de los dos demonios dibujaba un escenario en el cual las fuerzas de los militares y de la guerrilla se habían confrontado violentamente, mientras que la población en general —que había favorecido la paz y la democracia— había quedado atrapada en el medio, desarmada e indefensa. Esta mayoría silenciosa se presenta como ajena a estas confrontaciones, sufriendo sus consecuencias, al igual que en el prólogo del famoso reporte Nunca Más de la comisión de la verdad CONADEP de Argentina de 1984.

La demonización de los grupos revolucionarios y de las fuerzas armadas permitió la absolución de la sociedad y de la clase política dirigente de cualquier responsabilidad antes y después del golpe de estado. En la década de 1980, la narrativa de los demonios se convirtió en una herramienta conveniente, especialmente para los actores políticos, para impartir culpa por dinámicas y estructuras complejas del terrorismo de estado hacia un número limitado y restringido de individuos específicos, exonerando automáticamente todos los demás. Con el paso del tiempo, la narrativa ha perdido parte de su atractivo en la Argentina; de hecho, especialmente con la reapertura de los juicios desde el año 2006, el alcance real de la violencia de estado se ha hecho evidente. Por supuesto muchos policías y militares están siendo procesados, pero al mismo tiempo el universo de los responsables se ha expandido más allá de ellos, incluyendo distintas formas de colaboración de quienes antes se veían como una sociedad inocente, para abarcar el papel desempeñado, por ejemplo, por jueces, médicos y empresas en la maquinaria infernal del terrorismo de estado.

En Uruguay, la narrativa de los dos demonios surgió sólo en la década de 1980 en el momento de la transición, y a menudo fue torcida de forma específica por líderes políticos dado que, aunque había dos demonios, uno era visto como el “peor”, es decir, el grupo guerrillero Tupamaros, por haber atacado directamente la democracia y en consecuencia desencadenado la respuesta militar. El atractivo de esta narrativa no ha desaparecido en el Uruguay. De hecho, hubo un renacimiento importante de esta narrativa en marzo de 2012 en el contexto del acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los crímenes cometidos contra los Gelman ordenado por la Corte Interamericana (véase abajo). En los días anteriores y tras el acto, muchos políticos cuestionaron la admisión de responsabilidad por parte del presidente José Mujica, un ex dirigente de los Tupamaros. El ex Presidente Colorado Batlle, por ejemplo, sostuvo que “acá los que tienen que pedir perdón son los que armaron el lío, qué duda cabe;” y que “si no hubiera existido guerrilla, no hubiese existido dictadura militar” (El Observador, 15/03/2012).

Por lo tanto, se puede argumentar que en la Argentina ha habido un fuerte movimiento hacia la justicia en los últimos diez años; la ocurrencia de cientos de juicios por los crímenes de la dictadura ha cuestionado profundamente el poder explicativo de narrativas de la memoria como las de la guerra y los dos demonios. La más reciente ola de juicios, junto con el informe histórico de la CONADEP y el enjuiciamiento de los comandantes militares a mediados de la década de 1980, han visto a la memoria del terrorismo de estado adquirir una posición dominante en el paisaje de la memoria en Argentina. Por otra parte, en Uruguay, la lucha por la memoria sigue siendo muy fuerte; el hecho de que la actual administración presidencial se componga de muchos de los antiguos líderes guerrilleros se utiliza a menudo por las fuerzas de la oposición para continuar reafirmando sus narraciones del pasado como una guerra entre demonios. Por otra parte, a pesar de que hubo importantes avances en términos de la justicia en Uruguay, el país queda aún bastante atrasado en comparación con la Argentina y, no se ha logrado aún ampliar el debate más allá de los militares y los guerrilleros.

Sobre la última cuestión planteada por el profesor Druliolle es importante aclarar que el hecho de que una narrativa pueda convertirse en hegemónica porque es empujada por actores políticos de peso no significa que otros relatos ya no existan o sean desmantelados. De hecho, concuerdo con el punto destacado por Druliolle que la narrativa más utilizada como justificación no significa la más aceptada dentro de la sociedad. En mi definición de narrativa hegemónica se destaca cómo esos relatos de memoria sustentan y organizan conmemoraciones a nivel del estado. Eso no significa que sean aceptados por la sociedad. Por ejemplo, cuando las leyes de amnistía  y los indultos fueron adoptados en la Argentina a finales de la década de los 1980 y a principios de los 1990, los Presidentes Raúl Alfonsín, primero, y Carlos Menem, después, utilizaron relatos centrados en la necesidad de reconciliación subrayando como ésa requería el fin de las investigaciones judiciales por los crímenes del pasado. La narrativa de la reconciliación siguió siendo hegemónica en todo el decenio de los 1990 bajo Menem, pero fue extremadamente polémica y fuertemente cuestionada a lo largo del tiempo por gran parte de la sociedad que estaba en contra de las amnistías y los indultos y se movilizó a lo largo de esos años para lograr la reapertura de los juicios y, en definitiva, lo logró. De manera similar, si bien podemos decir que la memoria del terrorismo de estado se ha convertido en hegemónica desde el año 2003, con los Presidentes Kirchner y Fernández de Kirchner, también hemos visto cómo otras memorias no han desaparecido por completo y siguen latentes adentro de la sociedad (Salvi 2011).

En su recensión, la profesora Pérez González reflexiona sobre el papel desempeñado por el derecho internacional en las sociedades que enfrentan procesos de justicia transicional y se esfuerzan por entender y afrontar brutalidad y atrocidades sin precedentes. Pérez González recalca cómo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha asumido la función “de guiar al Estado en la tarea de consolidar una paz justa y duradera tras un conflicto armado o la experiencia de un conflicto armado.” La profesora menciona también la creación, en 2011, de un Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el papel de presiones regionales e internacionales, y el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman c. Uruguay de febrero de 2011.

El conocido abogado argentino Carlos S. Nino que participó de primera mano en el diseño y la ejecución de políticas para responder al horror de la desaparición sistemática de personas en la Argentina se preguntaba cómo las sociedades podrían responder a “delitos contra la dignidad humana tan generalizados, persistentes, y organizados que empujan la moral y la ética a sus límites?” (Nino, 1996: vii).[1] En este contexto, especialmente desde la década de 1990, el derecho internacional y el derecho internacional de los derechos humanos han llegado a cumplir un papel importante en guiar a los estados que están tratando de desarrollar y establecer políticas de justicia transicional.

Las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos (OEA) han tenido un papel clave, en particular a la hora de evaluar que los estados cumplan con sus obligaciones de investigar los hechos alrededor de violaciones de los derechos humanos y castigar a los responsables. Ya en los primeros años de la década de 1990, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció jurisprudencia pionera contra el uso indiscriminado de las amnistías generales, llamando a los estados a adoptar medidas eficaces para aclarar las atrocidades, afirmando en el Reporte 28/92 de octubre 1992 que las leyes de amnistías argentinas y los indultos eran “incompatibles con el artículo XVIII (Derecho de Justicia) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” y recomendando “al Gobierno de Argentina la adopción de medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la pasada dictadura militar” (CIDH, 1992).

Esta postura innovadora fue reforzada más aún por la posterior jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en su sentencia en el caso Barrios Altos c. Perú de marzo de 2001, donde se aseveró que las disposiciones de amnistía que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas “son inadmisibles” y “prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos” (CorteIDH 2001, para. 41). La Corte IDH reiteró su jurisprudencia en varios casos posteriores con respecto a países como Chile, Brasil, El Salvador y Uruguay en el ya mencionado  caso Gelman.

En la Argentina, activistas de derechos humanos recurrieron con éxito a la CIDH para generar presión e intentar desbloquear la situación de impunidad que rodeaba los crímenes de la dictadura en los 1990s; por ejemplo, la CIDH negoció en 1999 una solución amistosa en el caso de Carmen Aguiar de Lapacó (12.059) que obligó a la Argentina a reabrir la posibilidad de investigar el destino de los desaparecidos a través de los llamados “juicios por la verdad”. En su sentencia histórica de junio 2005 cuando declaró la invalidez e inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida (leyes 23.492 y 23.521), la Corte Suprema de Argentina sostuvo que esas leyes de amnistía eran “contrarias a normas internacionales” que tenían jerarquía constitucional y se inspiró y tuvo en cuenta los lineamientos fijados por la Corte IDH en Barrios Altos (CELS, 2005: 49).

Como la profesora Pérez González bien subraya en sus comentarios, el caso Gelman es un ejemplo excelente para ilustrar el rol que pueden tener presiones regionales e internacionales en la conformación de procesos de justicia transicional. Antes de debatir sobre el papel desempeñado por la sentencia de febrero de 2011, es importante recordar brevemente cómo el caso Gelman ejercitó un papel fundamental en Uruguay ya en la década de 1990. El poeta argentino Juan Gelman, quien lamentablemente falleció en enero de este año, pasó más de 20 años buscando a su nieto/a desaparecido/a que había nacido a finales de 1976 durante la detención ilegal de su madre –inicialmente detenida en Buenos Aires- y que había sido adoptado/a ilegalmente por la familia de un policía en Montevideo. En 1999, gracias a investigaciones privadas, Gelman pudo establecer que su nieto/a desaparecido/a se encontraba efectivamente en Uruguay y finalmente pudo reencontrarse con ella en febrero de 2000. Este caso cuestionó profundamente el discurso oficial del estado uruguayo que negaba las atrocidades cometidas y expuso públicamente su real alcance (incluyendo el traslado clandestino de mujeres embarazadas y la adopción ilegal de sus hijos) (La República, 29/01/2000). Como resultado del caso Gelman, varios presidentes uruguayos, primero Jorge Battle en el 2000 y luego José Mujica en 2011-2012, que seguían siendo reacios a enfrentar el problema de los crímenes del pasado, no tuvieron más remedio que hacerlo (Lessa, 2014). La explosión del caso Gelman permitió el desarrollo de ulteriores averiguaciones sobre el pasado en Uruguay, incluyendo la identificación en 2002 de otro niño que había desaparecido en 1976, Simón Riquelo, e investigaciones sobre los traslados ilegales de ciudadanos uruguayos que se pensaba habían desaparecido en Buenos Aires cuando en realidad habían sido secuestrados por las fuerzas armadas uruguayas e ilegalmente devueltos al Uruguay, lugar donde habían sido desaparecidos en última instancia.

Poco después de reunirse con su nieta, Juan y Macarena Gelman iniciaron acciones judiciales para averiguar el destino de la madre de Macarena. Sin embargo, todos estos intentos fracasaron debido a la aplicación sistemática de la ley de amnistía uruguaya, la Ley de Caducidad (Peralta, 2011). Por lo tanto, los Gelman recurrieron al sistema interamericano que en febrero de 2011 condenó a Uruguay por la falta de investigación en el caso y en particular declaró que la Ley de Caducidad carecía “de efectos” por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, por obstruir la investigación y la eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos en el caso y en todos los otros casos similares de abusos de derechos humanos que hubiesen ocurrido en Uruguay (CorteIDH, 2011). La sentencia de la Corte IDH fue utilizada estratégicamente por grupos de activistas de derechos humanos y víctimas para empujar al gobierno uruguayo que se resistía a adoptar medidas eficaces para garantizar que las atrocidades del pasado pudiesen ser investigadas (Burt, Fried Amilivia y Lessa, 2013). En articular, a los activistas les preocupaba a finales de 2011 que los jueces aplicaran un estatuto de limitaciones para archivar cualquier enjuiciamiento de los crímenes de la dictadura. Siendo el primer veredicto contra Uruguay por el alto tribunal de derechos humanos, los activistas lo emplearon efectivamente para generar presión hacia al gobierno que finalmente adoptó la ley 18.831 de octubre de 2011, que permitiría a los jueces seguir investigando y pondría a Uruguay en una posición de conformidad con la Corte IDH porque dicha ley invalidó la Ley de Caducidad.

En este caso, la sentencia y la presión de la Corte IDH fueron manejadas estratégicamente por los activistas para impulsar el gobierno en direcciones específicas y llevar a cabo políticas en materia de justicia transicional. Todavía el caso Gelman tiene reverberaciones en el Uruguay. De hecho, unos días después de que este libro fuese completado en febrero de 2013, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay dictó una sentencia en la que la tensión entre la jurisprudencia nacional e internacional fue nuevamente expuesta. Cabe mencionar que el poder judicial uruguayo es conocido por ser conservador y por resistirse a adoptar conceptos innovadores, como la aplicabilidad del derecho internacional en el derecho interno, o nuevas interpretaciones por parte de los jueces de las leyes vigentes como la consideración de las desapariciones forzadas como delitos permanentes que rutinariamente se adopta en Argentina y Chile y que aún debe ser incorporado en la jurisprudencia local (Brinks, 2008; Guianze, 2011). El 22 de febrero de 2013, invocando el principio de no-retroactividad de la ley penal (ex post facto), la SCJ declaró los artículos 2 y 3 de la Ley 18.831 inconstitucionales por cuatro votos contra uno. Luego de más de dos décadas de impunidad bajo la Ley de Caducidad de 1986, la Ley 18.831 fue un paso importante para satisfacer las demandas de los sobrevivientes y de los familiares de las víctimas de verdad y justicia. El fallo de la SCJ hizo un uso selectivo de las obligaciones de derechos humanos y enfatiza las garantías de los derechos de los acusados, sin hacer ninguna mención de los ampliamente reconocidos derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y los familiares de las víctimas. El fallo cita oscuros y superados códigos penales de Toscana e Italia de 1853 y 1888 para justificar su postura, y sorprendentemente no hace ninguna mención del derecho internacional y el derecho internacional de los derechos humanos que se ha desarrollado (Burt y Lessa, 2013). Solamente la opinión disidente del Juez Ricardo C. Pérez Manrique, que rechazó la apelación de inconstitucionalidad, cita a provisiones relevantes de derechos humanos a nivel internacional y regional ratificadas por Uruguay para reconocer que los crímenes perpetrados durante la dictadura uruguaya ya ascendieron a crímenes de lesa humanidad en el momento en que fueron cometidos.

El abogado uruguayo Juan Errandonea (2013) define a este fallo como “insólito” e “inexplicable”, subrayando cómo en octubre de 2009 la SCJ había dictado un veredicto histórico, declarando que los artículos uno, tres y cuatro de la Ley de Caducidad eran inconstitucionales y determinando que eran violatorios de la Constitución y de diversos tratados de derechos humanos, citando a varias disposiciones internacionales de derechos humanos y jurisprudencia como Barrios Altos. El giro de 180° de parte de la SCJ junto con el traslado a un tribunal civil de la jueza penal Mariana Mota quien estaba investigando más de 50 casos de crímenes de la dictadura recibió amplia atención de la comunidad internacional y muchas condenas a lo largo de 2013. La Corte IDH elaboró en marzo de 2013 una resolución sobre la supervisión del cumplimiento de la sentencia dictada contra Uruguay en el caso Gelman en la que sostuvo que la sentencia de la SCJ que reafirma la prescripción de delitos de lesa humanidad “no está en consonancia con la evolución del Derecho Interamericano y Universal de Derechos Humanos, ni con la responsabilidad internacional del Estado reconocida por éste y declarada en Sentencia,” y que dicho veredicto constituye un obstáculo para el pleno acatamiento de la Sentencia (CorteIDH, 2013, par. 103). De manera parecida, el Relator Especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, lamentó, en una conferencia de prensa ofrecida tras su primera visita oficial a Uruguay a comienzos de octubre de 2013, el “cambio de rumbo” de la SCJ que a su juicio daña a las víctimas de los crímenes cometidos durante la dictadura. Específicamente subrayó cómo “nada parece amenazar más las posibilidades de progreso en el área de la justicia que decisiones recientes” de la SCJ (OHCHR, 2013).

Si miramos hacia atrás al 2013, este cambio de rumbo ha tenido un impacto rotundo y claro sobre los avances en términos de justica en el Uruguay. Mientras hay 226 investigaciones sobre los crímenes de la dictadura abiertas en los tribunales, solamente el 5% se encuentra en la fase de sumario mientras que el 77% aún está en pre-sumario.[2] Además, el año pasado sólo hubo cinco sentencias; dos archivaron los casos aplicando la sentencia de la SCJ, dos más absolvieron a cuatro acusados y se dio solamente un veredicto condenatorio –aunque con una condena extremadamente ligera por el asesinato de un estudiante en 1973. Comparamos esto con la Argentina, donde en el mismo periodo se completaron 24 juicios penales con 160 personas condenadas. [3]

Resulta evidente que esta tensión entra la SCJ y la Corte IDH, y el derecho nacional uruguayo y el derecho internacional de los derechos humanos va a seguir definiendo las políticas de justicia transicional y los avances en términos de justicia para las víctimas. De la misma manera que los caminos de Argentina y Uruguay siguen aún abiertos y que el pasado reciente de las dictaduras y de sus crímenes va a seguir generando debates tanto a nivel de justicia transicional como de narrativas de la memoria.

Como bien decía el afamado poeta uruguayo Mario Benedetti en un poema que habla de los bebés robados por las dictaduras latinoamericanas, “el cuento no se ha acabado.”

Bibliografía

BRINKS, D.M. (2008), The Judicial Response to Police Killings in Latin America: Inequality and the Rule of Law, Cambridge University Press, Cambridge.

BURT, J.-M., FRIED AMIVILIA, G., LESSA, F. (2013), “Civil Society and the Resurgent Struggle against Impunity in Uruguay (1986–2012)”, International Journal of Transitional Justice, Vol. 7, Núm. 2, pp. 306-327.

BURT, J.-M. y LESSA, F. (2013), Recent Sentence by Uruguayan Supreme Court Obstructs Search for Truth and Justice. WOLA, Disponible en: http://www.wola.org/commentary/recent_sentence_by_uruguayan_supreme_court_obstructs_search_for_truth_and_justice. Revisado el 28 de febrero de 2014.

CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES (2005), Informe Anual 2005, CELS, Buenos Aires.

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (1992), Informe Nº 28/92, Casos 10.147, 10.181, 10.240, 10.262, 10.309 y 10.311. OEA/Ser.L/V/II.83 Doc. 14, CIDH, Washington.

CORTE INTERAMERICA DE DERECHOS HUMANOS (2001), Caso Barrios Altos Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001, Serie C No. 75. Corteidh, San José.

CORTE INTERAMERICA DE DERECHOS HUMANOS (2011), Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011, Serie C No.221, CorteIDH, San José

CORTE INTERAMERICA DE DERECHOS HUMANOS (2013), Caso Gelman Vs. Uruguay. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 20 de marzo de 2013, San José.

EL OBSERVADOR (2012). “Batlle: ‘Los que tienen que pedir perdón son los que armaron el lío’”, 15 de marzo de 2012.

ERRANDONEA, J. (2013), “Se acata pero no se cumple: Algunas reflexiones sobre la sentencia de la suprema corte de justicia”, Vadenuevo, Núm. 55. Disponible en:http://www.vadenuevo.com.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=2878. Revisado el 28 de febrero de 2014.

GUIANZE, M. (2011), “La Ley de Caducidad, las luchas por la justicia y la jurisdicción universal de los derechos humanos en el Uruguay”, en FRIED, G. y LESSA, F. (eds.), Luchas contra la impunidad: Uruguay 1985-2011, Trilce, Montevideo.

LA REPÚPLICA (2000), “Sanguinetti: ‘En Uruguay no desapareció ningún niño’, La República, 29 DE ENERO DE 2000.

LESSA, F. (2014), “Elusive Justice, Changing Memories and the Recent Past of Dictatorship and Violence in Uruguay: An Analysis of the 2012 Public Act in the Gelman case”, International Journal of Conflict and Violence. En prensa.

NINO. C.S. (1996), Radical Evil on Trial, Yale University Press, New Haven and Londres.

OHCHR (2013), Justicia transicional: “Uruguay tiene un capítulo de su pasado reciente aún sin resolver adecuadamente”. Disponible en http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13852&LangID=S. Revisado el 28 ede febrero de 2014.

PERALTA, A. (2011), “El caso Gelman y los desafíos a la Ley de Caducidad”, en FRIED, G. y LESSA, F. (eds.), Luchas contra la impunidad: Uruguay 1985-2011, Trilce, Montevideo.

SALVI, V. (2011), “The Slogan “Complete Memory”: A Reactive (Re)-signification of the Memory of the Disappeared in Argentina”, en LESSA, F. y DRULIOLLE, V. (eds.), The Memory of State Terrorism in the Southern Cone: Argentina, Chile, and Uruguay, Palgrave MacMillan, Nueva York.

  1. [1] Todas las traducciones del inglés al español son de la autora a menos que se indique lo contrario. La autora agradece a Soledad Pache por su ayuda con la edición del texto.
  2. [2] Informacion del Observatorio Luz Ibarburu de seguimiento de las denuncias penales por violaciones a los derechos humanos. Disponible en: http://www.observatorioluzibarburu.org/reportes/. Revisado el 28 de febrero de 2014.
  3. [3] Ver información actualizada al 3 de enero de 2014 http://fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/en-2013-hubo-160-condenas-y-suman-520-condenados-pero-solo-hay-71-casos-firmes/?origen=metarefresh
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